La Vanguardia.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció ante la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) la discriminación que afirma que sufrió una mujer aspirante con discapacidad auditiva que se presentó a unas oposiciones a la Administración de Justicia y fue obligada a quitarse las prótesis auditivas que usaba para hacer el examen.
Así lo expone el Cermi en un escrito dirigido a la Oadis en el que relata unos hechos que tuvieron lugar el pasado 21 de mayo en las pruebas selectivas para puestos de gestión procesal convocadas en el ámbito de la Administración de Justicia. En el escrito, el Cermi detalla la situación que tuvo que vivir la aspirante ese día en el que finalmente tuvo que quitarse las prótesis por no presentar un informe médico o una autorización previa del Tribunal.
El Cermi se hace eco de los argumentos de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), entidad que planteó la denuncia al ser conocedores de la situación para exigir que las personas sordas puedan participar en procesos selectivos de acceso al empleo público en igualdad de condiciones que los demás. En la queja presentada por parte de Fiapas, señala que “exigir a una persona con discapacidad auditiva, que sea usuaria de prótesis auditivas, la retirada de estas supone una flagrante vulneración de sus derechos, dado que las personas sordas que necesitan prótesis auditivas y son usuarias de estas, lo son por prescripción facultativa y utilizan estas prótesis para hacer funcional su capacidad de oír en todas las actividades de su vida diaria”.
Desde el Cermi entienden que con esta medida “se le ha limitado injustificadamente a la aspirante su capacidad de interacción, su acceso a la información, a la comunicación y se le ha privado del derecho a la igualdad de condiciones”.
Por ese motivo, tanto Fiapas como el Cermi consideran “inaceptable e inconcebible” que durante la realización de un aprueba de acceso al empleo público se haga prescindir a una persona con sordera del elemento protésico personal que le permite habilitar uno de sus sentidos y utilizar de una manera funcional su audición.
Además, en el escrito, el Cermi advierte de la afectación emocional que supone para la aspirante el ser expuesta a una situación de mayor vulnerabilidad y reitera la idea de que un producto sanitario de uso personal no puede considerar en ningún caso un “ajuste razonable” ni una “adaptación” como argumentó el Tribunal examinador, que exigió su retirada.
En estos términos, Cermi solicita a la Oadis que abra una investigación sobre las razones por las que la aspirante sorda fue obligada a quitarse las prótesis para hacer el examen en las pruebas selectivas para puestos de gestión procesal convocadas por la Administración de Justicia y sobre “esta flagrante vulneración de los derechos” por no presentar la aspirante un informe médico o una autorización previa del Tribunal.
