En su informe anual, la institución ha constatado «significativas carencias en la asistencia social, jurídica y cultural» en los Centros de Internamiento de Extranjeros
El Defensor reclama dotar «de manera urgente» a todos los CIE de «mobiliario suficiente en la zona de ocio» y recuerda que se debe garantizar el derecho de los internos a recibir visitas de ONG
Asimismo, hace especial mención al encierro de medio millar de migrantes en la cárcel de Archidona y asegura que sigue investigando la muerte del interno Mohamed Bouderbala
ÍÑIGO ADURIZ. ELDIARIO.ES.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha constatado «significativas carencias en la asistencia social, jurídica y cultural» en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España y considera necesario «abordar una profunda reforma integral de estos servicios» dentro de las instalaciones.
Según consta en el Informe Anual de 2017 que Fernández Marugán ha entregado este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el Defensor del Pueblo exige, por ejemplo, establecer unas «directrices comunes» para la gestión de la ayuda social, jurídica y cultural, coordinada desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, «sin perjuicio de la competencia atribuida reglamentariamente a las plantillas policiales donde se encuentran los centros».
La institución ha llegado a estas conclusiones tras visitar de oficio algunos de estos centros y se ha percatado de «grandes diferencias de funcionamiento y organización» de estos CIE, dice, «sin que la competencia de gestión y coordinación» de la comisaría «se haya reflejado hasta la fecha en la unidad de criterio que sería deseable».
Además, el Defensor reclama dotar «de manera urgente» a todos los CIE de «mobiliario suficiente en la zona de ocio, que incluya el necesario mobiliario para el descanso, así como con un receptor de televisión, y también con prensa diaria, biblioteca, juegos de mesa u otros elementos recreativos». La dotación de este material «deberá ir acompañada de la correspondiente partida presupuestaria para su mantenimiento y reposición en caso necesario», señala el informe.
Fernández Marugán pide, asimismo, «revisar los términos de la subvención pública por la que se externalizan los servicios de asistencia social y cultural de los centros de internamiento de extranjeros» a la vista de las «significativas carencias» detectadas en las visitas realizadas por el Defensor del Pueblo. Y propone «elaborar a la mayor brevedad en cada centro», los proyectos de actuación que, según el reglamento, «han de ser elaborados por trabajadores sociales y aprobados en junta de coordinación».
En referencia al régimen de aislamiento de los internos, el informe también plantea dictar instrucciones para que en cada centro «se haga efectivo el derecho de los internos a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y de estas a visitar los centros y a entrevistarse con los internos» y recuerda expresamente a los directores de los centros que «las limitaciones al ejercicio de estos derechos habrán de estar suficientemente fundamentadas».
En aras de garantizar la asistencia letrada de los migrantes, Fernández Marugán también plantea promover la firma de convenios con los colegios de abogados para la prestación de un servicio de orientación jurídica en aquellos centros de internamiento en los que aún no se presta este servicio.
Aunque aún no dispone de conclusiones –se harán públicas en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura–, el Defensor del Pueblo mantuvo varias reuniones con asociaciones, administración, académicos, jueces de control de internamiento y fiscales de extranjería durante el mes de octubre de 2017 para conocer las opiniones de estas personas sobre las denuncias de malos tratos y torturas en los CIE realizadas en los últimos meses.
Las ONG especializadas en derechos humanos han exigido el cierre de estos centros y han denunciado sus condiciones en reiteradas ocasiones. Los CIE son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular, lo que constituye una falta administrativa, no un delito. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.
Mención al encierro en la cárcel de Archidona
El informe hace especial mención a la polémica que suscitó el hecho de que el año pasado más de medio millar de hombres de origen argelino que llegaron a las costas de Murcia fueran encerrados durante semanas en el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) en funciones de «CIE de carácter temporal», según sostuvo el Ministerio del Interior.
El Defensor del Pueblo apunta a que la institución hizo «un seguimiento exhaustivo de este asunto», ya que las instalaciones fueron visitadas en dos ocasiones por miembros de este organismo. Entre otras cosas, censuró la falta de atención medica, que no podían acceder a zonas comunes más allá del patio y que las visitas de sus familiares fueran a través de mamparas y sin garantías de privacidad.
«Tras la primera visita en la que se detectaron numerosas carencias, el Defensor formuló diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía para que las personas allí internadas gozaran de los mismos derechos y garantías que en un CIE». La institución asegura, además, que mantiene abierta una investigación de oficio por el suicidio de un interno, Mohamed Bouderbala, en este centro a finales de diciembre.
Deficiencias en el proceso de asilo
El Defensor del Pueblo se ha detectado «numerosas carencias estructurales» en la gestión de los procedimientos que afectan a un importante número de ciudadanos extranjeros. En opinión de Fernández Marugán, gran parte de las deficiencias detectadas «están provocadas por la ausencia de una política común» de las instituciones sobre la materia.
Por ello, la institución reclama «coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia y la exigencia de una política migratoria que contemple el fenómeno en su totalidad».
El Defensor del Pueblo ha recibido numerosas quejas por deficiencias en el acceso al procedimiento de asilo, en la gestión y tramitación de las solicitudes, así como en el sistema de acogida a solicitantes de asilo y refugiados. En este sentido, Fernández Marugán considera que la situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio, con más de 40.000 nuevas solicitudes de protección internacional presentadas en 2017 y más de 30.000 pendientes de resolver de años anteriores es «insostenible».
Para la institución también es «incomprensible» la demora en la publicación del Reglamento de Asilo «que afecta gravemente a las personas solicitantes de protección internacional en cuestiones tan importantes como la reagrupación familiar».
«Ha llegado el momento de analizar la experiencia acumulada, aprender de los errores cometidos y planificar de una forma ordenada la atención a las personas que seguirán intentando alcanzar Europa a través de las costas españolas», concluye.
