Un total de 21 personas fueron investigadas en un año por este tipo de agresiones, en su mayoría por racismo o ideología
ANA LUCAS. LA OPINIÓN.- Al denunciar, «es importante no omitir palabras concretas que hayan proferido y aportar fotos de los insultos si han sido llevados a cabo de manera electrónica», subraya la Policía.
«¿De qué nacionalidad es?» Se trata de una de las preguntas más recurrentes en los comentarios de Facebook de alguna noticia sobre asesinos o violadores, como si el origen del sospechoso afectase en el delito del que se le acusa. «Indignarse más con un delincuente que con otro dependiendo de si es marroquí o español denota simplemente racismo», apuntan expertos en delitos de odio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Aunque las estadísticas dicen que han bajado, desde los citados Cuerpos alertan de un repunte de los delitos de odio en la Región, que tienen su caldo de cultivo perfecto en redes. Pero, si no se denuncian, no queda constancia.
Con los datos en la mano (último informe sobre delitos de odio publicado por el Ministerio del Interior, y que ofrece datos de 2018), en la provincia hubo ese año 21 personas investigadas y detenidas por cometer delitos de odio. Hechos detectados, hubo 22 (30 en 2017, apunta el Ministerio), la mayoría de ellos relacionados con el racismo y la ideología. En el conjunto de España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron en 2018 un total de 1.598. delitos de odio, precisa Interior.
«Ante insultos de tipo racista, xenófobo u de otro tipo que se pueda sufrir, recomendamos que se denuncie cuanto antes»,. subraya Javier Monje, secretario general de Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región.
«Es importante no omitir palabras concretas que hayan proferido y aportar fotografías de los insultos si han sido llevados a cabo de manera electrónica», indica.
Recuerda que «el SUP, ya en el año 2017, realizaba una solicitud a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que se instaba a encabezar la iniciativa legislativa necesaria para que sea aprobada una ley integral contra la discriminación y los delitos de odio, que facilite la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dotándoles de los recursos humanos y medios materiales, logísticos y de formación necesarios para dar una mejor respuesta a este tipo de hechos delictivos».
«En el SUP, somos conscientes de la necesidad de una respuesta más allá del trámite policial, y por eso pedimos una mayor y más especializada atención para la víctimas de este tipo de comportamientos, incidiendo en el ámbito de la formación específica y en la asignación de efectivos para la configuración de un área dedicada a esta especialidad», explica Monje, que deja claro que «en una sociedad avanzada son intolerable este tipo de conductas que merecen no sólo el máximo reproche social, sino que deben ser castigadas de acuerdo con nuestro Código Penal».
Por su parte, el abogado murciano José Manuel Hernández Benavente apostilla que «con la llegada de las nuevas tecnologías y las finas líneas que existen entre la libertad de expresión y determinadas apologías delictivas, es nuestro deber como operadores jurídicos que el ciudadano de a pie o que nuestros políticos conozcan esta figura delictiva para no caer en ella, pues, en la mayoría de ocasiones y pensando en ampararnos bajo el cobijo del derecho a la libertad de expresión podemos expresarnos sin cautela, prudencia o respeto, cometiendo este tipo de delito».
El letrado es consciente de que «en mas ocasiones de las que deberían se sobrepasan los límites de la libertad de expresión, sobre todo en redes sociales, dando lugar a una trascendencia pública y convirtiéndose en delitos de odio, o amenazas a determinados grupos por razón étnica o religiosa».
«Debemos cuidar estos límites y tener presente las consecuencias, pues la falsa seguridad de estar en casa, al otro lado de un ordenador y bajo un pseudónimo o avatar, no nos exime de impunidad penal», asevera al respecto.
Por otro lado, Juan Guirado, portavoz de la asociación Convivir Sin Racismo, destaca que «durante este último año la polarización política durante las sucesivas campañas electorales ha servido de altavoz para difundir mensajes contra la población de origen extranjera, especialmente contra los menores que viven solos en España, por el partido político Vox en sus páginas y redes oficiales, trasladando un discurso de odio y rechazo hacia los inmigrantes y contaminando el debate público a través de mentiras sobre supuestos privilegios en ayudas sociales y de gasto público. «Para Convivir Sin Racism,o estos comportamientos alientan el rechazo y fomentan comportamientos violentos como han sido las amenazas y ataques a los centros de menores no acompañados en nuestra Región y la aparición de carteles contra el colectivo LGTBI», asevera Guirado.
Incremento de acoso y amenazas
Apostilla que también «se ha registrado un incremento en el número de casos atendidos por comportamientos de acoso, amenazas y agresiones verbales por razón de su origen, tanto en la vía púbica como en centros de trabajo especialmente en la agricultura y el servicio doméstico donde varias personas atendidas por nuestra organización en el último año ha llegado incluso a abandonar su trabajo por miedo».
«Lo que más nos preocupa es que buena parte de estos delitos no quedan registrados, es una constante el miedo a denunciar este tipo de delitos ya que no perciben que se les vaya a proteger de una situación de racismo y discriminación pues no confían que existan mecanismos que garanticen que estos actos no queden impunes», lamenta, al tiempo que incide en la necesidad de «trabajar activamente en el ámbito de la convivencia y la diversidad, fomentando entre otras cosas, el encuentro, el conocimiento mutuo y la interacción positiva».
A juicio de la decana del Colegio de Psicólogos de Murcia, Mª José Catalán, «detrás de la psicología del odio encontramos cuestiones relacionadas con la identidad y el miedo, identificándose actualmente la radicalización de las personas con la teoría de la búsqueda de significación que indica que las personas se radicalizan porque necesitan sentirse importantes y respetadas apoyando una causa significativa, además les crean un sentido de propósito a través de convicciones ideológicas que se convierten en absolutos morales, siendo lo no compartido considerado inferior por lo que se consolida la intolerancia».
«A todo ello contribuye la propagación de miedos a perder privilegios personales o del entorno social y cultural de pertenencia, como pueden ser las derivadas de los cambios demográficos, las migraciones…», apostilla.
Precisa la experta que «algunos autores han llegado a identificar el odio como una máscara que cubre las inseguridades, los miedos y las amenazas que pueden sentir hacia lo diferente, o que incluso, en cierta medida, se encuentra dentro de ellos mismos».
