Womens Link y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos piden al Defensor del Pueblo que investigue seis casos ocurridos entre 2016 y 2018
PILAR ÁLVAREZ. EL PAÍS.- Dos organizaciones han pedido al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que investigue los “obstáculos y demoras” que enfrentan las inmigrantes para acceder a un aborto en la Comunidad de Madrid. Women’s Link y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos presentan este jueves una queja con seis casos de mujeres sin autorización para vivir en España que, entre 2016 y 2018, tuvieron dificultades cuando pidieron una interrupción voluntaria del embarazo, que en España es libre y está cubierta por la sanidad pública hasta la semana 14 de embarazo (y hasta la 22 por causas médicas).
En la queja, la primera que presentan de este tipo, las organizaciones denuncian las dificultades derivadas del decreto que restringe el acceso a la sanidad para inmigrantes sin permiso de residencia. Se les pide documentación y un empadronamiento de 90 días que normalmente, o no tienen, o no pueden acreditar. El tiempo corre en su contra.
Cinco de las seis mujeres cuyos casos incluyen son potenciales víctimas de trata o expotación sexual. En uno de los seis casos que presentan, una mujer de origen nigeriano, con un embarazo de nueve semanas y víctima de trata, esperó 15 días el documento de asistencia sanitaria. Tenía 11 semanas de embarazo, cercano al límite legal.
La primera afectada en 2016 fue una mujer de nacionalidad china a la que le pusieron dificultades por llevar dos meses en España. Entre enero y octubre de 2018, se produjeron los otros cinco casos. Las ONG piden al Defensor ayuda para acceder a más datos que permitan conocer la realidad de este asunto.»En estos seis casos, gracias a la intervención de diferentes organizaciones, las mujeres finalmente pudieron acceder a su derecho al aborto, pero no sabemos qué habrá pasado con otras mujeres a las que no se les haya informado correctamente o no hayan contado con apoyo», explican desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos.
Le piden a Fernández Marugán que les ayude a conocer cuántas interrupciones voluntarias del embarazo se practican en la sanidad pública y privada de la Comunidad de Madrid por edad, nacionalidad y situación personal de las pacientes. Piden saber qué profesionales hay en los centros de salud y cuál es su formación y con qué asiduidad asisten mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, potenciales víctimas de trata a los centros de salud para acceder a abortos y de qué nacionalidad son estas mujeres.
