Cómo la política fue una vez más muy por detrás de la realidad social
MARIOLA LOURIDO. CADENA SER.– El asesinato de Ana Orantes en diciembre de 1997 tuvo un gran impacto social y mediático en España que sin embargo tardó seis años en reflejarse en medidas y leyes contra la violencia de género. La política fue una vez más muy por detrás de la realidad social.
Ni los gobiernos de Felipe González hasta el año 96 ni los primeros ejecutivos de Aznar tenían entre sus prioridades la violencia contra las mujeres, considerada entonces violencia doméstica y un suceso casi familiar, muchas veces reducido a una cuestión de celos y a un crimen pasional.
El caso Ana Orantes fue un antes y un después en la forma de ver estos crímenes, aunque el proceso hasta lograr la concienciación social y política fue largo y complejo. En este cambio de mentalidad fueron claves los movimientos feministasque desde la calle empezaron a hacer ruido y a pedir medidas.
Desde la oposición, el PSOE e IU comenzaron a hacer presión sobre el gobierno del PP. Figuras como Micaela Navarro en el PSOE y Marisa Castro en IU fueron decisivas. Navarro ya llevaba varios años dando guerra con este asunto en el Senado y en la ejecutiva del PSOE, cuando en el año 2.000 Zapatero llegó a la dirección del partido y ella se convirtió en la primera secretaria de Igualdad.
Con Zapatero, el PSOE colocó en primera línea las reivindicaciones de las mujeres y situó la denuncia de la violencia de género entre las prioridades de su oposición. De hecho, en 2002 Micaela Navarro presentó la primera proposición de ley contra la violencia machista que fue rechazada por la mayoría absoluta del PP. El desinterés de los populares por el tema era tal que ningún miembro del gobierno asistió a aquel debate.
La presión política, social y mediática fue a más en los siguientes meses hasta el punto de que el ministro Zaplana tuvo que aprobar en julio de 2003, la ley que regulaba la orden de protección para mujeres maltratadas. Lo hizo tras acordarlo con la portavoz de IU, Marisa Castro. Esa es la primera medida especifica contra la violencia de genero tomada en España. Habían pasado casi 6 años desde el asesinato de Orantes. Ese mismo año 2003 empezaron a contabilizarse oficialmente las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas; la trágica estadística que acaba de llegar a los mil casos.
La victoria de Zapatero en las elecciones de 2004 supuso un gran empuje en las políticas contra el maltrato. De hecho, como había prometido, la ley contra la violencia de género fue la primera que el gobierno aprobó y que las Cortes ratificaron en octubre de ese año.
Aunque el PP le había puesto reparos, finalmente la ley salió adelante con el apoyo de todos los grupos. La aprobación de este texto y las medidas que se fueron tomando en los años siguientes dieron protección a miles de mujeres, pero no lograron frenar las devastadoras cifras de asesinadas. De media, en estos 17 años de estadísticas han sido unas 60 al año.
En abril de 2014, después de unas semanas terribles con muchas víctimas mortales, la entonces número 2 del PSOE, Elena Valenciano le propuso al gobierno de Mariano Rajoy un pacto de Estado contra la violencia de genero en el que estuvieran implicadas todas las Administraciones, la fiscalía, los jueces y las asociaciones de mujeres. La respuesta del gobierno del PP no pudo ser más desabrida.
El PP rechazó varias veces en el Congreso las iniciativas de la oposición, pero finalmente tras dos grandes manifestaciones feministas en noviembre de 2015 y el 8 de marzo de 2016, aceptó a finales de ese año la puesta en marcha de un grupo de trabajo que, tras 10 meses de trabajo, logró aprobar ese pacto de Estado con 200 medidas concretas que no se pusieron en marcha hasta después de la moción de censura que en junio de 2018 colocó en La Moncloa a Pedro Sánchez.
Ese pacto de Estado consolidó el consenso general en la lucha contra la violencia de género, que sin embargo ha sido cuestionado en los últimos meses tras la irrupción de la ultraderecha de Vox. Las asociaciones de mujeres temen que su influencia en muchos gobiernos regionales y locales pueda poner en peligro algunas de las conquistas de estos 20 años.
