El organismo, que vela por los derechos humanos, insta a España a tomar medidas contra el racismo y la discriminación
JORDI RIBALAYGUE. EL MUNDO.- El Consejo de Europa, que vela por los derechos humanos en el continente, menciona a dos destacados miembros del PP como ejemplos de políticos que han incurrido en la xenofobia en España. Se trata del vicesecretario nacional de política social y sectorial de los populares, Javier Maroto, y el presidente de la formación conservadora en Cataluña, Xavier García Albiol. En un informe que analiza las medidas contra el racismo y la intolerancia en España, el Consejo de Europa recuerda declaraciones de ambos dirigentes cuando su gestión se centraba en la política municipal de las ciudades de las que fueron alcaldes: Maroto en Vitoria y Albiol en Badalona.
Sobre el dirigente popular catalán, el estamento con sede en Estrasburgo rememora sus afirmaciones con las que se «asociaron abiertamente a los migrantes rumanos y gitanos con la delincuencia». Un año antes de convertirse en alcalde de Badalona en 2011, Albiol repartió panfletos con el sello del PP en los que aparecía una pancarta con el lema «No queremos rumanos» y llegó a tildar de «plaga» a los romaníes procedentes del este de Europa. Tras varios vaivenes judiciales, el político fue juzgado, ya siendo el máximo responsable del Ayuntamiento, por supuesta incitación al odio y discriminación racial. El juez lo absolvió en 2013 basándose en la libertad de expresión.
El Consejo de Europa también resalta que Albiol «vinculó la pobreza, el desempleo y la falta de seguridad con la llegada de migrantes y el terrorismo islámico». El organismo internacional considera que la población musulmana en Cataluña «sigue siendo víctima de xenofobia», una discriminación que ve impulsada por Albiol «y por otros políticos racistas», a la vez que apunta que las investigaciones de Fiscalía por presunta islamofobia se han incrementado. En ese sentido, recrimina «la retórica islamofóbica» durante la campaña de las elecciones municipales de 2015 «de los políticos de diferentes grupos que prometían, entre otras cosas, el cierre de mezquitas». Según el mismo estudio, «condujo a la publicación de comentarios sobre la posibilidad de gasear a los musulmanes y referencias a las duchas de los campos de concentración nazis».
Al conocerse el dictamen, Guanyem Badalona en Comú -formación a la que pertenece la actual alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, y que integra a CUP y Podemos- ha exigido la «dimisión inmediata» de Albiol como concejal del Ayuntamiento.
Tras Albiol, el dictamen se refiere a Maroto, de quien dice que actuó «de manera análoga» al ex alcalde de Badalona. Recalca que, siendo el primer edil de Vitoria, «declaró en una emisora de radio en 2014 que los argelinos y marroquíes se registraban como residentes en la ciudad con el único fin de reivindicar prestaciones sociales». Ante hechos de ese tipo, el estudio insta en su capítulo de recomendaciones a España a «penalizar toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo público».
El Consejo de Europa advierte que los comentarios de políticos contra inmigrantes y gitanos impulsan «los sentimientos xenófobos y racistas». Por los datos que ha recabado, los delitos por odio aumentaron de 1.172 en 2013 a 1.328 en 2015, aunque percibe insuficiencias e incoherencias en los registros policiales. Por ejemplo, cuantifica a partir de otro trabajo que sólo se denunciaron el 18% de los episodios de islamofobia.
El informe añade que los discursos abiertamente xenófobos no predominan en España y que la extrema derecha no dispone de representación en las instituciones. No obstante, subraya que la xenófoba Plataforma per Catalunya logró 67 concejales en 40 municipios en los comicios 2011 (se quedó con sólo ocho representantes tras los de 2015) y que las investigaciones contra grupos ultras se elevaron de 11 a 39 entre 2009 y 2012.
Pese a apreciar «avances» en la integración y el respeto hacia distintos colectivos, el Consejo de Europa manifiesta su «preocupación» por ciertos aspectos, a la vez que atisba que perviven «prejuicios» en España sobre musulmanes, gitanos y homosexuales. En ese sentido, exhorta al Gobierno a adoptar una ley contra la discriminación, un consejo que el informe alerta que se ha desoído en ocasiones anteriores, y crear un organismo de promoción de la igualdad y contra la exclusión racial que sea independiente.
A su vez, observa que se ha ralentizado la estrategia de lucha contra el racismo, lo que atribuye a los recortes presupuestarios durante la crisis económica. También pide medidas para prevenir y frenar la incitación al odio a través de medios de comunicación e internet, donde avisa que ha crecido.
El Consejo de Europa también aboga por promover actividades que ayuden a menores de origen extranjero a finalizar los estudios obligatorios y para incorporar al mercado de trabajo a inmigrantes con dificultades para acceder a él. Al mismo tiempo, exhorta a España a aumentar «rápidamente» el número de menores gitanos que completan la educación secundaria y fomentar el respeto hacia los jóvenes de la comunidad LGTB, en especial en las escuelas.
