La Razón.- La Fiscalía solicitó un informe a la Policía y otro a la Delegación de Gobierno para investigar la protesta organizada por el grupo Madrid Seguro.
Dos juzgados de Plaza de Castilla están analizando si hubo delito en la marcha anti-LGTBI que se produjo en Chueca el sábado 18 de septiembre. La Fiscalía provincial de Madrid ya inició un procedimiento por un posible delito de odio y solicitó un informe a la Brigada Provincial de Información y otro a la Delegación del Gobierno para que recabaran detalles sobre lo acontecido durante la marcha que convocó el grupo de ultraderecha Madrid Seguro. Con la apertura de estas diligencias en el juzgado, el ministerio público deberá remitir todos los datos al juez que finalmente agrupe la causa, según las fuentes judiciales consultadas.
Después de la marcha en la que se gritaron consignas como «¡Fuera maricas de nuestros barrios!», dos asociaciones presentaron sendas querellas en Madrid. Una de ellas fue interpuesta por la Red Madrileña de inmigración y Ayuda al Refugiado junto a la Coordinadora del Tercer Sector y ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital. La otra, también por esta última asociación, se ha iniciado en el Juzgado de Instrucción número 9. Ambos procedimientos están en una fase previa y, una vez el juez decida que hay indicios delitos, se deberán unificar en un solo procedimiento.
En el momento en el que la Fiscalía tenga constancia de la apertura de uno de este entregará el informe de la Policía que ya tiene en su poder, así como el de la Delegación de Gobierno que todavía no ha llegado. El departamento que dirige la socialista Mercedes González reconoció después de ese fin de semana que el grupo de ultraderecha les engañó porque dijeron que la marcha sería para protestar contra las «agendas 2030/2050». La delegación del Ejecutivo mantiene que no hubo escoltas para los manifestantes, sino que los agentes que intervinieron lo hicieron para evitar incidentes al denunciarse en la redes sociales lo que estaba pasando.
La marcha transcurrió entre las cinco de la tarde y las siete de la noche con proclamas como «fuera maricas de nuestros barrios», «fuera sidosos de Madrid» o «tú no eres español porque eres blanco». Los asistentes fueron fotografiados y filmados y los vídeos se distribuyeron por la red como la pólvora generando indignación. Bajo la lupa de los jueces está ahora Madrid Seguro, cuya principal reivindicación es «la cultura e identidad de los pueblos de Europa». En su web, además, señalan que la asociación nace «en contraposición con las tradicionales asociaciones vecinales que han ido surgiendo en los distritos y municipios de la comunidad de Madrid en los últimos años». Y plantea una serie de prioridades para su actuación que pasan por el rechazo al inmigrante, la atención prioritaria a los españoles y un cuestionamiento de la actual administración.
Además, en el centro de la investigación está el principal convocante, Alberto Ayala de Cantalicio a quien el Ministerio del Interior tiene identificado desde hace años como el presunto cabecilla del grupo de ideología neonazi denominado Juventudes Canillejas y de Ultra Sur, los seguidores radicales del Real Madrid, como publicó El Confidencial. De hecho, ya en mayo de 2002 Ayala de Cantalicio fue detenido junto a otros tres miembros de Ultra Sur, incluido el histórico dirigente Álvaro Cadenas, por una serie de incidentes violentos contra la Policía cerca del estadio madridista.
