Infobae.- Este año al menos siete mujeres trans han sido asesinadas en Perú en un contexto de violencia en ascenso contra personas LGTBIQ+. El primer transfeminicidio tuvo lugar el 20 de enero en la región La Libertad. La víctima fue Erika Quintana Ávalos, de tan solo 20 años de edad. Dos días después, en Arequipa, un crimen del mismo tipo finalizó con la vida de Ale Castillo Limache (22).
El 12 y 13 de febrero, en Lima, asesinaron a Priscila Aguado Huatuco (30) y a Ruby Ferrer (30), respectivamente. Luego, se registró el crimen de Cataleya en Amazonas y, seguidamente, el 17 de febrero asesinaron a Camila Sanchez (20) en Lambayeque.
La primera encuesta virtual para personas LGTBI en Perú (INEI, 2017) evidenció la violencia a la que está expuesta este grupo de personas, aunque la opacidad estadística impide conocer la real magnitud e impacto de los delitos de odio. El 63% de personas encuestadas declaró haber sido víctima de algún tipo de violencia y discriminación, principalmente en espacios públicos y educativos.
Asimismo, el 56,5% señaló sentir temor de expresar su orientación sexual o identidad de género, principalmente por el miedo a ser objeto de agresión o discriminación.
Esta discriminación y odio que culmina con muertes no es enfrentada adecuadamente para ser erradicada, por el contrario, se tolera e invisibiliza, según denuncia Aministía Internacional, en días previos al Día Internacional del Orgullo, que se conmemora el 28 de junio.
Por ello, la entidad demanda políticas concretas para prevenir y sancionar los delitos de odio.
En los últimos años, desde discursos estigmatizantes de autoridades, y la negación del derecho a la identidad de género y al matrimonio igualitario por proyectos de ley que no avanzan por agendas de grupos conservadores y antiderechos, el Estado peruano en lugar de garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+, alimenta el círculo de violencia y precariedad que enfrentan a diario.
“Lamentablemente no vemos voluntad política para garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+ en Perú, y por el contrario, se mantiene un status quo que tolera la violencia y discriminación en todos los ámbitos: educativo, laboral, familiar, sanitario. Por eso, desde Amnistía Internacional invocamos a las autoridades a impulsar normativas a favor de la igualdad de derechos, concretando el matrimonio igualitario, y una ley de identidad de género fundamental para el acceso a derechos de las personas trans”, manifestó Alana Viera, activista de Amnistía Internacional en Trujillo.
