ABC.- La asociación Euforia Familias Trans Aliadas ha llevado a los tribunales como presunto delito de odio el caso de Daniela, una joven transexual de 23 años que se suicidó en abril de 2022, cuyos padres decidieron enterrar en el cementerio alicantino de Aspe con su nombre anterior a la reasignación de género. Sus amigas defienden que la obligaban a someterse a terapias de conversión e incluso que la internaron en dos ocasiones en un centro psiquiátrico.
Según ha informado la televisión autonómica À Punt y ha adelantado El Salto Diario, la citada entidad ha interpuesto una denuncia contra la familia de Daniela ante la Fiscalía de los Delitos de Odio de Alicante por utilizar una foto y su nombre previo a la transición en su lápida, ubicada en el panteón familiar. «Nunca aceptaron que era una mujer trans», lamentan.
La asociación Euforia Familias Trans Aliadas ha llevado a los tribunales como presunto delito de odio el caso de Daniela, una joven transexual de 23 años que se suicidó en abril de 2022, cuyos padres decidieron enterrar en el cementerio alicantino de Aspe con su nombre anterior a la reasignación de género. Sus amigas defienden que la obligaban a someterse a terapias de conversión e incluso que la internaron en dos ocasiones en un centro psiquiátrico.
Según ha informado la televisión autonómica À Punt y ha adelantado El Salto Diario, la citada entidad ha interpuesto una denuncia contra la familia de Daniela ante la Fiscalía de los Delitos de Odio de Alicante por utilizar una foto y su nombre previo a la transición en su lápida, ubicada en el panteón familiar. «Nunca aceptaron que era una mujer trans», lamentan.
En 2017, según sostienen las denunciantes, comenzó el tratamiento especializado, situación que la enfrentó con sus padres hasta el punto de que estos perdieron su tutela y pasó unos meses en un centro de menores tutelada por la Administración pública. Cuando cumplió 18 años, comenzó una nueva vida en Madrid, donde consiguió un trabajo y solicitó el cambio de nombre en el registro. Un año después, se suicidó y fue enterrada con su necrónimo en el panteón familiar ubicado en Aspe, Alicante.
En este punto, la asociación Euforia decidió presentar una denuncia por presunto delito de odio después de que la Dirección General de Igualdad de la Generalitat Valenciana les instara a pedir responsabilidades al Ayuntamiento correspondiente. En el escrito, desglosan las posibles infracciones de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de LGTBI de la Comunidad Valenciana, por «realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar».
Asimismo, alude al supuesto quebranto de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, popularmente asociada como Ley Zerolo, que estipula como grave actos discriminatorios; además de la Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales que marca que los consistorios están obligados a enterrar en sus camposantos «sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualesquiera otras».
«Entendemos que estos hechos son un delito de odio e injurias a un colectivo protegido y por eso esperamos que la denuncia se tramite, la admita el Ministerio Fiscal y se ejerzan acciones legales contra los padres de Daniela», argumenta el abogado de la asociación Euforia, Saúl Castro, a À Punt.
