El País.- Dirigentes políticos de la región cuestionan el genocidio de Srebrenica. Un fiscal de La Haya reclama una regulación para castigar el elogio a quienes ordenaron y ejecutaron la masacre.
Casi 26 años después del genocidio de Srebrenica, perpetrado en julio de 1995 en dicha ciudad bosnia, la negación del asesinato de unos 8.000 hombres y menores bosniacos (bosnios de religión musulmana) a manos del Ejército serbobosnio, así como la glorificación de criminales convictos de la guerra de los Balcanes (1991-2001), gana peso entre algunos de los mandatarios más prominentes de la región. Dirigentes políticos en Serbia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro rechazan que en Srebrenica tuviera lugar un exterminio.
Y ello a pesar de que el genocidio ha sido demostrado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), que ha juzgado a sus principales responsables, y de que fue ratificado en 2007 por el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. La Comisión Europea condena la deriva de estos líderes, que les aleja de una posible adhesión a la UE. Esa conducta inquieta también a Serge Brammertz, fiscal jefe del Mecanismo Residual —el tribunal al que se le encargaron los flecos de los juicios balcánicos tras el cierre del TPIY en 2017—, que alerta de los peligros de un revisionismo que compromete la paz y la reconciliación en la zona.
En pleno debate sobre esa reinterpretación de la historia, este martes está previsto que se conozca el fallo de apelación en el caso de Ratko Mladic. El exgeneral serbobosnio fue condenado a cadena perpetua por haber ejecutado las órdenes de exterminar a todos los hombres y adolescentes musulmanes de Srebrenica, que le dio su jefe político, Radovan Karadzic, con el objetivo de lograr una Gran Serbia libre de otras etnias. Este último cumple ya esa pena en una cárcel británica de la isla de Wight.
En marzo pasado, Vladimir Leposavic, ministro de Justicia de Montenegro, señaló que “el genocidio de Srebrenica no se ha probado de forma creíble”, lo que provocó la reacción inmediata de la Comisión Europea. Sus portavoces recordaron que la UE “rechaza y condena la negación, relativización o mala interpretación del genocidio de Srebrenica, uno de los capítulos más negros de la historia moderna de Europa”. La repulsa añadía que cualquier país que aspire a unirse a la UE, “debe cumplir con los valores de democracia, derechos humanos, tolerancia y justicia, y ello incluye respetar a las víctimas de genocidio”.
Para el fiscal Serge Brammertz, que lleva 13 años en el cargo y ha recorrido los Balcanes, negar un genocidio es la última fase de ese crimen y golpea de nuevo a los supervivientes. En su opinión, “la glorificación de los criminales de guerra se produce en todas las comunidades de la región”, y ello entorpece la búsqueda de restos de las cerca de 8.000 víctimas de Srebrenica, enterrados en fosas comunes y trasladados en 1995 con excavadoras a otros lugares para borrar huellas. “Hay familias forzadas a exhumar a sus hijos, padres o abuelos a trozos, porque así van apareciendo, y sus heridas siguen abiertas”, según afirmó, este viernes, en un encuentro con la prensa extranjera en La Haya, la ciudad que alberga la sede del Mecanismo Residual. El hecho de que se haya puesto en Serbia el nombre de Karadzic a una residencia de estudiantes, y el de Mladic a una asociación de veteranos, le parece “irresponsable y significativo, y no cambiará hasta que haya políticos que acepten las sentencias de las cortes internacionales”, dice.
Una “población emblemática”
La primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, figura entre la avanzadilla de los negacionistas. Ella califica lo ocurrido en Srebrenica de “masacre”, pero considera que no hubo genocidio “porque no se aniquiló a todos los musulmanes bosnios de Srebrenica; las mujeres y los niños sobrevivieron”. Así lo afirmó en 2018, durante una entrevista del programa Conflict Zone, emitido por la cadena televisiva alemana Deutsche Welle. Brnabic añadió entonces que “no se puede echar la culpa de lo ocurrido a Serbia, que ya entregó a los principales responsables”. Los jueces del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia constataron en 2004 que “el ejército serbobosnio cometió genocidio porque buscó eliminar a los 40.000 musulmanes bosnios de Srebrenica, que eran una población emblemática de su grupo”.
Según Brammertz, hay criminales convictos en los Balcanes que han recuperado sus cargos. Otros son reclamados por Serbia, Croacia, Bosnia Herzegovina o Kosovo, pero no son extraditados entre estos países y siguen libres. “Si robas una bici, tienes antecedentes penales, pero si has sido un criminal de guerra puedes presentarte a unas elecciones”, indica, al tiempo que pide una legislación que impida su glorificación. También reclama el apoyo de la comunidad internacional preguntándose si los políticos que niegan el genocidio “son interlocutores razonables”. Por otra parte, y dado que todas las comunidades de los Balcanes sufrieron en la guerra, le parece “frustrante que la historia se cuente de forma distinta en cada una de ellas, cuando hay 90 personas condenadas [no solo por Srebrenica] cuyos crímenes fueron demostrados y los casos se pueden consultar en los archivos del tribunal”.
Entre los negacionistas más activos señalados por el fiscal figura Milorad Dodik, líder de la República Srpska -la entidad serbia de Bosnia-, que ha recurrido a una suerte de broma para descalificar a la justicia internacional. En 2018, dijo en Bosnia Herzegovina que “los musulmanes de Bosnia no tenían un mito y se inventaron el genocidio de Srebrenica”. Después, consiguió que la Asamblea de la entidad (equivalente al Parlamento) anulase el informe publicado por la misma en 2004 y que reconocía el genocidio. En su lugar, ha propuesto una nueva investigación sobre los sufrimientos de todos los pueblos de la región de Srebrenica entre 1992-1995, durante la guerra de Bosnia.
