Las primeras conclusiones del Defensor del Pueblo sobre la tragedia de la valla de Melilla del pasado 24 de junio, cuando murieron al menos una veintena de personas durante la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y española, no deja en buen lugar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según el organismo dirigido por Ángel Gabilondo, que supone la primera investigación independiente sobre el caso, hubo al menos 470 devoluciones en caliente de potenciales solicitantes de asilo en lugar de los poco más de cien rechazos en frontera que Marlaska ha defendido en sus intervenciones en sede parlamentaria.

Pero el Defensor del Pueblo va aún más allá al señalar que esta devoluciones fueron ilegales, ya que no tuvieron en cuenta las garantías legales nacionales e internacionales. 

 

En un comunicado, la institución avanza los primeros resultados de una investigación que está realizando tras analizar el material facilitado por Interior y el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, y concluye que ese día se registró «una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos».

El 24 de junio de 2022 ha pasado a la historia reciente de la política migratoria española como la mayor tragedia registrada en los perímetros fronterizos españoles. Ese día, varios grupos de personas migrantes que sumaban alrededor de un millar, la mayoría procedentes de Sudán, intentaron superar la valla fronteriza de Melilla en el punto del Barrio Chino, un antiguo paso fronterizo en desuso desde 2020, el punto más débil de vallado. Unos 500 llegaron hasta la valla, algunos trataron de saltarla y otro grupo logró forzar las puertas de acceso mediante el uso de una radial, resumió el ministro del Interior en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Hubo duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes contra unos migrantes que llevaban días siendo hostigados y perseguidos por los gendarmes en los bosques de Nador cercanos a la ciudad autónoma. El resultado fue una masacre, según diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, con una saldo de 23 fallecidos según Marruecos, aunque otras organizaciones hablan de varias decenas más.

Una gran cantidad de personas, alrededor de una millar, según Marruecos, fueron subidas a la fuerza en autobuses; muchas después haber cruzado la valla y haber sido devueltas automáticamente por la Guardia Civil al otro lado de la verja. Fueron alejadas forzosamente de Nador a ciudades y pueblos ubicados al sur del país. Más de 130 lograron cruzar y llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI), algunos con heridas de consideración. Todas sus solicitudes de asilo han sido recibidas y se están analizando, según Interior.

Recuerda el Defensor que el Tribunal Constitucional ha establecido que el rechazo en frontera, como Interior denomina estas devoluciones, ha de contemplar entradas individualizadas con «pleno control judicial» y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió, tal y como denunciaron varias de las personas devueltas que Público entrevistó en Casablanca, a donde fueron trasladadas en autobuses por Marruecos horas después de la tragedia.

Pide más imágenes a Interior

La investigación del Defensor del Pueblo sigue en marcha. De hecho, el organismo ha solicitado al departamento de Marlaska más imágenes de lo sucedido en el perímetro fronterizo «que podrían ayudar a aclarar algunos extremos», por lo que da a entender que Interior no ha facilitado toda la documentación que se le ha requerido.

Estas conclusiones ya han sido remitidas también a la Fiscalía General del Estado, que tiene en marcha otra investigación sobre los hechos, recuerda el Defensor del Pueblo. También le ha hecho llegar el testimonio y parte de lesiones de uno de los migrantes que logró llegar al CETI de Melilla por técnicos de la institución.

«Dentro de la más estricta legalidad»

El Ministerio del Interior, por su parte, ha respondido al Defensor del Pueblo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron «dentro de las más estricta legalidad».

Interior ha mostrado su respeto al Defensor del Pueblo tras sus conclusiones de «carácter provisional», señalando asimismo a otras investigaciones en marcha.

«Todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad», apunta Interior. Los datos de la Guardia Civil, además, rebajan de 470 a 101 la cifra de los rechazos en frontera, según precisan en fuentes del cuerpo.

Los ‘desmentidos’ de Grande-Marlaska

Grande-Marlaska defendió hace varias semanas la actuación policial en una comparecencia en el Congreso en la que lo negó todo. «No hubo masacre en suelo español», no hubo devoluciones en caliente de posibles refugiados, sino «rechazos en frontera» legales, los agentes marroquíes no actuaron en España y la Guardia civil actuó correctamente.

No es la primera vez que el titular de Interior echa mano de un ‘desmentido’. Ya a finales de junio, apenas cinco días después de la tragedia, el ministro negaba que agentes de la gendarmería marroquí actuaran en suelo español en la masacre, tal y como había denunciado en exclusiva Público.

Las imágenes publicadas no dejaban margen a la duda; un grupo de gendarmes marroquíes golpeaban en suelo español a personas que ya habían cruzado el vallado de forma completa. En algunas de estas imágenes se ve incluso cómo los agentes interceptan a algunas de estas personas y las llevan de vuelta al lado marroquí desde suelo español.