EFE.- El informe sobre Derechos Humanos y Salud Mental en prisiones, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos, Prisión y Salud Mental (ODPS), ha revelado que existe un «maltrato institucional» a las personas con problemas de salud mental en las prisiones, así como que los centros penitenciarios valencianos no cuentan con recursos para atender a estas personas.
Según ha explicado este Observatorio integrado en la asociación Àmbit, de los centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana, ninguno cuenta con un médico especialista en psiquiatría para dar servicio a los presos que lo necesitan, y ningún psiquiatra ha visitado el centro Castellón I en los últimos tres años.
Sin embargo, «la adicción a las drogas es en muchas ocasiones el resultado de problemas en prisiones y, en algunas ocasiones, puede ir conectado a padecer un trastorno mental», según el informe, que sostiene que el 65 % de la población penitenciaria tiene problemas de adicción y el 40 % tiene problemas de salud mental.
Las conclusiones del informe se han presentado en un acto celebrado en la Facultad de Derecho de la Universitat de València (UV), y ha contado con la presencia del decano de la facultad, Javier Palao Gil, y la directora de Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, Encarnación Fernández, además del catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política y senador Javier de Lucas.
En el encuentro se ha afirmado que las prisiones no cuentan con recursos para atender a las personas privadas de libertad y con problemas de salud mental, «que ven sus derechos continuamente vulnerados y cuyo futuro inmediato pasa por las transferencias en materia sanitaria».
Esta coyuntura, denuncia el ODPS, se suma a «la falta de recursos de personal médico, la nula coordinación, la falta de protocolos de crisis e informatización de los historiales médicos, lo que dificulta el tratamiento».
Al respecto, han denunciado la vulneración de más de 23 artículos de derechos del ámbito estatal, europeo e internacional, y han insistido en la necesidad de disponer de unos equipos provinciales disciplinarios y la transferencia de recursos, «pero la Conselleria aún no ha asumido esta obligación de atención a la especialidad mediante la ampliación del convenio con Instituciones Penitenciarias».
El informe incide en la necesidad de destinar recursos públicos para evitar el ingreso en prisión por falta de medidas alternativas a través de personal médico especializado en salud mental.
Asimismo, se ha expuesto la importancia de que la Generalitat asuma las competencias en sanidad penitenciaria, ya que «la no transferencia a la Comunitat de las competencias en materia de salud penitenciaria y su no inclusión en la sanidad publica provocan una desatención de las personas con salud mental en las prisiones, y la imposibilidad de crear un equipo multidisciplinar dentro de las mismas».
Javier Vilalta, coordinador del informe, ha señalado que el siguiente paso para la mejora del tratamiento a estas personas es llevar el informe a las principales instituciones de derechos humanos, como la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, Consejo de Europa y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
«Queremos entender que la carencia de recursos sanitarios, la falta de atención primaria en las prisiones valencianas desde hace años es debido a una falta de comunicación, consciencia y contacto con la realidad, puesto que de lo contrario estaríamos hablando de unas acciones conscientes que causan perjuicio real a las personas judicializadas con problemas de salud mental», ha concluido Vilalta.
