Todos los grupos parlamentarios han apoyado hoy tramitar en el Congreso de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, impulsada por el grupo socialista para la prevención y eliminación de todas las formas de desigualdad, así como para reparar el daño de las víctimas.
EFE.- Todos los grupos parlamentarios han apoyado hoy tramitar en el Congreso de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, impulsada por el grupo socialista para la prevención y eliminación de todas las formas de desigualdad, así como para reparar el daño de las víctimas.
Aunque los grupos han respaldado el proyecto, que el PSOE ha llevado a la Cámara Baja por tercera vez y que se votará el jueves, muchos han anunciado su intención de incluir modificaciones al texto.
«La discriminación humilla a las personas, anula y pisotea sus derechos, sojuzga a quien la padece y envilece a las sociedades que la toleran. Tenemos la oportunidad de dotar al país de un instrumento valiosísimo para prevenir la discriminación, sancionarla cuando corresponda y reparar el daño causado», ha defendido la diputada socialista Ángeles Álvarez.
El texto de la proposición socialista prevé la creación de una autoridad independiente que pueda actuar de oficio contra la discriminación y ejercer acciones judiciales en defensa de la igualdad de trato.
También desarrolla un régimen de sanciones e infracciones, con el objetivo de que tenga un «carácter pedagógico» y sea el instrumento para el «cambio de actitudes».
Álvarez ha sostenido que la Ley pretende ser un «mínimo común normativo del derecho antidiscriminatorio», un instrumento para garantizar la convivencia y la cohesión y para la protección de las víctimas.
«Esta ley es un arma contra los aliados de la intolerancia», ha resumido la diputada socialista parafraseando a Movimiento contra la Intolerancia.
Desde el PP, la diputada María del Carmen Dueñas ha calificado de «necesaria y razonable» una ley que regule de manera global y transversal la lucha contra cualquier tipo de discriminación, aunque ha mostrado su desacuerdo con la creación de una autoridad independiente, ya que esta función podría ser asumida por instituciones ya existentes, como el Defensor del Pueblo.
Asimismo, los populares tratarán de incluir en la legislación la discriminación y las formas de intolerancia que se dan en internet y las redes sociales.
También Ciudadanos estima que el Defensor del Pueblo es un organismo que promueve la igualdad de trato, por lo que ve innecesario la creación de una nueva figura con tal fin.
La diputada de Cs Patricia Reyes ha criticado que el proyecto «pretende ser tan mínimo común denominador que se queda prácticamente en nada» y ha afirmado que «en materia de igualdad es necesario defender lo concreto».
Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Sofía Castañón ha lamentado la «indefinición y ambigüedad» del proyecto, ha solicitado que especifique los grupos discriminados, tenga una perspectiva feminista e interseccional y esté dotada de financiación.
Desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha subrayado que el proyecto debería incluir la discriminación por el ejercicio y las opiniones políticas y ha mostrado sus dudas en cuanto al «controvertido» régimen de sanciones que, a su juicio, deberían dirimirse en los tribunales de justicia y no en un órgano administrativo.
La diputada de ERC Teresa Jordà ha incidido en que en el Estado español «hay discriminación» y que los políticos ni pueden ni deben sustraerse a esa «cruda realidad».
