Un estudio detalla el sobrecoste que tiene vivir en la capital catalana para las personas con discapacidad
ÓSCAR MUÑOZ. LA VANGUARDIA.-Ser discapacitado en Barcelona comporta un agravio económico respecto al resto de la población de entre 17.700 y 41.200 euros anuales. Así lo indica un estudio presentado este martes, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, en el Ayuntamiento impulsado por el Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) y el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) y elaborado por la Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF).
En la capital catalana residen 137.824 personas con discapacidad, el 8,5% de la población total, de las que sólo el 21% están reconocidas para recibir ayudas de la ley de la Dependencia. Mientras que la tasa de actividad laboral del conjunto de la población catalana es del 81,6%, la de estas personas se queda en un 35%.
El estudio, novedoso en España y con escasos referentes internacionales, calcula el sobrecoste directo e indirecto que conlleva la discapacidad. Tanto los derivados, por ejemplo, de la atención personal que requieren estas personas para su vida diaria, de los servicios de profesionales o de la adaptación de sus viviendas, así como los de oportunidad para ellas –los ingresos que dejan de recibir por no haber alcanzado un determinado nivel de estudios o de renta a causa de su situación- y de los cuidadores principales, que suelen ser mujeres de la misma familia. Finalmente, se han restado los diferentes tipos de ayuda que hay, desde pensiones no contributivas, las derivadas de la ley de la Dependencia o las deducciones en el IRPF.
En la ciudad residen 137.824 discapacitados, el 8,5% de la población
Se han determinado trece perfiles de discapacidad –cuanto mayor es el grado, mayores son los costes asociados- y dos grandes franjas de edades. Tres corresponden a discapacidades físicas, tres intelectuales, tres de trastornos mentales, dos visuales y dos auditivas. El resultado se ha ponderado teniendo en cuenta el peso que tiene cada grupo en el conjunto de la población de Barcelona.
Para la población de entre 6 y 64 años, el agravio total es de 41.203,54 euros anuales con unos costes directos de 17.743,47. Para la de 65 años y más, el total es de 36.785,46 euros y el directo, 21.111,22 euros. Para el estudio se han tenido en cuenta sólo las personas que viven en su propio hogar en un entorno familiar, no los que están en centros.
“Vivir con una discapacidad comporta gastos añadidos en la vida cotidiana tanto para el discapacitado como para sus familias, lo que implica una desigualdad respecto al resto de la población”, ha recordado la concejal Marga Marí-Klose, presidenta del IMPD, organismo que este año celebra su 40.º aniversario. En este sentido, ha reiterado la apuesta del Ayuntamiento de Barcelona por compensar parte de este sobrecoste con ayudas y bonificaciones en ámbitos como la vivienda, la cultura, el deporte, la salud o la atención a las personas.
El estudio propone medidas a las administraciones para que contribuyan a paliar este agravio, dado que puede llegar a ser una causa de exclusión social. Entre otras, plantea incluir la discapacidad como variable a tener en cuenta en políticas de tarificación social; tener en cuenta el diferencial de la edad cuando se calcula el agravio y, por lo tanto, la mayor importancia de los costes indirectos cuanto más joven es la persona con discapacidad; articular actuaciones en clave de género que tengan en cuenta el predominio de la mujer en el papel de cuidadora principal de la persona con discapacidad; o huir de políticas de homogeneización de ayudas porque el colectivo es claramente heterogéneo y hace falta que los recursos se distribuyan de forma eficiente y eficaz.
