EFE. LA VANGUARDIA.- Los derechos humanos en Honduras sufren un proceso de «regresión» debido a los altos niveles de impunidad, la «justicia tardía» y la falta de independencia del poder Judicial, alertaron expertos este martes en Tegucigalpa.
«Lastimosamente hay una regresión a todo nivel en el país de los derechos humanos en general, pero en el caso de las mujeres es mucho más», dijo a Efe Gilda Rivera, de la organización no gubernamental Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
En el país existe «muy poco respeto y garantía» para que las féminas puedan ejercer sus derechos en los diferentes escenarios, añadió.
En su opinión, las mujeres sufren «graves violaciones» de sus derechos en el ámbito laboral, ya que ganan menos que los hombres por hacer exactamente el mismo trabajo.
Las mujeres tienen además «un acceso limitado» a servicios de salud preventivos, sexuales y reproductivos en Honduras, que tiene la segunda tasa de embarazos adolescentes más alta en América Latina y donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años.
Según cifras del Fondo de Población de la ONU (UNFPA), Honduras tiene una tasa de 101 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, aunque se ha mantenido «estática» en los últimos diez años.
Las mujeres enfrentan «niveles dramáticos de violencia» en Honduras, donde, según cifras oficiales, 380 murieron de forma violencia en 2018, indicó Rivera.
Además, tildó de «irresponsable» al Estado de Honduras por no invertir en programas de salud, educación y generación de empleo.
La activista participó en el Foro «La impunidad en la acción de la justicia penal con énfasis en grupos de situación de vulnerabilidad: Medio ambiente y pueblos originarios LGBTI y mujeres», auspiciado por Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la OEA.
Austra Berta Flores, madre de la asesinada ambientalista hondureña Berta Cáceres, denunció la «vulneración» de los derechos de los pueblos indígenas del país.
Los indígenas sufren «discriminación» y sus tierras ancestrales viven amenazadas ante la creciente expansión de proyectos extractivos y el despojo, señaló a Acan-Efe la madre de la líder ambientalista, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Berta Cáceres fue asesinada en su casa el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, y por su crimen el 30 de noviembre de 2018 fueron condenados siete de los ocho acusados.
Cáceres se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país que ejecutaba la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), porque consideraba que le causarían daño a las comunidades indígenas.
Austra Berta Cáceres cuestionó al Estado de Honduras por «no cumplir» el Convenio 169 que recoge los derechos de los pueblos indígenas.
Las comunidades indígenas «no tienen derecho a la salud y la educación, ni lo necesario para poderse alimentar», subrayó la madre de la ambientalista de la etnia lenca.
«Acá vamos en retroceso, cada día vamos retrocediendo en todos los aspectos de la vida en este país», aseguró Austra Berta, quien instó a la población a «organizarse» y luchar para que se garantice «el derecho a la vida» en el país, donde se registra una media de diez homicidios diarios, según cifras oficiales.
Joaquín Mejía, un académico hondureño especialista en derechos humanos, dijo a Efe que en Honduras existe una «impunidad estructural» debido a que hay una «justicia selectiva».
Mejía enfatizó que en Honduras hay una «regresión grandísima» en materia de derechos humanos y una justicia «tardía» para proteger a algunos sectores de la población, y «eficiente, cuando se trata de proteger ciertos intereses».
La solución para acabar con la impunidad en Honduras, según el académico, pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad y la independencia del poder Judicial.
