elperiodic.com. – Según la víctima, el agente le dijo que se fuera y le negó el derecho de llenar una hoja de reclamaciones.
Plataforma por la Lengua ha recibido la queja de un ciudadano que denuncia que un guardia civil lo increpó al Registro Civil de Elda para dirigirse en valenciano y ya ha presentado una reclamación a la Subdelegación del Gobierno en Alicante. La entidad quiere que se investiguen los hechos y se depuran responsabilidades y también ha pedido a la Oficina de Derechos Lingüísticos que intervenga en el caso. Los hechos pasaron el 18 de noviembre, cuando el ciudadano, que había ido a inscribir el hijo al Registro Civil, se dejó la manta del niño adentro y quiso volver a entrar al registro. En aquel momento, el agente de la puerta le dificultó la entrada alegando que no entendía el que le decía en valenciano y acusándolo de “maleducado”.
A pesar de que finalmente pudo acceder al registro, cuando salió, el mismo guardia civil lo continuó increpando y le dijo que le estaba faltando al respeto. La víctima defendió su derecho legal de expresarse en valenciano, pero el agente lo ignoró y le exigió que se fuera del Registro Civil. Ante estos hechos, el ciudadano pidió la hoja de reclamaciones y el policía lo hizo esperar mientras hacía telefoneadas diciéndole, en castellano, “espérate, que está de camino”. Después de pedir la hoja de reclamaciones hasta tres veces y de recibir la misma respuesta por parte del agente, la víctima se tuvo que ir sin conseguirlo.
El ONG del valenciano ha presentado una reclamación a la Subdelegación del Gobierno de Alicante porque considera que el guardia civil abusó de su autoridad y limitó dos derechos del ciudadano: el de expresarse en valenciano y el de presentar una reclamación. Por la entidad, la actuación del agente contradice el Estatuto de Autonomía y la Ley de uso y enseñanza del valenciano, que reconocen el uso normal y oficial de la lengua, y puede ser objeto de sanción teniendo en cuenta la Ley Orgánica 12/2007, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, y la Ley del Estatuto básico del empleado público.
Según el régimen disciplinario del cuerpo, la discriminación o el acoso por razón de lengua, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social supone una infracción muy grave. El mandato de la Constitución pide a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, y el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 2/1986 establece que los agentes tienen que respetar la ley y tienen que actuar “con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin ninguna discriminación por razón de raza, religión u opinión”.
En cuanto a la Ley del Estatuto básico del empleado público, texto refundido en el Real decreto legislativo 5/2015, prevé que los funcionarios garanticen “la atención al ciudadano en la lengua que este solicito siempre que sea oficial en el territorio”. Si bien el artículo no obliga individualmente los funcionarios estatales a saber valenciano, sí que impone a la administración el deber de organizarse para que la atención en esta lengua esté disponible. Además, en cualquier caso, ningún trabajador público no tiene derecho de exigir a un ciudadano que no hable en una lengua oficial ni puede privarlo de un servicio por esta razón.
Los policías, responsables de la mitad de las discriminaciones lingüísticas de las administraciones
Plataforma por la Lengua elabora anualmente un informe sobre las discriminaciones lingüísticas graves cometidos por las administraciones en el Estado español. En la última edición, la del 2020, el informe registró hasta 52 discriminaciones, de las cuales 25 fueron perpetradas por cuerpos policiales. Esto supone el 48,1% del total de los casos e incluye discriminaciones por parte de agentes de la Guardia Civil y el “Cuerpo Nacional de Policía”, pero también de los Mossos d’Esquadra y de las policías locales. Por el ONG del valenciano esto es preocupante porque indica que el supremacismo lingüístico castellano está particularmente naturalizado entre las fuerzas de seguridad, cuerpos armados con presunción de veracidad y con una capacidad elevada de intimidar los ciudadanos.
