El país escandinavo identifica 22 zonas deprimidas en las que más del 50% de los 54.467 residentes es «no occidental»
BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN. EL PAÍS.- Dinamarca tiene una lacra de la que no consigue deshacerse desde hace décadas: los guetos. La que fuera la mayor potencia escandinava, con permiso de la vecina Suecia, lleva luchando más de 25 años por la erradicación de las barriadas más deprimidas del país en las que actualmente viven 54.467 personas, según datos oficiales de diciembre del año pasado. A partir de ahora, el primer ministro del país, el liberal Lars Løkke Rasmussen, se ha propuesto eliminar estos barrios marginales incluso derrumbando algunos de estos edificios grises, tristes y homogéneos para deshacerse de la «sociedad paralela», como la calificó hace tiempo, que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y en la que más de la mitad de los vecinos son no occidentales.
El mandatario liberal se ha propuesto este 2018 dispersar por todo el país a las familias residentes en estos 22 puntos ubicados en las inmediaciones de 13 municipios, entre ellos grandes urbes como Copenhague y Aarhus. «Debemos introducir un nuevo objetivo para acabar con los guetos por completo. En algunos (…), derribar edificios, repartir a los residentes y alojarlos en diferentes áreas», dijo Rasmussen el pasado lunes en un discurso televisado con motivo del Año Nuevo.
Para que una zona sea considerada un gueto —curioso nombre oficial— más del 50% de sus habitantes debe proceder de un país “no occidental” o descender de progenitores no occidentales aunque se haya nacido allí, según las estrictas normas migratorias danesas. En la última década, 319.000 inmigrantes y sus descendientes de Asia, África y América central y del sur viven en el país nórdico, según las últimas cifras oficiales que excluyen, sin embargo, a los solicitantes de asilo.
La etiqueta de gueto «estigmatiza», criticaron las asociaciones de vecinos a la prensa cuando fue publicada la lista de 2017. «Cuando los residentes salgan a buscar trabajo, no dirán de dónde son si viven en un área que tenga este sello [de gueto]», señaló Bent Madsen, director de la asociación de Vivienda danés al diario digital BT.
Además, se tienen que cumplir otras condiciones como que más del 40% de la población en edad de trabajar (entre 18 y 64 años) lleve en paro al menos dos años seguidos, y que al menos el 2,7% de los que vivan allí haya sido condenado por actos criminales relacionados con las armas o el narcotráfico, un umbral relativamente fácil de alcanzar en zonas de exclusión social. Tener bajos ingresos y un pobre nivel educativo son también factores que determinan que un barrio deje de ser considerado de clase baja y cruce la barrera psicológica para convertirse en gueto. Tres de los criterios anteriores, con combinaciones diversas, se llevan cumpliendo en todos los guetos daneses desde hace casi 30 años, según un estudio de 2016 del fondo de inversión de inmuebles danés Kraks Fond.
A finales de 2017, el Ministerio de Transporte, Construcción y Vivienda quitó de la lista a cinco barriadas, aunque añadieron otras dos. “Es positivo que haya menos guetos este año (…), pero en particular hay problemas con los guetos físicamente aislados de las ciudades”, dijo el ministro, el liberal Ole Birk Olesen, según la prensa local. El gueto de Gadelandet/Husumgård, en Copenhague, la capital del país, ha pasado a formar parte de la lista debido a que ha aumentado el número de vecinos con ingresos bajos con un total de 1.048 personas. El otro es Lindholm, en una isla al sur del país, que ha sido seleccionado por un aumento de residentes de origen “no occidental” (1.540 personas), según el Gobierno. El gueto más grande en términos demográficos se encuentra en el municipio de Odense, en la isla central del país, con 9.184 vecinos.
Problema histórico
A pesar de que los residentes en estas barriadas populares representan tan solo el 1,2% de la población del pequeño país de 5,7 millones de habitantes, el de los guetos se antoja un problema histórico. Desde 1994, cada Gobierno ha intentado acabar con estas zonas a través de seis paquetes legislativos, según la agencia de noticias danesa Ritzau. Pero ha sido el Gobierno actual —extremadamente polémico por su gestión migratoria estos últimos años (el xenófobo Partido Popular Danés (DF) ocupa la cartera de Inmigración)— el que ha dado un paso más definiendo cómo lo hará: legislando de manera especial, derrumbando los edificios si hace falta, y reubicando a los vecinos “para que se mezclen con otras personas de origen diferente en otras áreas”, dijo Rasmussen.
La polémica está servida. Mientras el Gobierno de coalición define su estrategia, los ultras del DF airean sus deseos de occidentalizar estas zonas prohibiendo, por ejemplo, las construcción de nuevas mezquitas o imponiendo un toque de queda para los menores de edad a las 20.00 horas, algo que los partidos del establishment —tanto socialistas como conservadores— no están dispuestos a aceptar.
En los primeros meses del año, el frágil Gobierno de coalición —en diciembre de 2017 el primer ministro logró contener una crisis que amenazaba con romper el Ejecutivo— presentará su programa especial para acabar con estas áreas marginales, reflejo del lado mas oculto de la sociedad danesa.
