Condenado a muerte por terrorismo, las irregularidades del caso del joven militante anarquista aún hoy suscitan preguntas
ANA PATOR BERMEJO. INFOLIBRE.- Salvador Puig Antich fue un joven anarquista asociado con el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) que fue condenado a muerte por un tribunal militar franquista en un proceso judicial lleno de irregularidades e incógnitas. Su caso fue parte de una estrategia desesperada de la dictadura por mantener la confianza del sector más conservador del régimen y reafirmar su fuerza en un momento extremadamente vulnerable. Así, Antich se convirtió en el último ejecutado por garrote vil de nuestro país el 2 de marzo de 1974.
¿QUÉ PASÓ?
«Así que está jodido, que han dado el enterado. ¿Verdad?». Poco antes de que la información llegara a la prensa, el abogado Oriol Arau recibió una llamada con la noticia fatídica: el Consejo de Ministros había ratificado la condena a muerte de su cliente, Salvador Puig Antich. Comenzaron así doce horas de extremo nerviosismo, trabajando para lograr un indulto que nunca llegaría. Antich, a sus 26 años, estaba destinado a ser el último agarrotado de la dictadura.
Proveniente de familia militante y republicana, Puig Antich estuvo abocado desde joven a la implicación política. Ingresó en el MIL, un grupo anarquista y antifascista que apoyaba al movimiento obrero mediante «expropiaciones» —atracos a bancos— e introducción de libros y prensa internacional prohibidos en el país. Pese a su reducido tamaño e influencia, la organización captó la atención de la policía al herir a un contable en uno de estos atracos.
La Brigada Político-Social franquista se puso sobre su pista para desarticular la organización, y prepararon una emboscada el 25 de septiembre de 1973. Seis policías de paisano los sorprendieron al salir del bar Funicular en el Ensanche barcelonés y se produjo una refriega —primero a golpes, después a tiros— en la que murió el policía Francisco Anguas. Su objetivo era el militante Javier Garriga, que se había citado en el bar con otro miembro del MIL, Santi Soler. Sin embargo, solo consiguieron detener a Puig Antich, que había acudido para acompañar a Garriga y que también resultó gravemente herido de bala.
Tras ser operado de urgencia, Antich ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona el 2 de octubre. Su caso fue juzgado «en un consejo de guerra en el que no quedaron probados en modo alguno los hechos acusatorios» —como lo denomina el libro Historia política de España—, que lo inculpaban de la muerte de Anguas. A esto se le sumaron las acciones llevadas a cabo por el MIL en los meses anteriores, lo que convertía el delito en terrorismo y, por tanto, la condena era la muerte.
El 8 de enero de 1974 se tomó la decisión, y el 1 de marzo fue ratificada por el Ejecutivo. Si había alguna posibilidad de indulto, quedó dinamitada después del asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA el 20 de diciembre de 1973. Su muerte crispó aún más las tensiones del franquismo agonizante y sentenció a Puig Antich, quien, según el testimonio de una de sus hermanas mayores, había tenido esperanza en la amnistía hasta ese momento: «Esto ahora sí que está jodido (…). Estos, además de cargarse a Carrero, lo que han hecho es cargárseme a mí«. Su hermana menor diría años más tarde en una entrevista que Salvador había sido «el chivo expiatorio tras el atentado a Carrero Blanco».
No obstante, algunas fuentes apuntan a que la decisión estaba tomada incluso antes. Según el embajador estadounidense en Madrid, en un documento del 29 de marzo de 1974: «Todo indica que al optar por una ejecución rápida, el Gobierno quería evitar a toda costa la lección del proceso de Burgos de 1970, donde las dudas y las vacilaciones finales que llevaron al indulto preocuparon muy seriamente a los militares, la policía a sus aliados conservadores, que lo vieron como una prueba de debilidad».
En 1974, la dictadura estaba tan vulnerable que no podía permitirse un nuevo embate contra la credibilidad de su autoridad. Según el libro Puig Antich: la transición inacabada, «el Gobierno no tenía dudas, solo calculó el momento para solapar la presión interior y exterior con una clara intencionalidad política: desacreditar a los reformistas, aplacar a la extrema derecha y congraciarse con el Ejército y la Policía».
Efectivamente, el perdón no llegó nunca. El 2 de marzo de 1974 lo mataron mediante garrote vil, uno de los métodos más crueles para ejecutar a un reo. Unas horas antes, un preso polaco llamado Heinz Chez era agarrotado en la prisión de Tarragona, en una estrategia poco sutil para intentar desviar la connotación política de la ejecución de Antich. A ojos del historiador Gutmaro Gómez Bravo, el momento en que se dictó, la falta de pruebas y el instrumento que le dio muerte son signos claros de que su condena fue «una venganza». El garrote vil no desapareció del Código Penal hasta bien entrada la democracia, en 1983.
¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA CRISIS?
El caso del joven anarquista catalán es un ejemplo del sistema judicial corrupto propio de los sistemas dictatoriales. Las irregularidades en la investigación y el juicio se acumulan por decenas y han sido objeto de reclamaciones hasta la actualidad. Gómez Bravo comenta algunas de ellas en una entrevista: el tribunal rechazó las pruebas y los testigos de la defensa, no se realizaron pruebas de balística para averiguar a quién pertenecían las balas que mataron a Anguas, ni había consenso sobre el número de disparos que recibió. «Se trató de un juicio con mínimas garantías», remata el historiador, «Puig Antich sufre indefensión. (…) Nadie en ese momento puede rebatirles a los militares nada».
No es una visión aislada. En 2007 se intentó revisar el caso a petición de la familia y del médico Joaquín Latorre, que vio el cadáver de Anguas y testificó que «presentaba al menos cinco orificios por impacto de bala» y no tres, como se indicaba en la autopsia. El Tribunal Supremo tumbó el proceso, pero quedaron dos votos particulares a favor de la revisión que ratifican la vulneración de derechos que sufrió Antich.
Un artículo de Público rescata uno de ellos, el del magistrado José Luis Cabello: «No fue practicada una prueba tan esencial como la pericial de balística (…). Omisión tan extraña de una prueba tan esencial respondía a un hecho para el que no encuentro explicación asumible». También pone el foco sobre el rechazo de los testigos defensivos, y las irregularidades sobre la autopsia de Anguas, que se realizó en la comisaría en lugar de en la oficina forense.
En último lugar, Cabello resalta un dato inquietante. Alguien modificó el informe de la autopsia con una máquina de escribir diferente para añadir la frase: «Los tres disparos pueden corresponder al mismo tipo de proyectil». El magistrado observa: «Después de haber quedado extendida la diligencia de autopsia, se incorpora una opinión que no corresponde hacer a los médicos forenses, y menos basándose en una observación meramente visual, y que no tiene autor conocido».
A pesar de todo esto, el consejo militar lo declaró culpable de dos delitos de terrorismo; uno por el mencionado atraco a un banco en el que resultó herido un contable y otro «por la muerte de un funcionario público por razones políticas».
Las respuestas reprobatorias de la pena no se hicieron esperar. El 11 de enero de 1973, tres días después de que se dictase sentencia, miembros del MIL lanzaron tres cócteles molotov contra el monumento a los caídos en la avenida Diagonal. El 22 de febrero, el entonces presidente en funciones de la comisión ejecutiva de la Comunidad Económica Europea, Christopher Soames, se reunió con el portavoz europeo del Gobierno, Alberto Ullastres, para pedirle «clemencia» para Antich por razones «humanitarias». Según la escueta nota recogida por La Vanguardia, «el señor Ullastres ha tenido ocasión de proporcionar al señor Soames la información pertinente» sobre el caso. Desde luego, no le daría esperanzas sobre la amnistía.
La petición desde Bruselas se sumó a la del canciller alemán Willy Brandt y algunas voces más que, no obstante, no fueron suficientes para evitar que Antich fuera agarrotado la mañana del 2 de marzo de 1974, a los 26 años. De hecho, la correspondencia del Gobierno Civil de Barcelona y los informes de la embajada estadounidense en Madrid los días 28 y 29 de febrero demuestran que Arias Navarro —por entonces presidente del Gobierno— «no se planteó siquiera la posibilidad del indulto».
¿CÓMO SE INFORMÓ DE ELLO?
Todo lo correspondiente con la investigación, el juicio y la condena del joven anarquista fue llevado con la mayor discreción posible por parte del Gobierno franquista. El coronel Carlos González de Pablos, dirigente del consejo militar que lo juzgó, determinó que la deliberación sería «en sesión secreta».
Se decretó el «cierre informativo» sobre el caso, que el Gobierno catalogó como «materia reservada». Las noticias sobre Puig Antich estaban sometidas a una rigurosa revisión que buscaba contrastar la visión de algunos medios antifranquistas y de las voces internacionales que reclamaban justicia. Se hablaba entonces de Antich como «estudiante de mala conducta» y las pocas informaciones que surgieron al respecto eran escuetas y reafirmadoras de su culpabilidad. Los medios afines a la dictadura, como el católico Ya, deslegitimaban las informaciones que llegaban de fuera, tachándolas de «deformación».
Incluso estas informaciones incurrían en contradicciones constantes. Como ejemplo, dos noticias publicadas por La Vanguardia: en la primera, publicada con fecha 22 de febrero de 1974, se afirma que Anguas murió de camino al hospital por causa de tres disparos; en la segunda, publicada un día después de la ejecución de Antich, se habla de una muerte «en el acto» y después de recibir cuatro impactos de bala. Además, la primera pieza relata una reconstrucción de los hechos que, según los historiadores Carme Molinero, Pere Ysàs y José María Marín, no está probada “en modo alguno”.
Por otro lado, destaca la actividad antifranquista de la revista Cuadernos para el diálogo, que pidió «repetidamente» la abolición de la pena de muerte y la amnistía para Antich y se volcó después de su ejecución en la condena de los hechos.
¿QUÉ CONSECUENCIAS TUVO?
El apoyo que le faltó al joven anarquista para que le fuera otorgado el perdón llegó tras su muerte. Las reacciones internacionales al último agarrotado del régimen, que el diario ultracatólico Ya definió como una «confusión» y una «imagen deformada» de España, no se hicieron esperar. El 14 de marzo, el Parlamento Europeo condenaba «las repetidas violaciones por el Gobierno español de los derechos humanos y civiles básicos».
El asesinato de Antich puso un nuevo clavo en el ataúd del franquismo; levantó debates candentes entre aperturistas y falangistas, poniendo de manifiesto la insalvable distancia entre las familias del régimen. Voces como la de José Antonio Girón Velasco, exministro de Trabajo, se alzaron para defender el conservadurismo franquista y atacar a la «prensa canallesca» —como la calificó Blas Piñar—: «No hemos de consentir ni la frustración de ese Estado [español], en vida de quien lo fundó y lo encarna, ni que ese Estado se frustre cuando sea llamada a la tarea de continuar la obra alcanzada la persona designada para la sucesión». La dictadura daba sus últimos coletazos y, ante las respuestas negativas por el caso de Puig Antich, el franquismo advertía: no iban a tolerar un cambio de régimen.
¿QUÉ APRENDIMOS?
Han transcurrido 46 años desde el asesinato de Puig Antich a manos del Gobierno franquista, pero su familia nunca ha dejado de intentar que se hiciera justicia. En 2006, el Supremo anunció que estudiaría el caso para una posible revisión de los hechos, pero lo acabó rechazando meses después, a pesar de la apabullante cantidad de pruebas y testigos presentados —entre ellas, las del médico Latorre, que afirmaba que Anguas había recibido cinco balazos y al menos dos de ellos no pertenecían a Antich—.
Ante la falta de respuesta en tribunales nacionales, la familia Antich acudió a la justicia argentina, donde se tramita una macrocausa sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el franquismo. La hermana menor de Salvador, Merçona Puig Antich, declaró ante la justicia argentina y pidió una orden internacional de busca y captura para José Utrera Molina, quien fuera ministro secretario general del Movimiento en los tiempos de la ejecución de su hermano —y, curiosamente, suegro de Alberto Ruiz Gallardón—.
Su ruego levantó voces tanto a favor de la búsqueda de responsabilidades como en contra. Varios dirigentes políticos, entre los que se encontraban Teresa Rodríguez, Alfredo Díaz-Cardiel (ambos de Podemos) y Gabriel Rufián (ERC) publicaron varios tuits sobre la implicación de Utrera Molina en el caso. Pocos días después, la familia del exministro, que había fallecido un año antes, presentó una demandapor «atentar contra su honor» en la que pedían una indemnización de 10.000 euros.
El juzgado número 50 de primera instancia de Madrid multóa Teresa Rodríguez con 5.000 euros por «vulnerar el derecho al honor» del exdirigente franquista. La magistrada del caso desestimó la acusación contra Rufián por concluir que solo se hacía eco de varias noticias. La dirigente de Podemos se quejó de la condena en otro tuit, en el que denuncia que la jueza no considere «asesinatos» las ejecuciones franquistas.
La causa por la ejecución de Puig Antich está lejos de cerrarse. La ciudad de Barcelona tramitó en noviembre de 2018 una querella contra el militar que actuó como juez en el consejo que lo condenó, Carlos Rey González. Esta acción legal se suma a las varias que ha presentado el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años para intentar que la justicia actual dicte responsabilidades contra los magistrados franquistas. Sin embargo, el Ministerio Público no admitió a trámite la querella porque los derechos habían prescrito, ya que no se puede aplicar un caso de lesa humanidad con carácter retroactivo.
