La Misión Internacional de Verificación de Hechos de Naciones Unidas seguirá dos años más sus investigaciones sobre derechos humanos en Venezuela
DANIEL LOZANO. EL MUNDO.- La Misión Internacional de Verificación de Hechos de Naciones Unidas y la Oficina de la Alta Comisionada continuarán dos años más sus investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Así lo ha decidido hoy la mayoría de los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al apoyar el proyecto de resolución pactado por 12 países americanos.
El resultado de la votación supone una contundente derrota para Nicolás Maduro: 22 países votaron a favor de la resolución frente a tres en contra. Sólo Eritrea y Filipinas apoyaron al régimen bolivariano, frente al grupo integrado por democracias americanas (Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Perú y Uruguay) y europeas (España, Austria, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Eslovaquia y Ucrania), más Japón, Australia, Fiji, Islas Marshall y Corea. La mayoría de las 22 abstenciones son de países africanos.PUBLICIDADAds by Teads
«La lucha por desnudar la violación de los derechos humanos no se detiene«, festejó el diputado opositor Luis Florido. Se trata de una victoria por todo lo alto de las organizaciones de derechos humanos que luchan contra los abusos dentro y fuera de Venezuela, que además han protagonizado una campaña para conseguir la prórroga de ambos mandatos.
En su primer informe, presentado en septiembre, la Misión señaló a Nicolás Maduro y a dos generales por crímenes de lesa humanidad y reclamó tanto a la Corte Penal Internacional, a la ONU y a sus países miembros la persecución de esos delitos. Sus tres investigadores comprobaron lo ya anticipado por las organizaciones de derechos humanos: la existencia de ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otros crímenes.
Perú defendió la propuesta común, copatrocinada por 59 países, ante el Consejo, apostando porque tanto la Oficina como la Misión documenten la «extensión y sistematicidad de la violación de los derechos humanos» en Venezuela. Una prórroga por dos años, «adecuada ante la represión, violencia y coacción contra las personas y las instituciones» y que «pone a las víctimas en el centro de la preocupación».
Alemania, en nombre de la UE, reiteró la profunda preocupación ante las violaciones, «el desmantelamiento de las instituciones democráticas y el ataque sistemático contra la población civil, equivalente a crímenes de lesa humanidad», además de demandar unas elecciones presidenciales justas y transparentes sin el uso de la fuerza.
El embajador venezolano repitió el guión habitual sobre intervencionismo e injerencia, además de acusar a la «fastasmagórica Misión» por despilfarrar tres millones de dólares. «Pretende perturbar el diálogo y las elecciones del 6-D», subrayó.
El chavismo recibió con frustración el voto positivo de Argentina, que se desmarcó de la abstención de México. El Gobierno de Alberto Fernández prefirió votar con el resto de países del Grupo de Contacto tras las últimas polémicas, una posición que reprocharon el resto de aliados y socios de la revolución.
«Muy importante para el país, para las víctimas y para la humanidad. Verdad, justicia y reparación. Nadie puede preferir el silencio frente a las violaciones graves de derechos humanos», resumió Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de la Paz.
De poco le sirvió al chavismo una maniobra de última hora, junto a Irán y Cuba, con la que pretendieron eludir la censura mundial por sus crímenes. El Gobierno de Teherán lanzó una propuesta para que la Oficina de la Alta Comisionada mantenga su asistencia, pese a los insultos de los últimos días tras la última actualización. Sólo obtuvo 14 votos a favor, frente a 7 en contra y 26 abstenciones.
«Se limitaba a tomar nota de los informes de la Alta Comisionada Bachelet y exhortar al Gobierno a aplicar sus recomendaciones», precisa el internacionalista Mariano de Alba. La actualización del informe de la ex presidente chilena provocó un arrebato de ira del chavismo, que la acusó de trabajar al servicio del imperialismo.
