Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil han enviado un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para «proponerle respetuosamente» que este tribunal no interfiera más en sus asuntos internos referentes a violación y reparación de DDHH
HELENA URAN BIDEGAIN. ELDIARIO.ES.- Días atrás, cinco de los países del gran club de la (extrema) derecha de América Latina, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigida a su secretario general Paulo Abrao, para según ellos «proponerle respetuosamente» que este tribunal no interfiera más en los asuntos internos de los países firmantes cuando de violación de DDHH y reparación se trata.
Este club de los cinco mencionan que la CIDH al «momento de decretar medidas de reparación deben guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del Estado de Derecho». Es decir, que el sistema de protección a los Derechos Humanos no puede «sobrepasar» la autonomía de los Estados.
Son varias las sorpresas que resultan de esta solicitud:
1) Si existe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es precisamente porque estos países que se autodenominan como Estados de Derecho no parecen haber salvaguardado en todo momento los Derechos Humanos y libertades de sus ciudadanos como deberían. Este sistema es pues la última esperanza con la que cuentan los ciudadanos. Porque, aunque en muchas ocasiones, los Estados no llegan ni a cumplir con los fallos de la Corte, estas sentencias sí resultan un gran respaldo que empodera a las víctimas en su lucha por la justicia.
2) Los cinco países piden que no se intervenga en asuntos de reparación que tenga que ver con individuos, que ya de por si son vulnerables frente al poder del Estados, pero, sobre reparación a empresas, que en muchas ocasiones realizan reclamaciones poniendo en tela de juicio políticas públicas establecidas en beneficio de los ciudadanos y cuyas reparaciones son cuantiosas, no se hace mención alguna.
3) Estos mismos países que tienen la desfachatez de firmar esta carta critican hoy fuertemente a Venezuela por la violación de DDHH en la que está incurriendo el gobierno de Maduro (algo cierto) y dicen estar muy preocupados por el pueblo venezolano, pero al mismo tiempo desaprueban que un tribunal internacional, ratificado en su momento por ellos mismos y con esta función, les señale o exija reparar a sus propios ciudadanos, cuando son estos Estados los que atentan. Se creen con la autoridad moral para criticar la violación de DDHH del país vecino, pero rechazan que quien realmente tiene la potestad para hacerlo, los juzgue a ellos y montan un club para reducir la independencia y autonomía de los órganos del Sistema Interamericano.
Se dice que cuando un caso llega a la CIDH es porque los recursos judiciales internos del país están agotados, pero, en muchos casos, la realidad es que estos recursos ni siquiera existen, o mejor, no se ponen a disposición de muchas personas a quienes se les niega hasta los más básicos derechos, incluido tener derecho a dichos recursos. Quitarles la esperanza que ofrece la CIDH, como última instancia, es dejar a los ciudadanos aún más desamparados y vulnerables de lo que ya están.
De manera socarrona y cínica, esta carta sigue la misma línea que regímenes como el de Fujimori (1999), o el de Chávez/Maduro (2012) en su postura frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando se sienten incomodados en lo que consideran su derecho natural para, violar, torturar, desparecer y ejecutar, sin rendir cuentas por ellos. Ahí entonces denuncia y deciden retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es imposible entender la
osadía de este ramillete de países con su gran cúmulo de atentados a la
libertad individual y los derechos humanos a cuestas.
Brasil,
de Bolsonaro, con sus afirmaciones abiertamente a favor de la tortura;
Argentina, de Macri, con su persecución política a través del poder
judicial y multitudinarias manifestaciones sociales; Chile, de Piñeras y
su manera de manejar los conflictos con los Mapuches que reivindican
sus derechos a la tierra; Colombia, de Uribe/Duque, con la falta de
control y esclarecimiento a los asesinatos masivos a líderes sociales y
gestores de paz, así como su firme oposición a la Jurisdicción Especial
para la paz; o Paraguay, que no hace nada para proteger a las
comunidades indígenas Yakye axa, Sawhoyamaxa, de terceros que se
apropian de sus tierras ancestrales para plantaciones de Soya, etc.
Que estos cinco pretendan que la Comisión y la Corte Interamericana deje de intervenir y más aún les dé palmaditas por sus grandes esfuerzos en la consolidación del Estado de derecho, reafirma simplemente sus políticas represoras y de impunidad.
