Ocho organizaciones, entre las que se encuentra Women’s Link, experta en litigios estratégicos por los derechos de las mujeres, han presentado un escrito ante diez organismos distintos de Naciones Unidas. Piden a estas instituciones que realicen una comunicación conjunta a España, Marruecos y al sector del fruto rojo para que pongan las medidas necesarias que frenen las violaciones de derechos
MARISA KOHAN. PÚBLICO.- Un total de ocho organizaciones han remitido este martes una comunicación urgente a diferentes organismos de Naciones Unidas para alertar sobre la grave vulneración de derechos que sufren las temporeras marroquíes que recogen los frutos rojos de los campos de Huelva.
La denuncia advierte que la pandemia de la covid-19 ha expuesto a estas trabajadoras a nuevas formas de explotación «debido a la falta de mano de obra por el cierre de fronteras, así como a una mayor impunidad en los casos de violencia, especialmente la violencia sexual, debido a las mayores dificultades de acceso a la sanidad y a la justicia». Esta temporada tan sólo unas 4.000 mujeres han llegado a Huelva y más de 10.000 se han quedado en Marruecos debido al cierre de fronteras por la covid-19.
Además, las organizaciones denuncian las condiciones de trabajo que están sufriendo: sin distancia de seguridad ni mascarillas, compartiendo viviendas que en ocasiones son contenedores de obra sin ventilación y con baños alejados y sin agua potable.
Estas nuevas violaciones de derechos vienen a agravar la ya tremenda vulnerabilidad y desprotección en la que se encontraba este colectivo antes de la pandemia y que se ha hecho visible en los medios de comunicación desde hace un par de años y algunos de cuyos casos fueron denunciados a los juzgados, con resultados inciertos.
Debido las diversidad de las violaciones de derechos que sufren estas temporeras, la denuncia se ha presentado ante diez organismos distintos de la organización multilateral. Ente ellos figuran los grupos de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas o el que atiende a la cuestión de trabajo y discriminación contra las mujeres y las niñas. Pero también se ha entregado a los Relatores Especiales de la ONU en materia de derechos humanos de los migrantes; a la de violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; al de derecho a la alimentación; a la que supervisa las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas de intolerancia; a la que entiende sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; al que tiene competencias sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; a el que mira por los derechos humanos al agua potable y el saneamiento y al Relator Especial sobre la vivienda adecuada y la no discriminación.
«Lo que pedimos a estos organismos es que emitan una declaración conjunta dirigida a las autoridades competentes en España y en Marruecos y a las empresas implicadas para que tomen medidas eficaces que aseguren el respeto de los derechos de las temporeras marroquíes y otras personas trabajadoras migrantes en Huelva», explica a Público Aintzane Márquez, abogada de Women’s Link Worldwide, organización que ha liderado la demanda.
Estas medidas, además, deben tener perspectiva de género, «ya que la recogida de la fresa es un sector altamente feminizado, y ser sostenibles en el tiempo, más allá de la duración del contexto provocado por la covid-19», añade Márquez.
«Las medidas y recomendaciones que emitan estos organismos pueden servir de apoyo para futuras denuncias y como una hoja de ruta para los actores involucrados para que la vuelta a la ‘normalidad’ tras la pandemia suponga un cambio hacia un modelo más justo, que ponga los derechos de las personas trabajadoras en el centro» afirma Márquez a Público.
Violación de derechos desde la contratación
Las vulneraciones de derechos que sufren estas trabajadoras no son nuevas, pero rara vez han sido detalladas con tanta precisión en un único documento, aunando los diversos ámbitos en los que se ejercen y las responsabilidades de las empresas y de los Estados que los cometen. La demanda a la ONU está basada en un minucioso trabajo de campo realizado por las organizaciones Andaira, Taraceas Cooperativa a lo largo de 2019.
Según el escrito, las irregularidades comienzan con la contratación en origen de estas temporeras, mujeres en su totalidad por petición de las organizaciones agrarias onubenses y las autoridades marroquíes. Según los criterios de contratación sólo se podrán seleccionar a mujeres casadas o viudas, con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años y con hijos menores a su cargo, para asegurar su regreso a Marruecos una vez terminada la temporada. «Estos criterios discriminatorios pretenden garantizar el retorno de las temporeras al finalizar la campaña, así como contratar a mujeres en una situación de mayor responsabilidad familiar y vulnerabilidad y, por lo tanto, con menor posibilidad de posicionamiento crítico antes futuras situaciones de abuso», explica la denuncia.
Según las organizaciones estas contrataciones en origen no sólo presentan serios déficits a la hora de garantizar la protección de los derechos de las trabajadoras, sino que van en contra de los supuestos de no discriminación de la orden ministerial que regula estas contrataciones, que exige que «ésta se desarrolle conforme a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y transparencia, facilitando que todos los candidatos conozcan con precisión las condiciones de la oferta de empleo y el ámbito geográfico y de ocupación de la correspondiente autorización de trabajo». Estos contratos vulnerarían también artículos de la Constitución Española (14 y 35.1).
Las organizaciones denuncian, que las condiciones de los contratos son «someras» o «totalmente inexistentes», en muchos casos transmitidas de forma oral y que posteriromente no coinciden con las condiciones que se encuentran las trabajadoras cuando llegan a su destino. En la mayoría de casos, los precontratos que se firman en Marruecos están escritos en francés (idioma que no hablan ni leen las temporeras) y denuncian que las temporeras no las suelen tener acceso a una copia del mismo una vez rubricado.
Estos contratos en origen, resaltan, dan a las temporeras «un permiso de trabajo y residencia vinculados a una zona geográfica, un sector de actividad y un empleador concreto, hecho que coloca a las trabajadoras en una posición de dependencia de cara a su empleador. Estos contratos ligan su permanencia legal en el territorio español y el acceso a un contrato en próximas temporadas exclusivamente de la voluntad de este último«, afirma el escrito de la denuncia. Estas condiciones incrementan la perpetración de otras violaciones de derechos, como son las de carácter sexual.
La violencia sexual, más habitual de lo que se reconoce
Las violencias que sufren estas temporeras, quedaron retratadas en un artículo publicado por una revista alemana a finales de 2018. En él, dos periodistas relataron algunas de las condiciones laborales de estas trabajadoras y los abusos sexuales que sufrían. Desde entonces diversos medios españoles se han hecho eco de esta situación y aceleraron la necesidad de atajar estas violacones de derechos en un sector reacio y negacionista a esta realidad. Desde entonces, se han producido algunos cambios, tanto legales como formales, que según las organizaciones denunciantes no han sido suficientes para atajar la vulneración de derechos.
Los cambios se concretaron en la firma de un protocolo entre empresarios, sindicatos, ONGs y Junta de Andalucía, que contempla la formación en perspectiva de género para manijeros y capataces de las explotaciones, la contratación de mediadores interculturales por parte de las ONG y de la propia patronal para hacer seguimiento de las condiciones laborales de las trabajadoras, entre otras.
También la firma de un Convenio Provincial del Campo en octubre de 2018 entre Comisiones Obreras y Asaja-Huelva, incluye por primera vez un artículo sobre «Igualdad de trato y oportunidades», que para las organizaciones denunciantes es «contradictorio con el sistema de contratación en origen con Marruecos, en el que se aplican criterios altamente discriminatorios para la selección de las trabajadoras». De la misma manera, las organizaciones critican la puesta en marcha de un protocolo para la prevención de actuaciones en casos de acoso sexual y por razón de género, por ser excesivamente tibio en en sus medidas «y tender más a buscar amortiguar la gravedad de los actos potencialmente delictivos» y que en realidad puede desincentivar la interposición de denuncias.
Tal como afirma la abogada Pastora Filigrana, los protocolos que se incluyeron en el convenio del campo para evitar la discriminación en el trabajo «son claramente insuficientes. Estos documentos les da a las empresas de la fresa un papel principal para poder iniciar un demanda, las mujeres que hayan sufrido una vulneración de sus derechos, primero tienen que iniciar un proceso dentro de la propia empresa. Y por los casos que conocemos, ésta tiene un papel clave en las vulneraciones que sufren las mujeres. Otra cosa que ha hecho la patronal con apoyo de alguna ONG es poner en marcha un servicio de atención y mediación para estas trabajadoras, pero hay que tener en cuenta que el sector parte de la idea de que estas vulneraciones no existen, por lo que la imparcialidad necesaria en cualquier proceso de mediación aquí brilla por su ausencia. Es una cuestión de parte».
Dificultad para acceder a la justicia
No es sencillo que las trabajadoras accedan al sistema de Justicia. Por un lado porque suelen estar confinadas en las fincas en las que trabajan. Pero sobre todo, porque el desconocimiento y la falta de información de las condiciones laborales que las amparan, hace prácticamente imposible que puedan reclamar.
Algo similar ocurre cuando lo que se quiere denunciar son abusos sexuales. La dificultad para interponer denuncias, la dependencia laboral al dueño de la finca y la activación del retorno anticipado en muchos de los casos, hacen de esta una tarea casi heroica.
Para poner soluciones a estas vulneraciones, las organizaciones proponen una serie de medidas. Entre ellas destacan la necesidad de modificar radicalmente las contrataciones en origen, que aseguren la «igualdad de derechos con el resto de trabajadoras y trabajadores». Exigen que se facilite a todas las trabajadoras información clara y en su propio idioma sobre los derechos laborales y de estancia, así como el contacto de las organizaciones independientes e instituciones a las que recurrir en caso de conflictos en el trabajo o situaciones de acoso o maltrato así como reforzar los mecanismos de inspección y control en materia laboral, de acoso sexual y discriminación y de alojamiento.
El problema de las trabajadoras de la fresa en la zona de Huelva no es menor. Desde la temporada 2017-2018 la cifra de temporeras contratadas en origen en Marruecos no ha dejado de crecer. En la temporada pasada este contingente superó las 19.000 mujeres. Esta temporada, debido al cierre de fronteras por el coronavirus, han llagado a Huelva unas 4.000 y otras más de 10.000 se quedaron en territorio marroquí. Una población altamente vulnerable cuyos sueldos están considerados los más bajos del sector de la agricultura intensiva y que permanecen en España durante varios meses que dura la recogida del fruto rojo.
