Los legisladores buscan endurecer a los aficionados que cometan delitos en un estadio o en los alrededores
EL PERIÓDICO.- La Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley para endurecer las penas contra los ultras del fútbol, junto a otras medidas como la creación de una base de datos unificada sobre este tipo de delitos, para evitar que se repitan actos vandálicos como los que sucedieron durante la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.
El proyecto general del Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos, aún a falta de la redacción del articulado, ha sido aprobado por 201 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. La iniciativa convierte en delitos, castigados con una pena mayor, hechos que hasta ahora eran considerados contravenciones (faltas).
Las penas aumentan
El proyecto de ley establece penas de 6 meses a 2 años de prisión para los aficionados que tengan en su poder objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar o agredir.
Asimismo, la pena asciende de 2 a 6 años de prisión para el que aquel que intente introducir armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización en un estadio de fútbol argentino, en los que desde hace años no se acepta público visitante por los violencia entre aficionados, que dejaron varias muertes.
También la venta de entradas falsas tendrá una pena de 6 meses a 2 años de cárcel, mientras que se dispone prisión de 2 a 8 años si el delito fuese cometido por un organizador, protagonista o integrante de un grupo. Además, se fijan agravantes cuanto intervengan en los delitos dirigentes de los equipos.
Prevención de la violencia
También se han incorporado artículos relativos a la prevención de la violencia en el fútbol y se ha creado una base de datos unificada sobre antecedentes deportivos un Consejo Federal de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.
El proyecto ya fue enviado por el Gobierno al Congreso hace dos años, pero el amplio consenso alcanzado en esta ocasión, fue impulsado tras los disturbios en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores del pasado 24 de noviembre, en los aledaños del estadio Monumental de River Plate de Buenos Aires.
Ese día, varios jugadores de Boca Juniors quedaron heridos por el lanzamiento de piedras y otros objetos por parte de ultras de su equipo rival, lo que derivó en la suspensión del partido antes de su inicio y su traslado al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde se jugó el 9 de diciembre pasado, con victoria de River Plate.
