ANITA PEÑA SAAVEDRA. EL MOSTRADOR.- En 2008, María Pía Castro tenía 19 años cuando fue encontrada calcinada en Limache. Hasta hoy no hay ningún culpable por su asesinato. Su caso, lamentablemente, se cerró hace diez años. En 2016, un hombre secuestró y asesinó a Nicole Saavedra, de 23 años, quien fue encontrada días después con signos de tortura y violencia sexual. Un año después, en San Felipe, Susana Sanhueza de 22 años también fue asesinada. Ese mismo año en agosto, la DJ Anna Cook fue violada, estrangulada y golpeada. Pero su muerte fue catalogada por sobredosis. Todas ellas tienen en común haber sido lesbianas y que en sus muertes existe un manto de silencio e impunidad, como en otros asesinatos motivados por el odio y que aún no encuentran justicia.
Sin embargo, pese a la crueldad en la ejecución de estos delitos, no fue hasta este año, con la reciente publicación de la nueva tipificación de femicidio que asesinatos como estos podrán ser contabilizados como crímenes por razones de género. Pero la violencia en contra de las lesbianas siempre ha estado desprovista de la protección legal mínima. Y se siguen desoyendo recomendaciones internacionales, que los órganos de vigilancia de los tratados como Belém Do Para y la CIDH ha venido dando en torno a la debida diligencia de los delitos en contra de las mujeres.
Sumado a lo anterior, existe un vacío legal respecto a los delitos específicos que sufren las lesbianas por el hecho de serlo, como es la violación correctiva, un tipo de violencia sexual que tiene finalidad “corregir” su orientación sexual, por medio de la intimidación, sometiéndolas a un acto sexual sin consentimiento. En Chile, no existen cifras sobre este delito en específico, ya que quedan registradas en el ámbito general del delito de violación, definido en el nº1 del artículo 361 del Código Penal, lo que provoca invisibilización y desprotección a estas víctimas. Al no haber registros o estadísticas, el Estado se excusa en desconocer el problema y no promueve políticas públicas para erradicar este tipo de violencia, ni tampoco son materias a trabajar en la agenda del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Esto es gravísimo, si consideramos que la violencia sexual y los hostigamientos a las mujeres por su orientación sexual son una experiencia común en nosotras. El último reporte de derechos humanos del MOVILH mostró que las denuncias por homofobia y transfobia aumentaron en un 58% el año 2019. De los 1103 casos reportados, el 14,4% correspondió a violencia hacia las lesbianas. Otro estudio de Rompiendo el Silencio, realizado a 450 lesbianas y bisexuales en 2018, reveló que el 70% señaló haber sido acosada por su orientación sexual. El desincentivo a la denuncia también se sustenta por la nula respuesta y acogida de la institucionalidad pública y los riesgos que tiene develar agresiones que, por lo demás, en la mayoría de los casos quedan en la impunidad.
Este nuevo Día Nacional de la Visibilidad Lésbica enfrenta enormes desafíos que están cruzados por el reconocimiento y la justicia a los crímenes de lesbo-odio. Los compromisos de Estado, y en particular el rol del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, debe ser activo en promover una cultura del respeto por la diversidad. Sin embargo, las políticas de género insisten en negar esta realidad y, más aún, el procedimiento jurídico de las causas de lesbo-odio reprochan nuestra existencia.
