elDiario.es.- La medicación estaba a punto de agotarse y, como de costumbre, Alejandra se acercó a su centro de salud de la Comunidad de Madrid para pedir una cita médica con la intención de solicitar las recetas de una docena de fármacos para tratar la diabetes, insuficiencia renal, hipertensión y la pérdida de visión que padece su madre. Pero en el mostrador no encontró la respuesta de siempre: «Me dijeron que ni los datos de mi madre, ni los de mis hijos, ni los míos estaban en el sistema, nos habían dado de baja de repente y no podían darme cita. Nadie nos había llamado ni avisado», dice esta mujer guatemalteca que vive y trabaja sin papeles en España. Ahora, para renovar el alta de su familia en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), tiene que acudir a una de las nuevas unidades de tramitación creadas para gestionar los papeles sanitarios de las personas sin papeles. Y no ha conseguido cita hasta el día 28 de enero.
«No pueden atendernos y, si me pueden dan las recetas de mi madre como un favor, tengo que pagar el coste total», dice la mujer, preocupada. Es una de las personas extranjeras residentes en Madrid a las que la Consejería de Sanidad ha dado de baja en el sistema en una actualización de datos realizada en el marco de la aplicación del nuevo procedimiento para gestionar el derecho a la salud de los inmigrantes sin papeles, que conlleva la creación de siete unidades de tramitación específicas para este fin. Trece ONG temen que el nuevo sistema conlleve un aumento de la exclusión sanitaria de los ciudadanos sin papeles y advierten de que el borrado de pacientes está afectando ya a «miles de personas» y está generado la interrupción de tratamientos.
La Consejería ha reconocido que «desde mediados de octubre se ha procedido a la baja de aquellos ciudadanos que ya no estaban en situación irregular, o no residen en la Comunidad de Madrid o que no hubiesen solicitado la renovación del acceso a la asistencia como ciudadanos en situación irregular». Un cribado que, según defiende, se habría hecho tras comprobar los datos con otras administraciones y actualizar los datos mediante llamadas telefónicas a los ciudadanos interesados. Sin embargo, ONG y afectados denuncian que algunos usuarios no han sido avisados con anterioridad y se han enterado de su baja del sistema en los propios centros de salud, cuando necesitaban asistencia médica, o en la farmacia donde iban a recoger su tratamiento, como cuenta Alejandra y otros cuatro afectados cuyo testimonio ha sido recogido durante las últimas semanas por elDiario.es.
La Consejería de Sanidad defiende que estas siete unidades abiertas en el mes de octubre buscan «unificar» los criterios en la tramitación del acceso a la sanidad de los ciudadanos en situación irregular y asegura que estos centros están formados por profesionales con «formación específica en materia de aseguramiento y procedimiento administrativo» y «prevé la próxima incorporación de trabajadores sociales». Esta tarea recaía antes sobre los profesionales administrativos de los 252 centros de salud de la región, por lo que a juicio de las organizaciones sociales, este sistema va a generar una «creciente demora» para conseguir una cita y una «segregación» de los inmigrantes sin papeles y los demandantes de asilo.
Alejandra no podrá arreglar la situación sanitaria de su madre y del resto de su familia hasta el 28 de enero, la primera cita que consiguió hace unos días en la unidad de tramitación que le corresponde, el centro de Salud de Federica Montseny. Según las comprobaciones realizadas por las 13 ONG, a día 9 de diciembre la primera cita disponible en este punto de gestión corresponde al 4 de febrero. La unidad más saturada se ubica en el Centro de Salud San Andrés (Villaverde), donde no hay hueco libre hasta principios de marzo, siempre según el estudio de las organizaciones. «Está generando un cuello de botella, una barrera burocrática que supone una vulneración a la asistencia», dice el comunicado de los colectivos, entre los que se encuentran Yo Sí Sanidad Universal, Red Solidaria de Acogida, RSP Latina Carabanchel o Acción Triángulo entre otras.
«No puedo esperar»
El problema se agrava en aquellos casos de enfermedades crónicas en los que los pacientes no se pueden permitir esperar. «No puedo esperar hasta el 28 de enero. No me preocupo por mí, sino por mi madre. Necesita la insulina, las pastillas del corazón, las de los ojos…», enumera la mujer guatemalteca, que dice que le ha sido imposible regularizar aún su situación a pesar de vivir en España desde hace cuatro años y trabajar en el sector de los cuidados. Alejandra, a cargo de tres hijos y su madre, trabaja por horas y es la única persona que ingresa algo de dinero en casa en estos momentos, dado que su marido ha perdido su empleo. «No puedo pagar todas las medicinas. He tenido que elegir», cuenta la afectada. Hace unas semanas, tuvo que acudir al Dispensario Benéfico de San Antonio, que depende de la Parroquia San Antonio de los Hermanos Franciscanos Capuchinos, para conseguir varias dosis de insulina.
Este medio también ha conocido el caso de una mujer embarazada que tras cinco años en situación irregular en España fue dada de baja del sistema sanitario «sin previo aviso», según su testimonio. A pesar de ser un embarazo de riesgo, la ciudadana salvadoreña no logró conseguir una cita en las unidades de tramitación durante más de un mes, asegura la mujer y una profesional sanitaria de su centro de salud. Tampoco los pacientes con VIH han quedado a salvo de este cribado masivo en las bases de datos sanitarias. Como publicó elDiario.es, este es uno de los efectos más graves detectados por las ONG, debido a los efectos que puede tener la interrupción del tratamiento en ciudadanos seropositivos y su impacto en la salud pública.
«Tenemos constancia de interrupciones de tratamientos de terapia antirretroviral para el VIH en hospitales como Valdemoro, Torrejón o Fundación Jiménez Díaz, de la suspensión de una cirugía programada como preferente, de una mujer con cuatro costillas rotas a la que se ha dado de baja o de varias personas con medicaciones crónicas que ya no pueden acceder a su tratamiento», alertan las organizaciones, que también destacan el caso de «una madre y su hijo de 18 meses que han sido dados de baja y que tardarán semanas o meses en recuperar el derecho» debido a las demoras que, según han detectado, ya sufren las unidades de tramitación.
Posibles «demoras»
Estos siete puntos de gestión habilitados exclusivamente para personas en situación irregular deberán tramitar las altas y renovaciones de los solicitantes de asilo y de las personas sin permiso de residencia. También tendrán que hacerse cargo de «un número indeterminado» de personas sin permiso de residencia a quienes «se les ha dado tres meses de plazo para renovar la documentación», a lo que se suman las nuevas altas de ciudadanos sin papeles que han sido suspendidas del sistema «sin previo aviso» y que «descubrirán su exclusión cuando requieran asistencia en las próximas semanas o meses», alertan las ONG. Según sus datos, atribuidos a un miembro del Área de Aseguramiento de la Consejería de Sanidad, la Comunidad de Madrid ha eliminado del sistema madrileño de salud a 27.000 personas. elDiario.es ha preguntado a un portavoz del Gobierno regional sobre este dato y sobre los problemas denunciados acerca de las nuevas unidades de tramitación, pero no ha recibido respuesta.
En caso de conseguir cita, no todas las personas sin papeles podrán obtener su derecho a la asistencia sanitaria pública en las nuevas unidades de tramitación. El Real Decreto 7/2018, la normativa con la que el primer Gobierno de Pedro Sánchez aseguraba «recuperar la sanidad universal», garantiza este derecho a todas las personas sin papeles que lleven viviendo más de tres meses en España. En caso de no poder acreditar una residencia mayor de 90 días en el país, la norma introducía la posibilidad de acceder al derecho a la sanidad a través de un informe emitido por los servicios sociales autonómicos. No obstante, ni la ley ni las recomendaciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad y los gobiernos regionales especifican en qué casos aplicarlo. La falta de concreción ha dejado una serie de lagunas normativas, que permite a algunas comunidades autónomas mantener ciertos casos de exclusión sanitaria.
En la Comunidad de Madrid, la reciente unificación de requisitos ligada a las unidades de tramitación impide el acceso a la sanidad a quienes no lleven empadronados tres meses en España o carezcan de un documento en vigor, incluyendo en numerosas ocasiones a embarazadas, menores y casos de urgencias.
