Francisco Fernández Marugán ha reclamado al Ministerio de Justicia abolir estas prácticas de «crueldad intolerable». Dos menores murieron en los centros de Melilla (2017) y de Almería (2019) al ser inmovilizados o esposados
EFE. RTVE.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha exigido este martes la abolición de las sujeciones mecánicas en los centros de menores infractores (CIMI) ya que, ha dicho, «España no puede volver a ver morir a nadie en un lugar de privación de libertad y menos a un menor».
Lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso, donde ha dado cuenta de los informes anuales de 2018 y 2019 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Tras recordar las muertes de dos jóvenes en los CIMI de Melilla -en 2017- y de Almería -en 2019- después de ser sometidos a una sujeción mecánica, el defensor ha explicado que han reclamado al Ministerio de Justicia la abolición de estas prácticas de «una crueldad intolerable».
Desde Justicia, ha añadido Fernández Marugán, le han traslado su preocupación por este asunto y le han informado de la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar para estudiar la reforma de las contenciones mecánicas y que se pueda llevar a cabo en 2021.
Además de dirigirse al Ministerio, el Defensor del Pueblo ha solicitado información a las comunidades autónomas sobre este asunto y ha pedido a la ciudad autónoma de Melilla y a la Junta de Andalucía la suspensión de estas prácticas «mientras se procede a su derogación».
Fernández Marugán ha recordado, no obstante, la reciente decisión del Juzgado de Purchena (Almería) -que investiga la muerte en 2019 del menor en el CIMI Tierras de Oria– de prohibir el uso de contenciones mecánicas en ese centro.
«Lo dije entonces y me mantengo. España no puede volver a ver morir a nadie en lugares de privación de libertad y menos a un menor», ha sostenido el defensor.
Para Fernández Marugán, inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda es «un uso desproporcionado de la fuerza», por lo que ha recomendado buscar otros procedimientos que sean «compatibles con los fines educativos y rehabilitadores» que estos centros tienen para insertar socialmente a los menores.
«Nosotros seguiremos atentos, seguiremos pendientes de que las cosas se hagan con otros procedimientos para que los menores no tengan por qué soportar este tipo de prácticas», ha aseverado.
El defensor ha explicado que en España hay 86 CIMI, 38 de gestión pública y 48 gestionados por entidades colaboradores y ha dicho que donde más centros existen es en Andalucía, que cuenta con 15, sólo uno de ellos a cargo de la administración pública.
Ha insistido en que este tipo de establecimientos «no son centros de castigo, sino de rehabilitación» y que el tratamiento educativo que deben recibir los menores -muchos de ellos con un «origen social complicado»- tiene que ser especializado.
«Así deben serlo si queremos que a la salida de este tiempo de estancia, los ciudadanos tengan una vida responsable», ha opinado Fernández Marugán, que ha abogado por una educación adecuada a los jóvenes en un ámbito «que corrija los iniciales comportamientos delincuenciales».
