El Promotor de la Acción Disciplinaria investiga desde hace meses en secreto a los jueces de ‘La Manada’ Ricardo González y Raquel Fernandino por retrasos injustificados
ÁNGELA MARTIALAY. EL MUNDO.- El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ricardo Conde ha abierto un expediente disciplinario a dos de los magistrados que formaron parte del primer tribunal que condenó en la primavera de 2018 a los miembros de La Manada por un delito de abuso sexual. Se trata de los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra Ricardo González, autor del polémico voto particular donde aseguró que la violación transcurrió en un «ambiente de jolgorio», y la magistrada Raquel Fernandino.
Según consta en el expediente disciplinario del Consejo, al que ha tenido acceso EL MUNDO, ambos se enfrentan a ser sancionados por el órgano de gobierno de los jueces por desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, retraso reiterado e injustificado e incumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé en sus artículos 417.9, 418.11 y 419.3 que dichos retrasos injustificados pueden ser constitutivos de una falta muy grave, grave o leve cometidas por jueces y magistrados en el ejercicio de sus cargos.
Por su parte, los jueces investigados alegaron que, a raíz de la notificación de la sentencia de La Manada, se vieron inmersos en una «gravísima situación de continua preocupación, estrés y desazón» que afectó a su «ámbito profesional».
Según explica el promotor de la Acción Disciplinaria, el Servicio de Inspección del CGPJ se desplazó los 23 y 24 de enero de 2019 a la Audiencia de Navarra para hacer una visita presencial de la Sección Segunda del citado órgano. El análisis de aquel trabajo de la Inspección, plasmado en un informe sobre la actividad jurisdiccional desempeñada por los jueces Fernandino y González, refleja «retrasos en el dictado de resoluciones en procedimientos que eran de su competencia». El órgano de gobierno de los jueces, que lleva meses investigando a los jueces de La Manada de forma reservada, subraya que ni Ricardo González ni Raquel Fernandino alcanzaron el «rendimiento estándar» que deben cumplir los miembros del Poder Judicial, al tener pendientes de resolver procedimientos «de bastante antigüedad».
«ESTRÉS» Y «DESAZÓN» POR LA MANADA
Tras la incoación de las diligencias informativas, ahora transformadas en expediente disciplinario, el juez Ricardo González remitió un informe al CGPJ donde dejó constancia «de la delicada situación que atravesó la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra desde que se recibió en la misma el procedimiento ordinario número 426/2016 y muy especialmente desde que se hiciera pública la sentencia del mismo (en referencia al caso de La Manada). La reacción social que provocó la referida sentencia determinó una enorme y negativa repercusión sobre los tres magistrados que formamos la Sala y muy especialmente sobre quien informa, determinando que irremediablemente nos viéramos sumidos en una gravísima situación de continua preocupación, estrés y desazón que afectó tanto a nuestro ámbito personal y familiar como al profesional».
«ESTRÉS» SOBREVENIDO
El magistrado fue el autor de un controvertido voto particular a favor de la absolución de El Prenda y sus compañeros de La Manada al apreciar que, en el portal de Pamplona donde transcurrió la violación, lo que hubo fue «un ambiente de jolgorio y regocijo entre todos ellos», incluida la víctima. El ex ministro de Justicia Rafael Catalá sostuvo entonces en una entrevista radiofónica que González tenía un «problema singular»; unas declaraciones que provocaron un duro enfrentamiento entre el CGPJ y el Ejecutivo del Partido Popular en plena indignación social por el fallo adoptado por la Audiencia de Navarra. En ese sentido, el magistrado Ricardo González informó al Promotor de la Acción Disciplinaria que tuvo que hacer frente a múltiples denuncias formuladas por particulares, así como asociaciones y entidades de diversa índole a raíz de la publicación del polémico voto particular. Una situación que, según alega, le causó un «estrés» sobrevenido.
A esta explicación se une la ofrecida por la magistrada Raquel Fernandino, que añadió la siguiente apreciación: «En el momento en el que esta Sección Segunda fue inspeccionada, acabábamos de pasar un año especialmente complicado a raíz de la sentencia dictada en el sumario 426/2016 y la situación a la que nos vimos abocados los tres miembros del tribunal afectó de manera inesperada e inaudita a todos los ámbitos de nuestra vida, tanto personal como social y profesional. Es patente que ello repercutió negativamente en el número de resoluciones de esta Sección».
Desde la Acción Disciplinaria del CGPJ se han calificado los retrasos de ambos magistrados en dictar sentencia como «muy relevantes» y «carentes de la debida justificación» al ser asuntos de la jurisdicción penal de «especial relevancia» por los derechos y libertades que estaban en juego.
