Infobae.- Los asesinatos por odio ocurrieron en menos de una semana, mientras el país vive una crisis social e institucional. La organización Más Igualdad exigió que los delitos tengan “penas concretas para llegar a la justicia”.
En menos de una semana, el país registró dos crímenes de odio que fueron invisibilizados por las protestas contra la administración de Dina Boluarte y la crisis institucional, mientras el Ejecutivo y Legislativo revisan el proyecto de ley que propone adelantar las elecciones generales para abril de 2024.
Más Igualdad reportó que los casos ocurrieron en Moche (La Libertad) y en Camaná (Arequipa). Las víctimas, dos mujeres trans, fueron identificadas como Erika Quintana Ávalos, cuyo cuerpo fue calcinado en un carro hace tres días, y Ale Castillo Limache, cuyos restos fueron localizados este martes en un hostal de la ‘ciudad blanca’.
El crimen de odio de Érika es el que cuenta con más pistas, pues la Policía Nacional (PNP) investiga a tres sospechosos, entre ellos el conductor del taxi, quien está inubicable, informó Sol TV. En tanto, los familiares de Ale pidieron justicia en las afueras de la morgue, según imágenes compartidas por Camaná Go.
“El Estado sigue vulnerando los derechos de las personas y pisoteando las identidades de nuestras compañeras. Los crímenes de odio existen y tienen que tener penas concretas para llegar a la justicia”, remarcó la organización feminista.
El pronunciamiento llega en medio de las manifestaciones por la renuncia de Boluarte, que han dejado hasta el momento 56 fallecidos, entre ellos un policía, tras seis semanas de crisis política y social marcadas por bloqueos de carreteras y protestas en distintas partes del país.
El estado sigue vulnerando los derecho de las personas y pisoteando las identidades de nuestras compañeras, los crimenes de odio existen y tienen que tener penas concretas para llegar a la justicia.
Aunque no existen estadísticas oficiales sobre la violencia contra la comunidad LGTBI del Perú, un estudio del Ministerio Público publicado en 2022 —’Características criminológicas de las muertes dolosas de personas LGTB en el Perú 2012-2021′— ofrece una aproximación acerca de la naturaleza de estos asesinatos.
La investigación analizó 84 casos en los que murieron 88 personas de manera violenta, y encontró que el 45,5% de las investigaciones fiscales no había información sobre los posibles móviles de dichos delitos.
Del 45,5% restante, solo el 2,2% indicaba la identidad de género y la orientación sexual como presuntas causas, pese a que, en al menos 68,4% de casos, sí mostraban indicios de violencia por prejuicio, según la evidencia evaluada por los especialistas del estudio.
Imposibilidad de investigar un crimen por prejuicio
“Cuando una persona LGTB es asesinada, se debería hacer algo que hasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cote IDH) establece: se tiene que considerar el prejuicio como posible causal del asesinato”, dijo a Ojo Público Ho Amat y León, encargado del Observatorio de Derechos LGTB de la Universidad Privada Cayetano Heredia, entidad que participó en la investigación.
“En Perú se pasa por alto que son personas LGBT, ni siquiera se toma como un dato relevante. Esto quita la posibilidad de que se investigue como un crimen por prejuicio. Es registrado como un asesinato más”, continuó.
Por su parte, Alejandro Merino, fundador de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual, dijo a Infobae que los crímenes de odio no suelen alcanzar la justicia porque no existe una normativa que condene este tipo de delitos.
“Lamentablemente, a nivel nacional no existe ningún tipo de condena que tenga como causal la orientación sexual o de identidad de género de la víctima. Esa es una de las razones por las cuales los crímenes de odio no reciben la sanción correspondiente”, señaló.
En 2017, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N.º 1323, que incorporó a la orientación sexual y a la identidad de género como circunstancias agravantes para sancionar la comisión de ilícitos penales, y como supuestos típicos en el delito de discriminación e incitación a la discriminación.
Cuatro años atrás, en 2013, el Congreso rechazó incorporar la orientación sexual e identidad de género como agravante en delitos de discriminación en el debate sobre la Ley contra los crímenes de odio, que reformaría el Código Penal.
