Los activistas dicen que este crimen debe ser interpretado en un contexto de creciente conservadurismo, incluido un plan para aumentar las penas de la sharía
ANA SALVÁ. EL PAÍS.- El asesinato de Sameera Krishman, en la ciudad de Kuantan, al este de Malasia, fue lo suficientemente brutal como para conmocionar al país. El 23 de febrero, la floristera fue atacada repetidamente con un cuchillo y recibió varios disparos un día antes de cumplir 28 años. Su cuerpo fue mutilado. En el momento del ataque, había dos hombres pendientes de juicio por secuestrar, torturar y violar a Krishman en 2015. Oficialmente, la motivación del asesino es desconocida. Pero los defensores de los derechos humanos están convencidos de que hay un aspecto de la vida de Krishman definitivo para su muerte: era una mujer transexual.
Al menos 10 mujeres transexuales han sido asesinadas desde 2007. Los activistas temen que esta tendencia se convierta en algo más común a medida que el conservadurismo gana posiciones en esta sociedad multiétnica y multirreligiosa. Este conservadurismo, explican, encuentra su impulso en la creciente influencia política del islam en el Estado, supuestamente laico, especialmente ahora que se aproximan las elecciones generales y el primer ministro, Najib Razak, está acusado de participar en un escándalo de corrupcióny busca cortejar el voto rural musulmán.
La activista Nisha Ayub, una mujer transexual, se encuentra entre aquellos a quienes la muerte de Krishman les ha tocado la fibra sensible. Ayub fue asaltada hace dos años cuando salía de su casa para ir al trabajo. «Hoy es el día de tu muerte», le advirtió uno de sus atacantes antes de golpearla repetidamente con una barra de hierro. Quizás ella fue afortunada, ya que su madre fue testigo del ataque desde la ventana del domicilio y sus gritos incitaron a huir a los agresores.
Ayub está convencida de que fue atacada por su identidad transexual, pero, como en el caso de la floristera, probarlo será difícil. Dos años después del ataque a Ayub con la barra de hierro aún no se ha producido ningún arresto.
En Malasia no hay estadísticas de crímenes de odio contra la comunidad trans, lamenta Thilaga Sulathireh, investigadora del colectivo Justice for Sisters. La mayoría de ellas se enfrenta a muchas barreras para hablar de los abusos y a menudo «temen o dudan si presentar sus denuncias a la policía debido a la falta de seriedad de las autoridades en el manejo de estos casos”, asegura Sulathireh. El miedo a ser ridiculizadas en los medios también es una constante. Por ejemplo, para referirse a Krishman, la prensa local utilizó el término pondan que significa «hombre vestido de mujer».
Los activistas consultados dicen que la influencia social del islam ha crecido en los últimos años y la mezcla de política y religión ha contribuido a propagar estereotipos negativos de género. Aunque las leyes federales de Malasia son seculares, la Constitución otorga a los distintos Estados la autoridad para definir los delitos y los castigos para los musulmanes en los asuntos que no están cubiertos por la ley federal.
Este sistema paralelo significa que los musulmanes, que representan alrededor del 60% de la población, son juzgados bajo la sharía o ley islámica, según la cual la vestimenta cruzada es ilegal. Los transexuales musulmanes «pueden ser arrestados y procesados simplemente por salir de su casa usando la ropa que creen que refleja su verdadero género», señala Phil Robertson, subdirector para Asia de la organización Human Rights Watch.
La sharía se aplica únicamente a los musulmanes, pero los activistas dicen que sus reglas ayudan a crear una atmósfera que afecta a toda la población transexual. De hecho, incluso el código penal federal, supuestamente secular, se ha utilizado para arrestar a las personas transexuales bajo una vaga disposición que prohíbe la «indecencia pública». En teoría, las personas trans pueden someterse a una cirugía de reasignación de género en el país, pero tras la introducción de una fatua (edicto religioso) con respecto a los cambios de sexo, los cirujanos que ofrecen los procedimientos se han vuelto escasos. Y los transexuales que se operan en el extranjero después no pueden cambiar su sexo en sus documentos de identidad.
En 2014, un sermón de viernes en la mezquita de la principal autoridad islámica de Malasia advirtió de que la confusión de identidad podría «traer el desastre o el castigo de Alá [Dios]». En enero pasado, en otro sermón de viernes se dijo que el «transexualismo» es un fenómeno creciente que la sociedad «no puede permitir que se difunda». Incluso el primer ministro Najib ha calificado a las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) de «enemigos del islam» junto con el liberalismo y el pluralismo.
Los puntos de vista de Najib volvieron a verse en marzo, cuando el Parlamento debatió una enmienda a la ley de la sharía propuesta por el Partido Islámico Pan-Malayo (PAS) de la oposición. Esta ley buscaba relajar los límites de las sentencias en ciertos casos. En la actualidad los tribunales de la sharía imponen penas máximas de tres años de cárcel, multas de hasta 5.000 ringgits (alrededor de 1.060 euros) y seis latigazos. El proyecto de ley, propuesto por el presidente de PAS, Abdul Hadi Awang, busca aumentar estos límites a 30 años, 100.000 ringgits (21 mil euros) y 100 latigazos.
El partido de Najib, la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), lidera la coalición Barisan Nasional, que ha gobernado el país desde la independencia del Reino Unido en 1957. Pero las útimas elecciones entregaron a Barisan Nasional los peores resultados de su historia. Desde entonces, la popularidad personal de Najib ha sido golpeada por un escándalo del fondo de inversión estatal 1MDB. Los investigadores supuestamente localizaron unos 700 millones de dólares conectados a sus cuentas bancarias.
Ahora el mandatario parece estar cortejando a PAS sobre la base de la unidad malayo-musulmana con UMNO, en un intento de dividir a la oposición. El 29 de marzo el Gobierno abandonó el plan propuesto por PAS por la falta de consenso entre los partidos políticos de la coalición. Aparte de UMNO, todos los demás se opusieron. El vicepresidente de PAS, Idris Ahmad, aseguró que su partido seguirá presionando para endurecer la sharía. Admitió que ahora es difícil que se apruebe el proyecto, pero permitirles presentarlo y debatirlo, en su opinión, ha sido un primer paso.
