EFE. ELDIARIO.ES.- El colectivo LGBTIQ de Guatemala enfrenta problemáticas varias como consecuencia de su orientación sexual, identidad y expresión de género, y entre esos problemas están la «exclusión» y un trato de desigual que los pone en riesgo de sufrir actos de violencia «basados en prejuicios y odio».
El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, alertó este miércoles de la situación de vulnerabilidad que viven las personas de la diversidad sexual en una sociedad «machista y patriarcal» con tradiciones «conservadoras o influenciadas por corrientes religiosas o culturales fundamentalistas».
«Diariamente se ven amenazadas en sus derechos a la vida, a la integridad, al acceso a servicios básicos, como la salud, el trabajo y la educación», por lo que el magistrado de conciencia dijo que es «importante promover» en la sociedad información sobre qué significa diversidad sexual e identidad de género.
La Inspección General de Trabajo (IGT), explica el procurador, sigue sin implementar modificaciones al Sistema de Estadísticas Laborales, por lo que no es posible «identificar denuncias presentadas por personas de la comunidad LGBTIQ», pero tampoco ha orientado al personal para que respeten y no discriminen al colectivo.
Una de las poblaciones cuyos derechos laborales son más violados son las personas trans, a quienes en muchos casos se les veda el acceso a un trabajo porque es «más evidente» su identidad de transgénero que en otras poblaciones LGTBIQ, y en caso de que tengan empleo estos se reducen a «estilistas, trabajadoras sexuales y empleadas de maquila», aunque tengan estudios universitarios.
Según algunos estudios, la comunidad trans en Guatemala está conformada por aproximadamente 15.600 personas que luchan diariamente por la igualdad y entre un 60 y un 78 por ciento de ellas ejercen el trabajo sexual o prostitución como única opción laboral.
Entre las violaciones a derechos humanos más frecuentes a las personas de la diversidad sexual, continúa el documento, se encuentra la negación a la seguridad social y sus servicios al formar pareja, ya que no es reconocida legalmente su unión.
La combinación de falta de documentación de identificación personal acorde a la identidad de género auto percibida y los profundos prejuicios «arraigados» en la sociedad lleva a que el acceso a un trabajo formal y sus prestaciones correspondientes sean casi «inaccesibles de alcanzar por las personas LGBTIQ».
«No existe nada en el marco jurídico nacional, ni políticas ni programas que les permita a las personas LGBTIQ acceder a la seguridad social», denuncia el escrito, en el que también se pone en evidencia los «obstáculos para respetar y garantizar un debido proceso» en casos judiciales vinculados con actos de discriminación y violencia motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas afectadas.
En este sentido, el 85 % de las víctimas LGBTIQ de violencia y discriminación habría interpuesto una denuncia ante agresiones y solo el 26 % habría recibido respuesta por parte de las autoridades.
En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012, el Estado de Guatemala se comprometió a elaborar una política pública para la población LGBTIQ, pero según el ombudsman está «estancada» y durante el año pasado no hubo «ningún avance» y ni siquiera se convocó a las reuniones de la mesa.
