SUR.- La ‘ley Zerolo’, aprobada por el Congreso, crea una autoridad independiente para apoyar a las víctimas, perseguir las vejaciones e impulsar sanciones.
«Discriminar no puede salir gratis». Fue el objetivo y lema vital y político del socialista Pedro Zerolo, padre de la ley del matrimonio homosexual. Hasta casi el mismo día de su muerte, en 2015, luchó porque España tuviese una ley que blindase la igualdad de trato y no discriminación para todos sus ciudadanos, fuesen como fuesen y de donde fuesen. Es la razón por la que el PSOE, para homenajearle, apodó con su nombre la norma que busca combatir el prejuicio y las vejaciones contra las minorías y que, tras cuatro intentos fallidos en tres lustros, aprobó este miércoles el Congreso, con el respaldo del Gobierno, ERC, Cs y el PNV y con los únicos ‘noes’ de PP y Vox.
La norma que ahora deberá debatir y ratificar el Senado no crea nuevos derechos, pero se afana en que se respeten todos los que ya hay. Su razón de ser es que nadie puede ser discriminado por su lugar de nacimiento, etnia, edad, sexo u orientación, religión, convicciones, discapacidad, religión o situación socioeconómica. Pretende que esta máxima sea realidad en el día a día. En la escuela, la sanidad, la vivienda, el empleo, la policía y los tribunales, las compras, el acceso a locales públicos o el mundo digital
Perseguirá tanto en el ámbito público como en el privado los comportamientos que no son delito, pero sí discriminación y discurso de odio. Establece obligaciones y sanciones que podrán llegar al medio millón de euros.
¿Quién vigilará?
La persecución de la discriminación y la imposición de sanciones es obligación de la Administración competente en cada caso. Pero, se crea la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, un cargo unipersonal y con autonomía funcional, similar al Defensor del Pueblo, que propondrá el Gobierno y ratificará el Parlamento por un plazo de cinco años. Apoyará a las víctimas, será órgano de mediación, investigará de oficio o a demanda, impulsará acciones judiciales y reclamará sanciones administrativas.
Injurias del día a día
Como ejemplos de los comportamientos a desterrar o castigar están evitar que a alguien se le niegue un alquiler o la compra de piso por ser gitana, la entrada en una discoteca o en un comercio por ser inmigrante, discapacitado o negro, recibir tratamiento médico por ser lesbiana o que pierda el trabajo por llevar hiyab.
Revisión de los algoritmos
La norma incorpora medidas como la revisión de los algoritmos que usa la Administración en la toma de decisiones para evitar que tengan sesgos discriminatorios o la pérdida de la subvención de los centros educativos que obstruyan el acceso de alumnos por sexo o demás características personales
Discriminación múltiple
Las sanciones irán de leves (300 a 10.000 euros) a graves (10.001 a 40.000) o muy graves (40.001 a 500.000). Las más graves son la discriminación múltiple, el acoso y la presión a la autoridad. Las multas de más de 300.000 euros las impondrá el Consejo de Ministros. El dinero irá a sensibilizar contra estos prejuicios.
Dureza de los funcionarios
Para graduar el variado abanico de sanciones se tendrá en cuenta la intencionalidad, el daño, los afectados, la reincidencia, la repercusión social. La multa siempre llegará al tope si la comete un trabajador público en su función.
Invierte la carga de la prueba
Un elemento trascendental para el éxito de la ley es que invierte la carga de la prueba. Si hay indicios fundados de discriminación será el sospechoso quien deba probar que no la cometió.
Delito de antigitanismo
Una enmienda de PSOE, Podemos y Cs reforma el Código Penal y convierte el antigitanismo, la incitación al odio o la discriminación de esta etnia, en un delito idéntico al antisemitismo o al racismo (1 a 4 años de cárcel).
Cierres y pérdida de ayudas
Las faltas muy graves, además de multas, pueden acarrear pérdidas de ayudas o contratos, pago de indemnizaciones o el cierre del local o el cese temporal de la actividad profesional por un máximo de cinco años. Para casos leves y graves, las multas se podrán sustituir por cursos o labores de reparación del daño.
Fiscalías especializadas
La norma modifica el Estatuto Fiscal para consagrar por ley la existencia de la Fiscalía de Delitos de Odio con la máxima categoría y con delegados y medios propios en todas las provincias.
