La familia de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en 1977, logra por fin que el Ayuntamiento de Madrid le ponga una placa, el último día de legislatura y después de la negativa de dos comunidades de vecinos
ÍÑIGO DOMÍNGUEZ. EL PAÍS.- La muerte de Arturo Ruiz, un estudiante granadino de 19 años, asesinado por un pistolero fascista el 23 de enero de 1977 en el centro de Madrid, siempre ha tenido problemas de visibilidad. Fue el día antes de la matanza de los abogados de Atocha y quedó eclipsada por la noticia, también en la memoria de las décadas siguientes; el autor huyó con ayuda de miembros de fuerzas de seguridad y nunca ha sido localizado; la justicia declaró el caso prescrito en 2003. Ya lo último que esperaba su familia es que al menos le colocaran una placa de recuerdo, pero también ha sido un problema. Los dos edificios del lugar exacto del crimen, la esquina entre las calles Silva y Estrella, en Madrid, no han colaborado. El Ayuntamiento ha logrado esta mañana, in extremis, en el último día de la legislatura, colocar la placa en la plaza contigua, Santa María de Soledad Torres Acosta, en el único lugar en alto y visible: el respiradero del aparcamiento público subterráneo. “No hay mal que por bien no venga, la verdad es que al final queda mejor aquí”, ha dicho su hermano Manuel en un acto al que han asistido medio centenar de personas y representantes de todos los partidos del Ayuntamiento de Madrid.
Es verdad que al final puede tratarse del lugar más idóneo, esos tres conceptos simbolizan perfectamente la memoria histórica en España: aparcada, pública y subterránea. En ese gran tubo negro por donde el aire viciado sale al exterior ahora se lee un recordatorio que acaba con otros tres conceptos, pero de limpieza moral: “Aquí fue asesinado por la extrema derecha Arturo Ruiz García el día 23 de enero de 1977. Verdad, memoria y justicia”. ¿Cómo se ha llegado a esto, al tubo del garaje? Para empezar, de milagro, en el último día de la legislatura. La familia de Arturo Ruiz hubiera querido que fuera el día del aniversario, pero todos los obstáculos lo fueron posponiendo hasta hoy, y era hoy, último día de la corporación de Manuela Carmena, o quién sabe ya cuándo, con la que parece que viene. “Esta placa se coloca en los minutos de descuento. Y están entrando grupos políticos en las instituciones que lo primero que quieren hacer es eliminar la memoria histórica”, advirtió Manuel Ruiz en su breve discurso. Recordó que el único detenido por la muerte de su hermano quedó en libertad gracias a la ley de amnistía que él reclamaba el día que se manifestaba y lo mataron. Concluyó que aún no se ha hecho justicia y que «no deberían prescribir los crímenes de lesa humanidad».
La primera comunidad de vecinos, calle Silva 23, se dividió en la votación y al final denegó el permiso porque tenían miedo a actos vandálicos. Que les pintaran la fachada, tener que limpiar. El Ayuntamiento garantizó luego que correría con los gastos de posibles reparaciones, pero ya no se volvió a votar. Al final no quisieron líos. “Es triste, sí, pero al final fue lo que se decidió. Yo voté que sí. Soy de Logroño, mi padre trabajaba en la torre donde ETA hizo un atentado en 2001, soy consciente de lo que significa la memoria de las víctimas. Pero aquí no hubo una discusión ideológica, los que votaron [en contra] era más bien porque no querían problemas”, cuenta Jaime, de 30 años, que era entonces presidente de la junta. Ningún vecino vivía allí cuando ocurrió, llegaron luego.
En el edificio de enfrente, calle Silva 25, la presidenta se remitió al administrador. Por correo electrónico, según fuentes municipales, respondió escuetamente de forma burocrática: que tendrían que convocar una junta, y que no iban a celebrar una solo para eso, sino que la harían cuando tocara, y no sabían cuándo sería. Pero Javier, vicepresidente de la comunidad, confiesa que se entera ahora de la cuestión por el periodista: «Pero no me extraña que pasara eso. Es un edificio donde la mayoría son alquileres, y es complicado hacer reuniones, muchos propietarios viven fuera, es más por la complejidad de tomar decisiones que por otra cosa, no hay nada de ideas políticas, para nada, y yo creo que la mayoría estaría a favor».
El escrúpulo en no tomar partido, el desinterés, las molestias de orden práctico, o que en ese momento viene mal, componen una buena muestra a pequeña escala de cómo contempla el pasado esa comunidad de vecinos más grande, el propio país. No meterse en política, como Franco. Sería interesante, como radiografía sociológica, indagar por qué cada vecindario que dice que no a una placa dice que no, como cuando decide si pone o no el ascensor. «No es un caso aislado, no es la primera vez, probablemente es independiente del contenido de la placa, aunque en general ha habido más negativas a las placas de la memoria histórica que, por ejemplo, a las de víctimas del terrorismo», explica Txema Urkijo, responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid. Otros casos: las negativas de vecinos de Madrid a las placas propuestas en memoria del general republicano Vicente Rojo; de Rafael Henche de la Plata, último alcalde socialista del Madrid republicano; y Julián Grimau, dirigente comunista fusilado durante la dictadura en 1963. En el caso de Arturo Ruiz, de 19 años, estudiante, también anónimos vecinos se han negado. “Sí, esto es síntoma de algo, incomoda de alguna manera”, admite Urkijo. Pero al menos esta vez la memoria oculta y estancada, ese aire de habitación cerrada, ha encontrado una salida por la placa del respiradero.
