EUROPA PRESS.- CSIF ha denunciado casos de discriminación sufridos presuntamente por algunas trabajadoras con discapacidad en la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa), dedicada a la recogida de basuras en el municipio madrileño, algo que niegan desde la propia empresa pública.
En este sentido, el sindicato se ha referido a que, en general, existen «varias sentencias en contra (de la empresa pública) por despido improcedente de diferentes trabajadoras», pero ha destacado especialmente casos como el de «una mujer inmigrante y con una discapacidad del 33 por ciento que ha tenido que ser readmitida recientemente».
«La trabajadora fue despedida cuando se encontraba de baja. Al reincorporarse, la empresa realizó un informe en el que se la declaraba no apta para el puesto que estaba desempeñando con el fin de rebajarle las condiciones laborales», han asegurado, al tiempo que apuntan a que esto derivó en su reubicación.
Por ello, CSIF ha vuelto a denunciar la situación ante los Tribunales, solicitado al Juzgado la anulación de la decisión del cambio del puesto de trabajo por parte de Esmasa, al tratarse «de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo».
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En la ampliación de la demanda presentada señalan que la trabajadora, en su nuevo puesto, «tiene que realizar unas funciones radicalmente opuestas a las que venía desempeñando», y que «las retribuciones de la misma se han visto reducidas considerablemente, y se ha alterado su jornada».
Por todos estos motivos, el sindicato considera que es una situación «del todo inaceptable», ya sea en una empresa pública como privada, indicando que además «no es el único» caso conocido. «Se ha de garantizar los derechos de todas las trabajadoras», y en el caso de aquellas que «padecen una discapacidad, deberían estar protegidas de manera especial contra los posibles abusos laborales», han sentenciado.
TRIBUNALES
Sin embargo, desde Esmasa, el director general de servicios a la ciudad, Santiago Anes, ha negado que exista ningún tipo de discriminación y ha reivindicado que se han seguido todos los procesos legales.
En este sentido, ha dicho que cuando entró a ocupar su cargo en la empresa pública, en agosto de 2019, se encontró con una tasa de absentismo del 18 por ciento, «altísima e insoportable» para cualquiera, ya sea pública o privada, lo que, apunta, les llevó a analizar las causas.
La primera, que entendieron pudiera estar relacionada con las condiciones de trabajo, la solventaron, dice, con la introducción de nuevos medios mecánicos (barredoras, volquetes) tras realizar una «gran inversión» a lo largo de esta legislatura.
La segunda tenía que ver con las circunstancias propias de cada trabajador. Por eso, «se hizo una evaluación de todos los puestos, de todos los riesgos», y se encargó una investigación privada de la que «salieron cuatro casos que eran muy duros», que acabaron en despido, ha señalado.
Uno de ellos es una de las personas que menciona el CSIF. «Nosotros perdimos el primer juicio, no lo recurrimos porque entendíamos que había una situación excepcional, por lo que se la readmitió», ha indicado el responsable, que aclara que sí se recurrió en otros casos, «que ha ganado en el Tribunal Supremo».
Tras la readmisión, se manda un Servicio de Prevención Ajeno que, con los informes que le aporta el propio trabajador, determina si la persona es apta o no para continuar en ese puesto. En el caso mencionado, cuenta Santiago Anés, no se consideró apta en ese momento para seguir ejerciendo ese tipo de trabajo.
«Y yo tengo que tomar una decisión. La ley me dice que lo despida o le reubique en un puesto. Nosotros por una praxis, yo creo buena, de la empresa, no despedimos a la gente, sino que le damos una opción de reubicarles en otro trabajo», ha dicho, añadiendo que al trasladarlos también se reajusta el ingreso en relación al nuevo puesto que se ocupa, «por una cuestión de justicia retributiva en la propia empresa».
No obstante, insiste el director general, hay nuevo juicio en septiembre «de uno de estos casos que menciona el CSIF», aclarando que desde Esmasa se hará lo diga el juez. «Pero yo como funcionario público lo que no voy a hacer es tomar una decisión de la que podría ser acusado de malversación de fondos públicos o de prevaricación», ha afirmado, añadiendo que es «defensor de lo público, pero la defensa de lo público pasa porque se actúe con rigor seriedad».
De cualquier modo, desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA-COCEMFE) están «al corriente de estos casos», según han contado desde el sindicato CSIF, y ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alcorcón para pedir explicaciones y reclamar «que cesen este tipo de comportamientos en Esmasa».
