Heraldo de Aragón.- Sus mapas y certificados y los del Instituto Geográfico incluyen como propia la parcela de 13.097 metros de Barrio Chino en la que murieron los migrantes subsaharianos.
La Dirección General del Catastro (DGC) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), las dos instituciones del Estado competentes en la delimitación del territorio, sitúan la tragedia de la valla de Melilla desatada el pasado 24 de junio en territorio español. Según los mapas, planos, certificados y lindes de los organismos que dependen de los ministerios de Hacienda y de Transportes a los que ha tenido acceso este periódico, tanto la explanada frente al paso fronterizo del Barrio Chino como el propio vallado azul metálico en el que perdieron la vida entre 23 y 72 subsaharianos -las cifras difieren notablemente según las cuantifiquen las autoridades marroquíes o las ONG- como las avalanchas y altercados registrados en ellos están dentro de los límites nacionales.
Es más, la explanada frente al paso fronterizo está catalogada, denominada y numerada oficialmente por el catastro. Se trata de la parcela número 56101A003000770000RB, polígono 3, parcela 77, en el área de Molares de Melilla. Según Hacienda, esa parcela rústica-agraria que engloba la explanada de la tragedia tiene 13.097 metros cuadrados y está catalogada como «improductiva».
La parcela en sí, siempre de acuerdo a los dato de la DGC y el IGN, se extiende hacia el sur y este desde la misma verja de entrada al paso fronterizo del Barrio Chino durante unos dos kilómetros con una anchura máxima cercana a los 25 metros, siempre por delante del doble vallado que se comenzó a edificar durante el primer Gobierno de José María Aznar y siempre hacia el interior del territorio nacional.
Precisamente, esa anchura máxima de la parcela de territorio español se registra en la explanada de entrada al Barrio Chino, donde de acuerdo con los mapas del IGN habría una distancia cercana a esos 25 metros desde la frontera real española -la que fijan el Catastro y el Instituto Geográfico- y el doble vallado posterior. Siempre según los mapas y certificados de ambos organismos oficiales, incluso la totalidad de las instalaciones fronterizas del Barrio Chino, en cuyos techos se produjeron también caídas y avalanchas, están igualmente en territorio español. Exactamente esas edificaciones se ubican en la parcela 122 del polígono 3 de número catastral 56101A00300122, de 946 metros cuadrados, y que contiene un «edificio singular», las propias instalaciones fronterizas.
En los últimos días, y en vísperas de la intervención este miércoles en el pleno del Congreso del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar información sobre lo ocurrido el 24 de junio, han sido varias las voces, sobre todo de ONG y expertos territoriales, que venían denunciando que la tragedia se había producido en territorio nacional, de acuerdo con las mediciones de herramientas no oficiales como Google Maps. Unas mediciones que, efectivamente, han sido confirmadas por los organismos del Estado, que incluyen esa parcela como parte «indiscutible» del territorio español, hasta el punto que esos 13.097 metros de tierra «improductiva» forman oficialmente de los 12,3 kilómetros cuadrados de Melilla.
Desde 1971
La situación de esta parcela no es algo inusual en Melilla, según han explicado en las últimas horas a este periódico varios técnicos de la ciudad autónoma. Hay otras varias parcelas de territorio español, según las mediciones de la DGC y del IGN, que quedaron fuera de las vallas que se comenzaron a alzar en 1998 para sustituir la rudimentaria alambrada instalada en 1971, la primera barrera que existió en la ciudad; en ese caso, para frenar un brote de cólera en la parte marroquí.
Esas porciones de territorio nacional, a cuya soberanía España no solo nunca ha renunciado sino que sigue inscribiéndolas como suelo español a todos los efectos, en la mayoría de los casos apenas tienen una anchura de dos o tres metros hasta el doble vallado. De hecho, los 25 metros de territorio español de la explanada del Barrio Chino donde se consumó la tragedia son una excepción.
España -explican estas mismas fuentes- decidió construir la doble valla metros hacia dentro de su territorio para tratar de guardar una zona de seguridad (que no ‘tierra de nadie’). Sin embargo, tanto la población como las autoridades marroquíes se han apropiado ‘de facto’ de ese territorio nacional, donde Rabat impone su control, aun sin tener su soberanía.
Que el Catastro y el Instituto Geográfico Nacional reconozcan como parte del territorio nacional el lugar donde murieron todos o muy buena parte de los subsharianos podría tener consecuencias jurídicas. Si se admite que la tragedia tuvo lugar en suelo español, aunque las víctimas o los supuestos víctimarios (fuerzas marroquíes) no sean españoles, la justicia española sería competente para investigar los hechos aunque se demostrara que las fuerzas de seguridad españolas no tuvieron ninguna intervención en los hechos.
Portavoces del Ministerio del Interior, consultados sobre las revelaciones de los mapas oficiales, se han limitado a señalar que «nadie, ni las fuerzas de seguridad del Estado ni las autoridades marroquíes ni la Fiscalía ni el Defensor del Pueblo, tiene la más mínima duda de que los fallecidos lo fueron en territorio marroquí». Indican las mismas fuentes que «está claro que las muertes se produjeron en la zona de actuación de las autoridades marroquíes, en las que no tenían acceso los guardias civiles». En el departamento que dirige Grande-Marlaska aseguran tener la convicción de que pasados procedimientos judiciales provocados por el levantamiento de las vallas confirmarían que la explanada donde se produjo la tragedia no está en territorio español.
