ASSOCIATED PRESS.- Trece personas que aseveraron que fueron blanco de revisiones de identidad por parte de la Policía francesa, frecuentemente acompañadas de humillaciones públicas al ser palpados, todo ello debido a su ascendencia negra o árabe, acudieron el miércoles a la corte en busca de la reparación del daño y de un cambio a los lineamientos de acción policiacos.
El caso es considerado como el primero de su tipo en Francia, donde grupos antirracistas han afirmado en repetidas ocasiones que los franceses que no son de raza blanca enfrentan discriminación generalizada, lo cual reduce sus oportunidades de encontrar empleo, ingresar a centros nocturnos o de hacerse un lugar en la corriente predominante.
Los demandantes que comparecieron en la sala de tribunal de París para el juicio de un día —pero que no pasaron al estrado— van desde estudiantes a personal de reparto. Uno es un atleta. Ninguno tiene antecedentes delictivos, pero todos afirmaron que son blanco de revisiones de identificación debido a su apariencia.
Un estudio realizado en París por la Iniciativa de Justicia Social con el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia mostró que las personas de raza negra tienen seis veces más posibilidades de ser revisados por la Policía que los blancos; mientras que los de origen árabe tienen ocho veces más.
El Departamento de Policía de Nueva York está enfrentando acusaciones similares de que agentes detienen y registran a las personas de arriba abajo con base en su raza. La Policía de Nueva York ha realizado aproximadamente cinco millones de detenciones en la última década, la mayoría de ellas a hombres negros e hispanos.
La acción jurídica francesa está respaldada por la Iniciativa de Justicia Social, la Unión de Abogados Franceses y el grupo Detengan la Etiquetación Racial, el cual dijo que el caso no tiene precedente en Francia.
«No se puede arrestar a alguien debido a que viste sudadera y camina rápido», dijo el demandante Niane Bocar, de 34 años, quien fue sujeto a revisión de identificación en noviembre de 2011 en el suburbio de Saint-Ouen en el norte de París cuando salía de su casa con sus dos hermanas menores, con una sudadera con capucha que cubría su cabeza.
Un policía lo colocó contra una pared, narró después, le mostró un arma paralizadora y lo amenazó con ella.
«En esta acción, nosotros estamos apuntando a este sistema», señaló.
Los demandantes están buscando en este caso, cada uno, una indemnización de 10.000 euros (13.000 dólares). El Estado, la parte acusada, rebate las acusaciones diciendo que ya expiró el tiempo para reclamar cualquier daño ocasionado y sostiene que las revisiones de identificación fueron legales.
