LA MAREA.- “Asalto” a la valla de Melilla. “Presión migratoria”. “Mafias” que trafican con inmigrantes. “Record histórico: miles de inmigrantes intentan llegar a España desde África”. La mayoría de medios de comunicación están tratando estos días los flujos migratorios desde una perspectiva de orden público, más que como un problema humanitario. El Gobierno actúa desde el mismo punto de vista y ya ha anunciado que va a enviar 475 agentes más a Ceuta, Melilla y Algeciras.
Sin embargo, más allá de episodios concretos, los datos relativizan la cuestión: del volumen migratorio que llega a Europa, España sólo recibe un 6%. Y dentro del territorio, la población migrante desde 2008, año en que comenzó la crisis, no ha dejado de disminuir. En España hay al menos 380.000 inmigrantes menos que en 2010.
La distorsión de la percepción sobre el problema migratorio propicia la aparición de la xenofobia. Un estudio de la Fundación La Caixa el pasado marzo puso de manifiesto el aumento del sentimiento de rechazo a los inmigrantes en España.
La gente que declaraba aceptar a los inmigrantes bajó desde un 70% en 2010 hasta un 57% en 2012. El rechazo subió del 10% al 14% en el mismo periodo. No obstante, parece que el problema aún es reversible: según el CIS, sólo un 2’2 % de los españoles situaron la inmigración entre los tres principales problemas del país.
La realidad es que la población inmigrante está compensando el envejecimiento paulatino de la sociedad española. Cuando las entradas de inmigrantes eran mayores, en 2006, un informe de la Oficina Económica del Gobierno evidenció que la población extranjera fue responsable directa del fuerte crecimiento del PIB español en las últimas dos décadas. Mientras que aportaban el 6’6% de los ingresos totales a las arcas públicas, sólo absorbían el 5’4% del gasto público.
Los inmigrantes y el crecimiento económico
Otro informe de la Fundación La Caixa en 2011 confirmaba el efecto positivo de la inmigración para la economía. Para empezar, gastan menos: suponen el 12% de la población actual y son responsables de un 5’6% de la utilización de servicios públicos, especialmente de sanidad y educación.
Incluso los inmigrantes sin papeles contribuyen al sistema con el pago de impuestos indirectos y la dinamización del consumo. La mitad del superávit en las finanzas públicas en los últimos años ha sido gracias a los impuestos y las contribuciones sociales de los inmigrantes (unos 5.000 millones de euros al año en total). Aun así, el bajo uso de los servicios y su aportación a las arcas públicas no ha impedido que salgan adelante medidas abiertamente discriminatorias como el decreto que excluye a los inmigrantes sin papeles de la sanidad.
La gestión de las fronteras desde el punto de vista de la seguridad es, en gran parte, un negocio. Frontex, el organismo que se ocupa de las fronteras en la Unión Europea, está organizando junto a la Guardia Civil un encuentro en octubre en el que las grandes empresas del sector tendrán la oportunidad de presentar sus últimos avances en vigilancia de fronteras.
