La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH ha actualizado su informe sobre Venezuela, en el que también pone el foco en el aumento de la persecución contra el Parlamento democrático
DANIEL LOZANO. EL MUNDO.- Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha actualizado esta mañana en Ginebra su informe sobre Venezuela, un nuevo baño de realismo en torno a lo que sucede en el país petrolero. La ex presidenta socialista de Chile subraya cómo las fuerzas especiales policiales de Nicolás Maduro (FAES) continúan cometiendo «ejecuciones extrajudiciales principalmente contra jóvenes varones en barrios marginales» y también cómo el chavismo prosigue la persecución contra el Parlamento democrático.
Caza y captura que se ha redoblado en las últimas horas, con cuatro violaciones de la inmunidad parlamentaria y dos órdenes de busca y captura contra diputados, con las que la revolución bolivariana pretende arrebatar a Juan Guaidó la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), que se vota el próximo 5 de enero en el Palacio Legislativo de Caracas.
«Me preocupan el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición, elevando el total a 30 despojados de inmunidad así como los actos de hostigamiento contra sus representantes, incluido el presidente de la AN, Juan Guaidó», detalló la Alta Comisionada, quien adelantó su temor porque 2020 será un año electoral (comicios parlamentarios) a los que se llegaría con inhabilitaciones.
Bachelet insistió en el mismo mantra del informe de marzo, en el que descubrió la masiva vulneración de derechos humanos que se sufre en Venezuela. La funcionaria de la ONU instó de nuevo a Maduro para que libere incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares, y que se otorgue la libertad plena al diputado Juan Requesens. Este parlamentario de Primero Justicia cumple 500 días en prisión, tras ser detenido ilegalmente y torturado. En estos días se celebra su juicio, lleno de arbitrariedades forzadas desde el poder revolucionario.
«Mi oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de órdenes de excarcelación o falta de excarcelación por cumplimientos de pena», destacó la Alta Comisionada. Según el Foro Penal, las mazmorras de la revolución cuentan hoy con 390 presos políticos, una cifra también reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Para los oficiales de derechos humanos que trabajan sobre el terreno en Venezuela tampoco han pasado desapercibidos los llamamientos del gobierno para armar a los milicianos (tres millones según Maduro) y su intención de reformar la ley para incluirlos en las Fuerzas Armadas como un cuerpo de civiles. La milicia bolivariana está compuesta por simpatizantes del chavismo, desde militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta integrantes de las comunas revolucionarias.
MASACRE DE INDÍGENAS
La masacre provocada en noviembre en la comunidad indígena de Ikabarú, «donde fueron asesinadas ochos personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena pemón y un adolescente», ha suscitado las críticas de Bachelet. Ikabarú se encuentra en el corazón del Arco Minero, donde proliferan grupos armados, incluida la guerrilla colombiana. Allí se vive el expolio sin límites al tratarse de una zona rica en yacimientos de oro. La revolución ha montado una masiva operación de extracción y venta de este oro en el extranjero para burlar las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Más allá de la política y la violencia que la rodea, la oficina de la Alta Comisionada ha documentado el derrumbe social y económico que vive un país del que según sus cifras ya han abandonado más de 4,7 millones de personas. Su proyección es que a finales de 2020 sean 6,5 millones los que se hayan visto obligados a huir del país, a un ritmo de entre 4.000 y 5.000 por día, según los expertos.
«Cáritas informó que en las parroquias mas pobres de 19 estados, el 11,9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda y que el 32,6% tienen retardo en el crecimiento. El 48,5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales», prosiguió Bachelet.
Los oficiales de la Alta Comisionada pudieron viajar a Zulia, frontera con Colombia y el segundo estado más poblado del país, donde constataron «las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan al suministro del agua».
Pese a los intentos de la propaganda revolucionaria de demostrar lo contrario, el incremento del 375% del salario mínimo no ha alterado la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, cuyo salario sólo «cubre actualmente el 3,5% de la canasta básica».
Jorge Valero, representante de la revolución en Ginebra, desestimó una vez más el documento de Bachelet y aseguró que en su país hay pleno respeto de los derechos humanos.
