JUAN ANDRÉS TENO. 20 MINUTOS.- En Europa, las familias homoparentales están discriminadas, tanto las madres y padres como sus hijas o hijos. Existe discriminación legal en cuestiones relacionadas con la residencia, ciudadanía, reunión familiar, atención médica, propiedad, herencia, patria potestad de los menores, adopción, reconocimiento de los menores y acceso a las técnicas de reproducción asistida. Además, es real la discriminación en el reconocimiento registral de padres y madres trans y en cuando la parentalidad la ejercen personas no binarias. Así de contundente se ha mostrado el Consejo de Europa en la resolución aprobada el pasado 10 de octubre. Viva privada y familiar: logar la igualdad sin importar la orientación sexual es el nombre de este documento que pone de relieve que toda la ciudadanía europea tiene los mismo derechos en temas de familia, salvo cuando se tiene una orientación sexual no heterosexual o una identidad de género no cisexual.
Impulsada por el diputado sueco Jonas Gunnarsson, esta resolución se basa en un informe de 68 puntos que analiza las legislaciones LGTBfóbicas de los 47 estados que conforman el Consejo de Europa, puestas de manifiesto a través de distintos fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de los últimos años, que dan un solución legal a diferentes casos planteados por la ciudadanía europea. Es importante asimilar que este tribunal es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa.
Por lo tanto, se nos está transmitiendo que los derechos humanos de las personas LGTBI y de sus hijas e hijos se siguen vulnerando en la Europa occidental, continente que presume de ser el origen de la civilización occidental y madre de todas las libertades.
El punto 48 del informe elaborado por Gunnarsson es muy significativo, ya que hace referencia a la intervención de un adolescente en la Conferencia sobre Homoparentalidad celebrada el pasado mes de marzo en Copenhague, donde ofreció un “testimonio personal poderoso y edificante de su experiencia positiva de crecido en una familia homoparental”.
Aquel adolescente es Gabriel Santos, hijo de Jesus y David, el primero de ellos presidente fundador de GALEHI, la entidad pionera estatal de familias homoparentales española. No debe ser fácil para un joven de 15 años hablar delante de parlamentarios de toda Europa, y es un orgullo para alguien de este país que sus palabras hayan inspirado una resolución europea. Juventud como esta es de la que este país debe sentirse orgulloso, una juventud que es silenciada y que no encuentra nunca un hueco en las agendas públicas y en los medios de comunicación. Algún día se reconocerá que las hijas e hijos de familias LGTB son punta de lanza en igualdad y diversidad en la sociedad, y que en su vida hacen activismo LGTBI desde antes de aprender a andar y a hablar.
Es sonrojante que esta medida no haya sido aprobada por unanimidad. Representantes políticos de Italia, Azerbayán, Irlanda, Alemania, Albania, Croacia, Turquía, Lituania, Liechtenstein, Suecia, Hungría, Moldavia, Suiza y Georgia se han puesto de lado y han dejado que sus ideologías en contra de los derechos humanos se estampen en un documento oficial del Consejo de Europa. La LGTBIfófica campa a sus anchas por todos los países de la vieja Europa y parece ser que no es preocupante para gobiernos locales o continentales. A las posturas de extrema derecha, actores tradicionales de la sinrazón excluyente, se están uniendo los populismos de diferente color y las corrientes antieuropeistas.
El informe consta de 68 puntos que, uno tras de otro, ponen en duda el respeto a los derechos humanos articulados por los países europeos en sus ordenamientos jurídicos. Varias semanas después de su aprobación no se ha encontrado reseña alguna en ninguno de los medios de comunicación de este país.
Mal funcionan estos Estados democráticos europeos si las vulneraciones del derecho de las familias a vivir su vida pública y privada en igualdad de condiciones resaltadas no son tenidas en cuenta ni por quienes ostentan el poder ejecutivo, por quienes detentan el poder judicial ni por aquellos que actúan de vigilantes ante la realidad social de la ciudadanía.
Y esto ocurre en un contexto en el que los partidos populistas de ultraderecha siguen tomando posiciones en los diferentes parlamentos nacionales, una ola de ultraconservadurismo que no solo afecta a la población LGTBI y sus familias, sino al resto de minorías sociales, culturales o étnicas.
Se avecinan malos tiempos para la lírica de la diversidad, sobre todo cuando se parte de la estrategia política equivocada de no prestar atención a las posiciones políticas que atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Lo mismo no acaban de ver lo que ha sucedido en las elecciones de Estados Unidos o Brasil. El espectro del odio ya hace tiempo que ha llegado a Europa y se sigue expandiendo, si los partidos políticos que asientan su acción en los principios democráticos siguen mirando hacia otro lado, quizá haya llegado el momento de que las entidades LGTBI europeas salgan del letargo y tomen los espacios públicos y la calle en defensa de aquellas personas a quienes representan.
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