El Periódico de Aragón.- Los jóvenes aragoneses pasan gran parte del día en el centro educativo y es también en ese ámbito donde el equipo docente se percata de que existe un problema. Es por eso que desde el Gobierno de Aragón se dio prioridad (por el artículo 34 de la Ley Orgánica 8/21, del 4 de junio) a la necesidad de contar con protocolos de actuación ante cualquier tipo de violencia.
Ahí se pusieron en marcha, a lo largo del tiempo, contra el abuso y el malatrato, el acoso escolar, ciberacoso, violencia sexual, violencia de género, doméstica, suicidio y autolesiones, que han detectado casos desde su implantación. El último en sumarse, el 27 de marzo de este mismo año, son unas instrucciones que la Dirección General de Planificación y Equidad para la prevención del riesgo de pertenencia a grupos juveniles violentos del alumnado en los centros educativos, que ya ha dado sus frutos ya que desde el comienzo de ese curso, hace menos de dos meses, han sido dos los casos registrados.
Son los propios centros educativos los que notifican a la dirección general el hecho, diferenciando si es una posible víctima de banda o grupo violento juvenil o de pertenencia a uno de ellos, que también se dará a conocer a la familia, a la que también es necesario atender. En esa notificación, se da a conocer el nombre del colegio o instituto que realiza la comunicación, los datos del alumno y de los posibles agresores ola descripción de los hechos, que llega tanto a Inspección de Educación y el Equipo de Orientación Educativa en Convivencia Escolar como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los grupos juveniles violentos son un problema creciente para la convivencia y aunque su origen se encuentra en las bandas latinas, este «concepto debe ampliarse», según las instrucciones del Gobierno de Aragón a adolescentes de entre 14 y 30 años de diferentes nacionalidades, aunque se recomienda «la observación de los posibles indicadores» en Primaria, a partir de los 10 u 11 años.
Estas bandas son «muy atrayentes» por «la sensación de pertenencia al grupo» aunque son «eminentemente machistas», lo que supone que las mujeres «no van a ser, normalmente, miembros de pleno derecho, sino que serán utilizadas para realizar acciones ilícitas», al igual que los menores.
Entre los factores a detectar para valorar la inclusión de un alumno en una banda se dividen en los distintos ámbitos, escolar, social, familiar y personal. Ahí están la disminución del rendimiento escolar, absentismo sin motivo aparente, actitud hostal, situación de desarraigo, cambio de amistades, sensación de liderazgo, actitud despectiva o aislamiento social, violencia en el ámbito familiar, débiles lazos afectivos, necesidad de reconocimiento, irritabilidad o ira excesiva, presencia de lesiones, cambio de aspecto físico o tatuajes identificativos.
Algunos de estos indicadores, como el de bajo rendimiento, absentismo, autolesiones, pérdida de autoestima, actitud esquiva con miembros de la banda o búsqueda de protección de otros compañeros, son también evidencia de ser víctima de grupos violentos juveniles.
Ahí comienza la protección, otorgando competencias socioemocionales, hábitos saludables, sentimiento positivo a la persona; también la potenciación de vínculos familiares y modelos de referencia adecuados; y la potenciación de relaciones de amistad entre iguales, relaciones positivas con personas adultas, arraigo social y cultural o considerar una adecuada gestión del ocio y del tiempo libre.
También se añaden propuestas para la prevención de riesgo, como charlas sobre la implicación de pertenecer a una banda, revisar el proceso de acogida de alumnado de incorporación tardía, observación y escucha activa, así como conferencias informativas que señalen la importancia de una convivencia adecuada dentro y fuera del centro educativo.
