El País.- La discriminación de las personas LGTBI tiene una fuerte repercusión laboral. El 75% cree que no tiene las mismas oportunidades que las heterosexuales en el trabajo, según el estudio Hacia centros de trabajo inclusivosrealizado por el sindicato UGT y presentado este miércoles en el Ministerio de Igualdad. La encuesta recoge que el 55% de las personas trans reconoce que ha sido excluida de forma directa o indirecta en entrevistas de trabajo. “Esto genera situaciones de discriminación inaceptables que obligan a ocultar nuestra condición sexual en el trabajo para no penalizar la carrera profesional”, ha expuesto Toño Abad, responsable confederal LGTBI de UGT.
El informe se basa en 2.480 entrevistas, de las cuales 1.500 son a personas no LGTBI y casi 1.000 a personas LGTBI. Además, se ha generado una distribución homogénea en cuanto a sectores, con
prácticamente la misma distribución de respuestas del sector público y privado. “El 50% de las personas LGTBI a las que hemos consultado considera que no estamos aceptadas socialmente, que nuestra situación no es buena en general, algo que se agrava en el caso de las personas trans, donde el 70% considera que no están aceptadas”, ha manifestado Abad.
Una panorámica que, para el responsable de UGT, muestra “una sociedad que hoy se muestra irreconocible”. “Se permite que, desde las tribunas políticas y fachadas de los edificios de los partidos, con dinero público, se sitúe nuestra bandera LGTBI y feminista en la papelera, como si fuésemos algo desechable, con una derecha que cabalga a lomos del fascismo. El peligro no somos las personas LGTBI, lo que hemos hecho es luchar por nuestros derechos para mejorar la sociedad y hacerlos más
plural. El peligro está en los pactos de la derecha de este país en algunos ayuntamientos o comunidades autónomas”, afirma Abad.
Esta situación tiene “consecuencias muy negativas, cuantificables en derechos y en salario”, ha desarrollado Abad. “Renunciamos a pedir permisos retribuidos por matrimonio o de acompañante a cónyuges en visitas médicas. En un 41% de los casos, evitamos hablar de nuestra vida personal en el trabajo por miedo a la discriminación. Son situaciones inasumibles”. Además, en el ámbito laboral, “tres de cada 10 personas LGTBI manifiestan haber sufrido agresiones verbales, un 78% referidas a chistes y rumores sobre la orientación sexual, y un 52% insultos. Conductas de acoso que hacen que casi siete de cada 10 personas LGTBI consideren que ser LGTBI es un inconveniente para buscar un trabajo”.
Para el responsable de UGT, “la Ley Trans y LGTBI ha supuesto un gran avance para los derechos de estas personas, con aportaciones tan importantes del sindicato como el artículo 15.1, que establece la obligación de las empresas de más de 50 personas trabajadoras a planificar medidas para el respeto de sus derechos. Incorpora de forma obligatoria un protocolo contra el acoso discriminatorio en las empresas, medida fundamental para lograr centros de trabajo inclusivos que queremos que se desarrolle durante la próxima legislatura”.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha participado en la presentación, ha llamado la atención sobre “los discursos que legitiman la discriminación y la violencia contra las personas LGTBI”. “A quienes nos quieren hacer retroceder años, creo que el mensaje tiene que ser muy claro: no nos vamos a callar”, ha dicho, sin citar a ningún partido.
“En este momento, aunque la reacción se exprese con fuerza, creo que no podemos olvidarnos de que nosotras, nosotros y nosotres somos más fuertes, de que en este momento hay feministas, personas LGTBI y aliadas en los centros de trabajo, en la judicatura, en los medios de comunicación”, ha continuado. “Aunque la reacción se exprese con mucha fuerza, también hay mucha gente, de hecho somos más, quienes queremos construir una sociedad libre de violencias LGTBIfóbicas y en la que todo el mundo pueda ser quien es sin ser discriminada, discriminado o discriminade”, ha terminado.
