El Defensor de la Ciudadanía afirma que «es alarmante la cantidad de anuncios que excluyen a las personas extranjeras»
DIEGO CALLEJÓN. IDEAL DE GRANADA.- El otoño es la época por excelencia del alquiler de viviendas en Granada. Con el fin de las vacaciones de verano y el inicio del curso laboral y escolar, las inmobiliarias y los particulares hacen su particular agosto, y los inquilinos bregan para encontrar un alojamiento adecuado a sus necesidades. En este contexto, los ciudadanos extranjeros se encuentran con una dificultad añadida a la hora de entrar a vivir en una casa: el racismo inmobiliario.
Manuel Martín García, Defensor de la Ciudadanía de Granada, nos explica en qué consiste este fenómeno, afirmando que en su oficina se han llegado a registrar «hasta veintiuna incidencias» relacionadas con este tema solamente en el año 2017. En 2018, la cifra sigue una progresión similar, demostrando que «no son casos aislados» y que el problema se perpetúa. «El racismo inmobiliario consiste en la discriminación de la empresa o el particular arrendador de la vivienda hacia un inquilino extranjero o de diferente etnia o color de piel», afirma el Defensor, añadiendo que «nos llegan casos durante todo el año, pero sobre todo en estas fechas de otoño».
El ‘modus operandi’ de los discriminadores es casi siempre el mismo. Tal y como cuenta Manuel Martín, «los caseros hablan con la persona extranjera, negocian un precio y dan el visto bueno, pero cuando quedan con ellos o les piden el nombre y descubren que no son españoles o que tienen otra etnia a la suya, ponen cualquier excusa para denegarles la entrada a la vivienda».
Generalmente, los caseros o responsables del alquiler de los pisos «no admiten a cara descubierta que no les dejan entrar por ser extranjeros o de otra etnia», comenta el Defensor de la Ciudadanía, pero «les ponen excusas como que el piso está lleno» y, sin embargo, «comprobamos que es falso al preguntar después desde otro teléfono móvil o correo electrónico».No obstante, sí que existen algunos casos en los que los arrendadores afirman abiertamente que no desean a inquilinos extranjeros.
«Una cosa que me alarma es que cada vez se encuentran más anuncios de pisos ‘solo para españoles’. Nosotros hemos detectado estos casos mayoritariamente en particulares, aunque también hay inmobiliarias», afirma Martín. A fecha de 11 de octubre, encontramos en Internet el anuncio de un piso en la zona del Zaidín que especifica «no extranjeros»en su descripción.
Las personas más afectadas
De acuerdo con los datos registrados por el Defensor de la Ciudadanía, entre los colectivos más afectados se encuentran «los peruanos, los dominicanos, los senegaleses y, sobre todo, los subsaharianos y los gitanos». En muchas ocasiones, los arrendadores discriminan a estas personas «aún teniendo la nacionalidad española, papeles de residencia y contratos de trabajo».
Las inmobiliarias se defienden
Preguntando en las diferentes inmobiliarias de Granada, nos encontramos con dos casos bien distintos.Por un lado, algunas agencias niegan haberse encontrado con este problema, defendiendo que lo único que piden es «el contrato de trabajo y la nómina». Por otra parte, las agencias de alquiler de viviendas que sí se han topado con estos casos explican que «es algo aislado», pero que «puntualmente se ha llegado a dar». En ese caso, estas inmobiliarias defienden que «el propietario es el que manda» y que no quieren «hacer un trabajo que no va a fructificar porque el arrendador lo tiene muy claro». En ese sentido, explican que tratan de «esquivar el problema con diplomacia», no ofreciendo este tipo de pisos a gente extranjera. «Nunca estamos de acuerdo con que los propietarios tomen decisiones discriminatorias, pero aunque demos con el inquilino perfecto, no lo van a querer por ser extranjero, por lo que optamos por no tratar el tema ni con unos ni con otros, ya que al final también es frustane para la persona que quiere entrar a vivir».
Para Martín, «la discriminación en la vivienda tiene una gran repercusión en sus vidas, porque es una necesidad fundamental y un bien necesario». Por ello, destaca especialmente «el caso del colectivo gitano», quienes «sufren racismo tanto en los alquileres como en el resto de aspectos de la sociedad».
El protocolo de actuación
Ante estos casos, el Defensor de la Ciudadanía recomienda acudir a él o a otras organizaciones para denunciar los hechos. «Nosotros solemos mediar y hablar con los caseros o inmobiliarias. Cuando los llamamos, se ponen alerta y en la mayor parte de casos acceden, pero cuesta. Incluso con la nacionalidad española se hace difícil si tienen otro color de piel o son de otra etnia. Suelen poner como excusa presiones de los vecinos, que también se quejarían de la entrada de gente extranjera», comenta el responsable del citado órgano.
«Cuando hablamos con los arrendadores, les recordamos que la vivienda es un derecho y que el racismo no es una opinión, sino un delito. Sin embargo, muchos se acogen al derecho de admisión y a la propiedad privada para defenderse», explica el Defensor, añadiendo que «seguirán dando la cara por las personas que sufren esta discriminación», pero que «es urgente una legislación y una política pública que luche contra este problema».
