La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid señala que no sería su competencia al tratarse de espacio público
LUCÍA FRANCO. EL PAÍS.- El Defensor del Pueblo ha pedido este lunes al Ministerio del Interior que garantice la integridad física y la libre circulación de las mujeres que acuden a abortar y se encuentran a grupos antiabortistas. Estos, como ha contado este domingo EL PAÍS, las presionan para intentar impedir que estas mujeres sigan adelante con su decisión en las puertas de las clínicas y a las que llegan a llamar «asesinas». Pese a tratarse en algunos casos de mujeres que son derivadas a estas clínicas privadas desde el sistema público, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han indicado que desde el Ejecutivo regional no pueden hacer nada al respecto porque la entrada de la clínica es parte del espacio público.
El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Dirección General de Policía, dependiente de Interior, que garantice la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Su postura se alinea con lo que en repetidas ocasiones ha denunciado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que desde hace años refiere episodios de este tipo a las autoridades. Así se especifica en la recomendación enviada a la Dirección General de Policía, en la que exige «medidas preventivas en el marco de las competencias policiales que no perjudiquen los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos».
Esta petición se suma a la que formuló el propio Defensor del Pueblo el año pasado tras recibir las quejas de ACAI. Esta organización denunciaba el acoso al que se ven sometidas las mujeres que acuden a este tipo de centros y documentaba numerosos casos de hostigamiento en toda España. Muchos de ellos, especificaron en su informe, se concentraron en los alrededores de la clínica Dator, en Madrid, en el que fue el primer centro privado con permiso para realizar interrupciones del embarazo en España.
Por su parte, el Defensor valora positivamente este planteamiento, pues permite el ejercicio en el espacio público de todos los derechos fundamentales en juego, igualmente atendibles.
Desde la Plataforma Pro-Derechos han celebrado el interés que ha mostrado por su parte el Defensor del Pueblo. “Conocemos las limitaciones que tiene la propia institución, pero lo solicitado por la plataforma no es solo zonas de seguridad, ese es un mínimo. Siempre hemos trasladado un cambio de legislación”, afirma la portavoz, Sonia Lamas. “Deseamos que esta institución inste a los grupos políticos parlamentarios a legislar para que se termine con la vulneración del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que tiene las mujeres”, dice Lamas.
Desde la plataforma han pedido la creación de un tipo penal específico para abordar este tipo de situaciones, tal y como sucede en Francia desde 2017. El acoso sigue sucediendo en la puerta de las clínicas todas las semanas. Según cálculos de ACAI, 8.000 mujeres han tenido que sufrir en España situaciones de acoso desde que en 2010 que se aprobó la ley de plazos.
Hace tres años, Bea Marciel, que ahora tiene 43, tuvo que interrumpir su embarazo porque su hijo venia con una malformación. “Esa gentuza no sabe el daño que hace”. “Aparcamos a la puerta de la clínica, un sábado a las 9.00. Allí estaban unas viejas con unos folletos en la mano que me abordaron y empezaron a acosarme”, recuerda. Venía chorreando liquido amniótico y no les importó. “Esa gente nunca está a la puerta de Sanidad exigiendo mejorar las ayudas a la dependencia, ni cuidando de manera altruista a familias desbordadas, pero sí en las puertas de las clínicas”, dice Marciel.
Por ello, y a la vista de la reiteración de este tipo de incidentes, El Defensor del Pueblo reclama a la Administración un tratamiento global y preventivo que garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales concurrentes, sea cual sea la posición de los ciudadanos en una sociedad real y constitucionalmente pluralista.
En la Comunidad de Madrid abortaron 18.914 mujeres en 2018, último dato disponible, según el Ministerio de Sanidad, lo que supone un descenso del 9,7%. A la angustia, la incertidumbre y la preocupación que genera tomar una decisión así muchas añadieron, además, el tener que soportar la presión de quienes quieren tomar esa decisión por ellas.
