El País/María Martín.- La institución ha cerrado la investigación sobre el pasado 24 de junio con diferente criterio al defendido por el Ministerio del Interior
El Defensor del Pueblo ha cerrado su investigación sobre la tragedia de Melilla y ha concluido que las 480 devoluciones que se hicieron aquel 24 de junio fueron ilegales. La conclusión del Defensor es contraria al criterio del Ministerio del Interior, que siempre ha defendido la legalidad de los retornos, y al de la Fiscalía, que respaldó la actuación de los agentes españoles en las devoluciones.
Las devoluciones en caliente realizadas aquella jornada, en la que murieron al menos 23 personas, fueron una de las cuestiones clave a la hora de analizar cómo la Guardia Civil gestionó el intento de entrada de cientos de migrantes y refugiados a través del puesto fronterizo de Barrio Chino. Tras la avalancha mortal que se produjo en el interior del recinto, varios cientos de personas consiguieron entrar en la ciudad autónoma, aunque fueron contenidas y retenidas por los agentes españoles. Finalmente, 480 personas fueron devueltas de forma exprés a Marruecos, donde las fuerzas de seguridad marroquíes las golpearon brutalmente, según los vídeos que se divulgaron y el testimonio de decenas de supervivientes.
¿Fueron legales aquellos retornos forzosos?
Desde el principio, el defensor, Ángel Gabilondo, mantuvo que no se ajustaron a la legalidad y recomendó que se elaborase con urgencia un reglamento para que las devoluciones tuviesen pleno control judicial y cumpliesen con las obligaciones internacionales suscritas por España. El Ministerio del Interior, sin embargo, no aceptó ninguna de las recomendaciones del Defensor durante los meses que se prolongó la comunicación entre ambos y defendió hasta el final que las devoluciones se ajustaron a la ley.
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido la legalidad de estos rechazos en frontera, el Tribunal Constitucional (y el derecho internacional) impone ciertos límites para ejecutarlos. Entre otras cuestiones, debe tenerse en cuenta la vulnerabilidad de la persona que va a ser devuelta, garantizando especial protección a menores, mujeres y personas enfermas o de edad avanzada. A juicio de la Guardia Civil, aquel día los agentes se preocuparon de no devolver a perfiles vulnerables. A juicio del Defensor, el dispositivo del 24 de junio (y los que se desplieguen ante cualquier otro salto de la valla), “no permite detectar a menores de edad, con necesidades de protección internacional, o a personas con discapacidad”, según se lee en el informe anual de la institución presentado este lunes.
Entre los devueltos, de hecho, había menores de edad, según reveló una investigación de EL PAÍS junto a Lighthouse Reports. Los vídeos grabados aquel día y los testimonios de los supervivientes muestran también cómo se devolvió a gente semiinconsciente y herida, que se desplomaba en el suelo, según eran entregados a los marroquíes.
Además de las condiciones en las que se realizaron, el número de devoluciones ejecutadas también fue motivo de controversia. El primer informe del Defensor sobre la tragedia, que se hizo público en octubre, reveló que los agentes devolvieron a Marruecos de forma exprés a 480 personas. Era una cifra nueva, ya que, hasta entonces, Interior solo había reconocido un centenar. Aunque el número que publicó Defensor era información facilitada por la propia Secretaría de Estado de Seguridad, el departamento de Grande-Marlaska rechazó durante semanas la veracidad de la cifra. Finalmente, hasta la Fiscalía, que archivó la causa, tomó en cuenta el casi medio millar de devoluciones.
Quien sí ha aceptado las recomendaciones del Defensor ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores. En su recomendación, el Defensor pedía a Exteriores que se reforzasen “los medios materiales y humanos” de la Embajada y de los consulados en Marruecos, con el fin de “garantizar que los necesitados de protección internacional puedan acceder y tramitar sus visados para solicitar asilo en España, sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada”. Este punto era especialmente relevante porque la mayoría de los involucrados en el intento de entrada del 24 de junio eran sudaneses, personas que España reconocería con cierta facilidad como refugiados si hubiesen tenido la oportunidad de formalizar la solicitud.
