EFE. LA VANGUARDIA.– La presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, reclamó hoy al Estado chileno una ley que «proteja los sitios de memoria» histórica como «medida de no repetición» de los crímenes cometidos durante la dictadura militar que encabezó el general Augusto Pinochet (1973-1990).
En una visita a la Casa Memoria José Domingo Cañas, Contreras lamentó que «a más de 40 años del golpe militar» no se haya generado una «política de protección de los sitios de memoria» como el que hoy visitó en Santiago.
La actual Casa Memoria fue un centro de «detención, tortura, desaparición y exterminio» a cargo de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) entre agosto y noviembre de 1974, agregó Contreras.
«Hay lugares (de memoria) que reciben fondos insuficientes y hay otros que no reciben ninguno. Se requiere una política de Estado que proteja con financiación permanente y no que aporte fondos para dos o tres años sin tener seguridad sobre su continuidad», explicó.
La directora de la Fundación de la Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisternas, explicó que «entre 100 y 200 personas pasaron por esta casa, de las cuales 58 permanecen en calidad de detenidas desaparecidas y hubo una ejecutada política (Lumi Videla)».
«Este lugar no ha sido debidamente protegido por el Estado de Chile. Esta siendo mantenido por personas voluntarias porque Chile no tiene políticas de memoria y tampoco tiene una ley de sitios. Por lo tanto los lugares como este están bajo la responsabilidad de las organizaciones y familiares que lo mantenemos», agregó Cisternas.
La Casa José Domingo Cañas fue demolida en 2000 al ser adquirida por un empresario y antes de poder ser declarada monumento histórico.
«Tras su destrucción ya no se pudo declarar monumento histórico pero sí como sitio de memoria. El establecimiento de este estatus no implica la manutención ni protección del lugar o de los elementos del museo, sino que solo obliga a que se destine a ese único fin», explicó Cisternas.
Desde 2009, la Fundación restauró con fondos propios parte del lugar y estableció los cimientos y delimitó las estancias en las que se encerró a las personas que permanecieron «detenidas y torturadas».
Los otros únicos elementos que se mantienen en el lugar son una palmera y la piscina, que fue usada para torturas, según los supervivientes del lugar.
«Una vez a la semana, los presos eran sacados al exterior y, aunque llevaban una venda en los ojos, por debajo lograban ver la palmera y la piscina. Para los que sobrevivieron, estos elementos son una constatación de que este es el lugar donde estuvieron, donde fueron torturados y testigos de asesinatos», aseveró Cisternas.
Hasta 2017 la Casa Memoria de José Domingo Cañas se financió con fondos propios y el año pasado logró recibir una subvención por parte del Estado, que permitió mantener el lugar abierto a visitas durante la semana.
A pesar de ello, desde la Fundación y desde el INDH reclaman una «ley» que asegure el mantenimiento de estos lugares con una financiación regular y no «insuficiente».
El pasado mes de octubre la Casa Memoria fue objeto de un acto vandálico en que se cortaron las alarmas, la electricidad y se rompió una ventana.
Cisternas afirmó que aún se desconocen los autores de los hechos, pero que esto es un síntoma de la «poca protección» a este tipo de lugares.
«Esto no solo ha pasado aquí también ha sucedido en otros espacio de memoria y el Estado no se ha hecho cargo. Si no hay políticas que lo preserven, no tenemos posibilidad de cuidarlo», concluyó Cisternas.
En Chile, durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron torturados y encarcelados.
