Washington también amplía las sanciones contra dirigentes iraníes
ROBERT MUIR. EL PAÍS.- El coronavirus no paraliza la lucha de la Casa Blanca contra sus enemigos. El gobierno estadounidense acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de narcotráfico y terrorismo y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Washington también denuncia a otros cuatro dirigentes chavistas, a 10 millones de dólares por cada uno: Diosdado Cabello, número dos del régimen y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción; Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar; y el general retirado Cliver Alcala.
La influyente comunidad antichavista de Miami despertó este jueves con los rumores de que el gobierno estadounidense presentaría de forma inmediata una denuncia ante sus propios tribunales contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros altos cargos chavistas, por narcotráfico y terrorismo. La denuncia se acabó concretando pocas horas después, al mismo tiempo que Washington ampliaba las sanciones contra Irán, la misma semana en que la ONU había reclamado relajar las sanciones contra ambos países.
La acusación penal estaría fundamentada en la supuesta colaboración del régimen venezolano con la antigua guerrilla colombiana de las FARC
Tras los rumores matinales, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, con llegada al presidente Donald Trump para asuntos latinos, daba por hecha la imputación. “Hoy Nicolás Maduro será imputado por el departamento de Justicia y acusado de narcoterrorismo”, tuiteó Rubio, poco antes de una rueda de prensa donde el fiscal general de EE.UU., William Barr, concretó la acusación y ofreció las citadas “recompensas por información que lleve a su detención”.
La acusación penal contra Maduro ante la justicia estadounidense –poco frecuente para un jefe de estado en ejercicio- y otros líderes chavistas estaría fundamentada en la supuesta colaboración del régimen venezolano con la antigua guerrilla colombiana de las FARC, y ahora con sus grupos disidentes –calificados como terroristas por la Casa Blanca-, para traficar con drogas hacia EE.UU. Una antigua acusación, reflotada ahora por Washington.
“El pueblo venezolano se merece un gobierno representativo responsable y transparente al servicio de las necesidades de los ciudadanos, y que no traicione la confianza del pueblo condonando o utilizando funcionarios públicos que se implican en el tráfico ilegal de drogas”, declaró en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.
Paralelamente, el departamento del Tesoro estadounidense amplió también este jueves las sanciones contra una veintena de funcionarios iraníes, así como empresas e individuos cercanos al régimen de Teherán que operan en Irán e Irak, que serán incluidos en la lista negra que congela sus activos y movimientos financieros internacionales.
Washington asegura que el gobierno iraní ha seguido financiando a milicias y grupos terroristas en Oriente Medio, especialmente en Yemen e Irak, donde también ha facilitado el contrabando de armas y petróleo. La Casa Blanca remarca que Teherán ha proseguido con estas actividades incluso en medio de la pandemia por el coronavirus, de la que Irán es uno de los países más afectados del mundo.
“Irán utiliza una red de compañías fantasma para financiar a grupos terroristas en toda la región, desviando recursos del pueblo iraní y priorizando intereses terroristas por encima de las necesidades básicas de su población”, indicó en un comunicado el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.
Las nuevas acciones contra Venezuela e Irán parecen la respuesta de Trump a la petición realizada esta semana por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de suspender o relajar las sanciones contra esos países, o también contra otros estados que figuran permanentemente en la mira de la Casa Blanca, como Corea del Norte o Cuba.
“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, teniendo en cuenta la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, manifestó Bachelet en un comunicado. “En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”, agregó. “Las exenciones humanitarias anexas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”, reclamó la alta comisionada de la ONU desde Ginebra.
