Efe.- El 68 por ciento de los testigos de una agresión a una persona sin hogar no ha hecho nada y las propias víctimas apenas denuncian, solo en situaciones de extrema gravedad o cuando son acompañadas por una entidad social, porque llegan a normalizar muchos de esos actos violentos o discriminatorios.
Son algunas de las conclusiones del informe «Denuncia y judicialización de los delitos de odio: un laberinto para las víctimas en situación de sinhogarismo», presentado este jueves por Hogar Sí, entidad dedicada a la defensa y protección de las personas sin hogar.
La investigación hace un recorrido por el itinerario de asistencia y atención de víctimas de situaciones discriminatorias y delitos de odio en los servicios públicos para identificar sus barreras y fortalezas, a través de encuestas a profesionales de esos organismos, a entidades del tercer sector y a personas que están o han estado en situación de sinhogarismo.
La primera barrera que describe es la ausencia de datos oficiales sobre este tipo agresiones, que apenas llegan a denunciarse; si se se denuncian, se topan con procesos largos y con pocos elementos probatorios, muchas veces por la incomparecencia de testigos.
Según el Observatorio Hatento, creado por organizaciones de atención a personas sin hogar, seis de cada diez personas que contaron haber sufrido un incidente o delito de odio no acudieron a ningún tipo de servicio u organización especializada.
Los mayores motivos son «porque no iba a servir de nada» o por falta de confianza en las instituciones, por lo que no se trata tanto del desconocimiento de los recursos, ha explicado la investigadora y autora del estudio, Ruth Caravantes Vidriales.
De ahí la importancia de que la denuncia sea presentada por testigos o por entidades sociales, que pueden conocer los hechos a veces a través de actividades que realizan con estas personas.
«El 63 % de los testigos no hizo nada en los casos que se encontraron; como sociedad tenemos naturalizada la vulneración de derechos de personas con sinhogarismo y es tan fácil como llamar al 112 para comunicarlo», ha lamentado Caravantes.
Pero hay otras causas de esa infradenuncia de los casos, que se producen en los servicios profesionales que deben protegerles: «como que te manden a otra comisaría, que le quiten importancia a los hechos o la falta de coordinación, que puede provocar que deriven un caso a la oficina de información al consumidor, por ejemplo».
Según la investigadora, se pone de manifiesto «una falta de personal especializado y vemos que algunos servicios, como son áreas tienen poca fuerza en los organismos, la ejercen de forma voluntaria esos trabajadores».
Por parte de las víctimas, ese rechazo a denunciar se debe al miedo a ser deportado si su situación es irregular (así lo afirma el 54 %), barreras idiomáticas (el 36 %) o que vienen de haber pasado por otro proceso judicial como víctimas de violencia de género (19%).
ESTEREOTIPOS QUE CULPAN A LAS VÍCTIMAS
En el caso de las personas en situación de sinhogarismo, discriminaciones como «no me dejan entrar a un bar», «recibo insultos o mal trato por parte de las vecinas del lugar donde pernoctaba» pueden derivar en violencia por aporofobia por actos especialmente violentos (física o psicológicamente) o por la acumulación de los mismos, alerta el estudio.
Provoca en las víctimas, en muchos casos la naturalización de la discriminación («es normal que no me dejen entrar al bar»), con sentimientos de culpabilización y vergüenza («soy culpable de mi situación y me avergüenzo de ello»), describe.
Para la fiscal Eva Serrano Sánchez, «hay que adaptar el servicio público a la víctima y no ellos a las instituciones, por ello es necesario un esfuerzo, tanto en formación como en sensibilización».
«Hay que respetar el derecho a entender y a ser entendido, a una persona con máxima vulnerabilidad no le pueden exigir que sepa lo que es un delito, por eso es preciso el esfuerzo de los operadores para que utilicen un lenguaje claro que aproxime es derechos para que puedan ejercerlos», ha añadido.
La fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado ha advertido de que estos delitos «son los que menos afloran», lo que favorece «la impunidad de los delincuentes y que sigan actuando y genera desconfianza en las víctimas».
