La Vanguardia.- Siempre que se acerca el 9 d´Octubre, la ciudad de València experimenta un doble sentimiento, el de alegría por celebrar el Día de la Comunidad Valenciana, que conmemora la victoria y la entrada de Jaume I en València en 1238, y el del temor a que se produzcan incidentes. Hubo muchos durante la transición, algunos muy graves; y en los últimos años se ha perpetuado el rito de la tensión en la procesión cívica y episodios de ataques ultras como los de 2017 a la procesión de la tarde convocada por colectivos nacionalistas. De hecho, este pasado lunes se suspendió el juicio que debía juzgar a 28 ultras que en ese año atacaron y agredieron a los participantes en la marcha.
Los sucesos señalados se pueden enmarcar en lo que el código penal tipifica como delitos de odio. De hecho, estos los delitos de odio han crecido un 55% más que hace cinco años, según datos del ministerio del Interior de 2022, y la valenciana es la quinta autonomía donde más se registran (188 de un total del 1.869). Pero un dato interesantes es que los los ideológicos se han reducido en los últimos años en España y en la Comunidad Valenciana. No así los delitos de racismo y homofobia, que representan el 70% de los hechos investigados en nuestra autonomía frente al 43% del conjunto de España.
La fiscalía de València atribuye este aumento de delitos de racismo y homofobia a dos posibles factores: «a que se denuncian más o a que se producen más, o seguramente una mezcla de las dos cosas», según la fiscal de Delitos de Odio, Susana Gisbert. No es descartable que los recursos que pone la fiscalía al alcance de las víctimas hayan permitido que agresiones que antes se callaban ahora se denuncien. No obstante Susana Gisbert afirma también que hay muchos delitos que se siguen sin denunciar y que hay colectivos como los discapacitados o los gitanos a los que aún les cuesta presentar denuncia cuando son víctimas de alguna agresión.
Anna López, doctora en Ciencias Políticas y Periodista, y una de las mayores expertas en España sobre el auge de las ultraderechas, apunta que las cifras sobre delitos de racismo y homofobia «nos permiten realizar un mejor diagnóstico de la motivación, perfil de las víctimas y autores de estos hechos que atenta contra la dignidad de las personas y permite visibilizar un delito que tan solo denuncian 1 de cada 10 víctimas, la mayoría de colectivos vulnerables que por miedo no se atreven a dar el paso».
También nos ayuda, añade, a avanzar judicialmente desde las fiscalías de delitos de odio, como en los casos de racismo en los campos de fútbol y también por motivos ideológicos perpetrados por la extrema derecha en el 9 d’octubre de 2017 cuya respuesta fue rápida y ejemplar. Fue un golpe judicial relevante contra la extrema derecha y la cierta impunidad de la que han disfrutado en la Comunidad Valenciana.
Esta investigadora concluye que «queda mucho por mejorar en la lucha contra los delitos de odio, pero judicialmente se ha visto un cambio en la Comunidad Valenciana, algo clave para desarticular a la ultraderecha. Queda todavía la pedagogía por parte de los partidos políticos, entre los que se encuentran fuerzas que todavía siguen sin condenar las agresiones que se produjeron el 9 de Octubre».
