ESTHER BALLESTEROS. CRÓNICA BALEAR.- Dos agentes de la Policía Local de Palma acusados por homofobia en una de las líneas de investigación del caso Cursach han denunciado que los antiguos investigadores de la causa, entre quienes se encuentran el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, desplegaron conductas de odio y racismo durante su arresto, producido en diciembre de 2016.
Así lo ponen de manifiesto en un escrito de 42 páginas que ambos han presentado ante el Tribunal Superior de Justicica de Baleares (TSJIB), donde ejercen la acusación particular en el proceso que investiga las prácticas presuntamente ilícitas que Penalva, Subirán y cuatro miembros de Blanqueo habrían cometido al frente de la instrucción del caso Cursach.
Para sustentar sus manifestaciones, los dos agentes, Rafael P. y Alberto L., quienes fueron suspendidos de sus funciones por Cort tras su detención, aluden a los comentarios vertidos durante su arresto tanto por uno de los miembros de Blanqueo como por el juez o el fiscal en el chat que todos ellos mantenían abierto en paralelo a sus pesquisas.
En la conversación, el agente del grupo informa de que ambos «están en calabozos ya, junto a unos gitanos», a lo que Penalva o Subirán responde: «ponedles con la escoria». «Y porque no tenemos travestis, gays ni lesbianas», prosigue el funcionario policial.
«Están alardeando de delitos de odio, han detenido a los policías por supuesta homofobia (…), pero son ellos los que la cometen cuando con sus expresiones vienen a indicar que la escoria son los gitanos, los travestis, los gays y las lesbianas», reprocha el escrito. El abogado de los dos agentes recrimina de este modo el «desprecio, la humillación y el abuso de autoridad» desplegados, todo ello por medio de un lenguaje soez y despreciable, rayando la desconsideración absoluta».
«Estas conductas no pueden ser admitidas por quienes tienen la obligación de hacer cumplir la Ley»
A juicio del letrado de los dos agentes, tales conductas «no pueden ser admitidas por quienes tienen la obligación de hacer cumplir la Ley y proteger a los que son humillados por su condición. Estamos hablando de que, en una causa por unos supuestos delitos de homofobia, los investigadores policiales, fiscal y juez se mofan cometiendo dicho delito».
Y añade que, «como no existe imparcialidad del juez en este expediente, se han decantado, como ha sucedido en otros hechos investigados, por causar el máximo daño posible a los detenidos. A eso se le llama torturas. Torturas que están prohibidas en nuestra Constitución».
Al hilo de lo anterior, y en línea de lo investigado en la causa que instruye el TSJIB, los dos agentes acusan a juez, exfiscal e integrantes de Blanqueo de preparar a la carta sus investigaciones en el marco del caso Cursach, acusándoles de formar «una banda criminal organizada que se divierte enviando a gente a los calabozos y a prisión. Es hacerse lo que se quiera sin tener en cuenta la ley ni los derechos de los detenidos, es vulnerar completa y totalmente los principios constitucionales y causa de una nulidad total de lo actuado».
De hecho, recuerdan cómo los antiguos investigadores se negaron a indicarles, tras su arresto, cuáles eran los delitos por los que se les detuvo, una circunstancia que resultó «más agravada cuando también, en abuso de esa superioridad que les concedían sus placas y el respaldo de la fiscalía y el propio juez, se negaron a hacerles entrega de sus derechos por escrito con todas sus manifestaciones», recalca el abogado.
Del mismo modo, señala el escrito cómo se les impidió la asistencia letrada, lo que dificultó el poder ser asesorados y obtener una copia del expediente y del propio auto de detención en lo que consideran «un acto delictivo y criminal». Y es en este contexto en el que denuncian la «campaña mediática» desplegada por los investigadores y la continua revelación de información de la causa con el objetivo de «exhibir en público las cacerías de Penalva cuando ni siquiera se habían producido».
Los agentes aluden a los «fines oscuros» perseguidos en el caso Cursach al aseverar que «se ha fabricado un entramado, como es común en todas las causas investigadas por los hoy imputados, usando testigos, datos, hechos y delitos inexistentes o manipulados».
Por todo ello, solicitan, entre otras diligencias, que se acuerden diversas testificales y se les facilite la declaración de los investigados del Grupo de Blanqueo participantes en las conversaciones de whatsapp denunciadas, así como las de los testigos protegidos y colaboradores de los que Penalva y Subirán se hicieron valer durante la instrucción para sostener sus acusaciones.
El magistrado que instruye tales pesquisas, Carlos Gómez, ha desestimado, sin embargo, las peticiones solicitadas por los dos agentes al considerar, entre otras razones, que no son necesarias para la preparación del futuro juicio de la causa, aluden a supuestas irregularidades cometidas en otro proceso o por no hacer referencia al objeto de la exposición razonada que el pasado mes se elevó al TSJIB para que éste asumiera las investigaciones contra Penalva y Subirán. Unas consideraciones que ambos policías rebaten tajantes en el recurso que han interpuesto ante el máximo órgano judicial de Baleares.
En su impugnación, el letrado de los dos funcionarios policiales asevera que «todo proviene de la misma causa y que lo que se está investigando son la acciones y omisiones realizadas por los hoy investigados en relación con una causa matriz y todas sus ramificaciones, y que dichas actuaciones se hicieron de forma dolosa y en conjunto, formando lo que se conoce como banda criminal».
Piden que el instructor de la causa contra Penalva y Subirán se aparte «si cree que no puede mantener su imparcialidad
«Esta causa tan compleja tiene un trasfondo por el que esa instrucción, en pos y en aras de la verdad y de la justicia Universal, debería permitir aclarar todos los hechos (…) y no dar un portazo como ya hicieron los que hoy son investigados en uso y abuso de sus competencias y sus puestos en el pasado, de forma que mis representados no vuelvan a convertirse doblemente en víctimas».
Es más, solicita al instructor que, «si cree que no puede mantener su imparcialidad, no ya solo por la amistad que le pueda ligar o que le ligó en un pasado con alguno de los investigados, sino por el conocimiento que tiene de la causa y de alguna de sus piezas, ahora sería el momento para que de forma voluntaria se apartara de la causa, con el fin de que, contaminado por los hechos y acontecimientos, no la pueda realizar en total imparcialidad».
Cabe recordar que los dos agentes fueron condenados por las coacciones a su excompañera en la Policía y actual regidora de Justicia Social, Sonia Vivas. En el caso de Rafael P., éste fue sentenciado a penas que suman tres años y cinco meses mientras que Alberto L. lo fue a quince meses. La sentencia se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
El pasado mes de mayo, y más de tres años después de que el Ayuntamiento de Palma suspendiera de sus funciones a ambos efectivos policiales a raíz de su arresto, un juez echó por tierra la decisión adoptada por Cort de mantener en pie el cese de uno de ellos a pesar de que ya había sido excarcelado: señala que el Consistorio infringió el ordenamiento jurídico mediante una resolución “carente de sustento legal“.
