CNN.- José Lucero está de pie en medio del frío decembrino en Long Island, Nueva York, justo en el sitio en el que siete adolescentes atacaron a su hermano y a otro hombre hispano hace cinco años; los adolescentes se entretenían cazando y golpeando a los latinos.
Su hermano, el inmigrante ecuatoriano Marcelo Lucero, recibió una puñalada letal como parte de un «deporte» al que, según las autoridades, los jóvenes llaman «cacería de frijoleros». Las autoridades lo calificaron como un crimen de odio.
Lucero apunta hacia un trozo de césped, cerca de la estación del ferrocarril de Long Island, en este pueblo costero en el que se desató la confrontación la noche del 8 de noviembre de 2008. En ese lugar, un cuchillo atravesó el pecho de Marcelo; allí está la casa en la que ignoraron sus súplicas de auxilio, la cerca en la que su cuerpo se derrumbó y se desangró hasta morir.
«Para mí es un símbolo», dijo Lucero, de 38 años. «Ese fue el fin de algo, pero fue el principio del cambio. Una persona común, sangrando… se defendió y luchó por lo correcto».
Esta semana se avanzó un paso más en ese cambio cuando los legisladores del condado de Suffolk aprobaron —por 14 votos a favor, cero en contra y cuatro ausencias— un acuerdo en el que se otorgan facultades extraordinarias al Departamento de Justicia para que supervise a la policía de dicho condado. Las autoridades del condado señalaron más tarde que se efectuó otra votación con tres de los legisladores ausentes y que el acuerdo se había aprobado con 17 votos a favor y ninguno en contra.
En el acuerdo se ordenó una investigación federal de la discriminación en la aplicación de las leyes en las comunidades de inmigrantes en Suffolk, uno de los suburbios más grandes del país en el que se ubica el elegante East Hampton. La investigación tiene su origen en el crimen de odio de 2008 que suscitó la indignación internacional y que puso en evidencia un patrón de violencia antiinmigrantes y lo que los líderes de la comunidad calificaron como inacción policial.
En el acuerdo se ordena que se capacite más a la policía, que haya rendición de cuentas y que se entre en contacto con los latinos; que se dé mayor seguimiento a los crímenes de odio y a la discriminación en la policía; que se celebren reuniones frecuentes con los líderes latinos, y que haya más agentes bilingües.
En el acuerdo no se menciona específicamente alguna injusticia ni problemas específicos con el departamento de policía ni con sus políticas, aunque el Departamento de Justicia descubrió en la investigación que la policía propició una atmósfera en la que no se reportan los crímenes de odio y los agentes ignoran cotidianamente los ataques focalizados.
«Los policías que fingieron no haber visto siguen allí», dijo Patrick Young, abogado y director de programa en el Centro para Refugiados Centroamericanos. «El problema real es si podrán reconstruir la cultura de la policía para que la policía no pueda fingir no haber visto algo. Creemos que han hecho un buen trabajo al hacer que la policía rinda cuentas».
Para Joselo Lucero y otras personas, el acuerdo es un pequeño paso para un condado que trata desesperadamente de deshacerse de su reputación de bastión del miedo y el resentimiento contra los inmigrantes.
«No seamos hipócritas», dijo Lucero a CNN. «¿Quiénes eran los policías que no dieron seguimiento a estos crímenes? ¿Por qué habría de creer que esta gente cambiará? No se han dicho nombres en relación con estos encubrimientos».
Luego del asesinato de Marcelo Lucero, docenas de inmigrantes revelaron a las autoridades federales y locales los crímenes de odio de los que han sido víctimas y reportaron a los oficiales que no investigaron, de acuerdo con Foster Maer, litigante sénior del grupo Latino Justice PRLDEF, antes llamado Fondo Puertorriqueño de Defensoría y Educación Legal.
Maer cree que el Departamento de Justicia falló al no investigar estos supuestos crímenes que reportó la comunidad latina de Suffolk en cumplimiento del acuerdo.
