El Observatorio madrileño contra la LGTBIfobia considera que el partido de Abascal incurre en un delito de odio en un mensaje publicado en redes sociales tras el debate sobre el pin parental
CARLOTA BARCALA. ABC.- El Observatorio madrileño contra la LGTBIfobia denunciará a Vox ante la Fiscalía por delitos de odio al entender que que la formación de Santiago Abascal relaciona al colectivo LGTBI con la pederastia. Así lo ha explicado Rubén López, director de la asociación, a ABC tras un mensaje publicado por Vox el sábado por la tarde en redes sociales en pleno debate por la posible aplicación del pin parental. «Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia», reza el tuit, que responde a otra publicación de Adriana Lastra.
La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, por su parte, escribió lo siguiente: «No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de toda la sociedad. Que no lo llamen libertad, es odio».
La respuesta del Observatorio no se hizo esperar. «Vincular al colectivo LGTB con pederastia es un delito», contestaron a Vox, y también pidieron que borrasen el tuit. Vox no lo ha hecho, sino que desde el Observatorio creen que la formación se ha «reafirmado». La denuncia, en que llevan trabajando desde primera hora de este lunes, será presentada ante el Ministerio Público por la tarde.
«El mensaje se sale de los parámetros aceptables del debate ideológico y político. Cuando hablan de fomentar la pederastia respondiendo al mensaje de Lastra que mencionaba la igualdad y el matrimonio entre personas del mismo sexo, hablan del pin parental y unen el colectivo LGTB a este delito. Cuando hablan de utilizar dinero público para fomentar la pederastia, nos están asociando. Hablar de eso es muy grave y, para nosotros, constituye un delito», explica Rubén López, que argumenta que la iniciativa la recoge el partido de Abascal de Hazte Oír: «Este colectivo fue el primero en hablar del pin parental y lo sacó en un principio, única y exclusivamente, para señalar a las charlas LGTB que se imparten en los colegios».
El presidente de la asociación espera que la denuncia prospere y se admita a trámite. « Ya hay condenas contundentes por tratar de unir la pederastia con el colectivo LGTB. No puede ser que volvamos a hablar como lo hacíamos hace décadas, que nos vuelvan a relacionar con delitos. La pederastia es un delito, pero ser gay o lesbiana no tiene nada que ver con eso y tratar de unirlo es tratar de decir que somos unos delincuentes por el mero hecho de ser homosexuales», opina López, quien asegura que con estos mensajes lo único que se consigue es «volver a poner en la palestra» al colectivo LGTBI y «meter el miedo en el cuerpo» a los padres si sus hijos «se acercan a los homosexuales».
Toda la polémica surge a raíz de que el Gobierno de la Comunidad de Murcia admitiese la petición de Vox de aplicar en las aulas el pin parental para llegar a un acuerdo previo para poder aprobar los presupuestos. Tras conocerlo, el Gobierno de Pedro Sánchez remitió el viernes pasado a la Consejería de Educación de la región un requerimiento para retirar las instrucciones dadas a los centros educativos para su aplicación. Si no lo hacen, acudirán a los tribunales, señaló la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La medida consiste en una solicitud de autorización expresa de los progenitores para permitir que sus hijos participen en actividades organizadas por el centro educativo, cuando tengan contenido que afecte a cuestiones morales, sexuales o de conciencia. Dichas actividades se enmarcan dentro del horario escolar, es decir, son obligatorias. Por eso, los que defienden el pin dicen que los padres tienen derecho a estar informados y poder mostrar su disconformidad razonada.
El Ministerio de Educación, por su parte, anunció en un comunicado que recurrirá a los tribunales «cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» y tachó el pin parental de «ilegal» y «objeción de conciencia encubierta» que «va en contra de la legislación española» ya que vulnera «el derecho a la educación de los estudiantes».
