La Asociación Somos LGTB+ atendió el año pasado en la Comunidad a 47 personas, la mayoría de los casos por agresiones verbales a gais y mujeres trans. Este domingo se celebra el Día contra la Lgtbifobia
M. USÁN. HERALDO DE ARAGÓN.- Hace unos días saltaba a los medios el caso de un policía local de Benidorm (Alicante) que humilló a una mujer transexual con comentarios vejatorios en plena calle. Unos hechos, grabados en vídeo y difundidos a través de las redes sociales, que evidencian la vulnerabilidad del colectivo de gais, lesbianas, trans y bisexuales, que este domingo, 17 de mayo, celebra el Día Internacional contra la Lgtbifobia.
En la Comunidad, la Asociación Somos LGTB+ de Aragón -una ONG activista que trabaja con este colectivo desde hace 10 años- atendió a 47 personas en 2019 por temas de delito de odio; la mayoría por agresiones verbales a gais y mujeres trans (en una franja de edades comprendida entre los 18 y 58 años) en Zaragoza y algún caso puntual en Huesca. Una cifra que representa un aumento respecto a 2018 (con 30 asistencias) y una pequeña parte de lo que realmente ocurre, ya que la asociación estima que solo es un 10% de los casos que se producen.
«Los delitos de odio en Aragón no han bajado sino que se están incrementando y cada vez las violencias son mayores. En alguna ocasión ha sido con agravantes, pero el insulto verbal hace más daño que la agresión física porque es mucho más constante, puede llegar por parte de vecinos y de gente cercana a tu entorno y te hace mucho más mella en tu autoestima», denuncia Juan Diego Ramos, presidente de la Asociación Somos LGTB+.«El insulto verbal hace más daño que la agresión física porque es mucho más constante, puede llegar de gente cercana a tu entorno y te hace más mella en tu autoestima»
Juan Diego subraya que las violencias son violencias «vengan como vengan». «Sean por que vas a la administración o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no te hagan caso por tu orientación o identidad sexual o el Estado no te dé una garantía sanitaria o te ponga trabas para las tramitaciones de solicitud de asilo a víctimas de lgtbifobias en sus respectivos países», señala. En este punto, reivindica que se implementen las leyes aragonesas 4/2018 y 18/2018, trans y Lgtbi, respectivamente. «Que se doten de una partida presupuestaria desde el Gobierno autonómico, que es lo que nos está faltando. Hay Lgtbifobia pública e institucional; cuando este tipo de leyes no se ponen en marcha lo que provocan es mucha más vulnerabilidad en la población», añade.
Auge de la ultraderecha
Asimismo, el presidente de la Asociación Somos -que incluye todo tipo de identidades, de ahí el signo de +- afirma que con el auge de la ultraderecha está aumentado la fobia contra este colectivo. «Hemos tenido que acudir a zonas de bares de ambiente de Zaragoza porque una cuadrilla de chavales se ha plantado allí para insultar a la gente y buscando pelea. Hacía bastantes años que no ocurría», cuenta Juan Diego, para quien se les está poniendo en el punto de mira. «Cuestiones que pensábamos que estaban asentadas en la sociedad están volviendo a cuestionarse: como el matrimonio igualitario o el poder dar educación afectivo-sexual dento de las aulas», dice.
Cuando las víctimas de violencia acuden a la asociación, esta les hace un acompañamiento emocional y también, si procede, les animan a que presenten las correspondientes denuncias, entre otros muchos servicios que presta. «En muchas ocasiones esas denuncias pueden tener muy poco recorrido y en otras las personas no se atreven a denunciar porque la homofobia está tan interiorizada y el sentimiento de culpa es tan grande y el insulto está tan normalizado que en muchas ocasiones la gente piensa que no va a servir para nada«, indica.
Hace 30 años, el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminaba la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y desde entonces se conmemora en todo el mundo el Día contra la Lgtbifobia. Tres décadas después, Juan Diego lamenta que la mujer transexual vejada en Benidorm haya tenido que abandonar la localidad por las amenazas recibidas tras la denuncia presentada.
